Nora Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle, cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo, también apoyaron la consulta popular.
Una consulta en la provincia argentina de Misiones, en la triple frontera con Paraguay y Brasil, rechaza con un 97% la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas y entregar a las multinacionales el control del territorio
El Gobierno les negó su derecho a decidir, así que ellos decidieron organizarse por su cuenta. Medio centenar de organizaciones sociales de la provincia argentina de Misiones, en la Triple Frontera con Brasil y Paraguay, convocaron a los 1,2 millones de misioneros a pronunciarse sobre la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en la provincia. El resultado de la consulta popular, que tuvo lugar entre el 20 y el 26 de octubre, fue rotundo: cerca del 97% de los votantes expresaron su rechazo a las presas.
Los integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas repartieron cerca de mil urnas por toda la provincia; las urnas móviles llegaron a los barrios más recónditos. La votación, popular y no vinculante, reclamaba el derecho de la población misionera a decidir sobre el futuro de la provincia, e instaba a cumplir la Ley Provincial nº 56, por la que, en 2011, el Gobierno provincial se comprometió a realizar un plebiscito antes de construir una nueva presa. Esa consulta no se ha convocado, a pesar de que avanza el proceso para la construcción de los embalses de Garabí-Panambí sobre el río Uruguay, en la frontera con Brasil. También avanzan los planes del Gobierno para construir sobre el río Paraná, en la frontera con Paraguay, la presa de Corpus Christi, pese a que en 1996, el 90% de los votantes misioneros convocados en plebiscito la rechazó; de ese contundente resultado surgió una ley que prohíbe la construcción de la presa. Así que el interrogante que pende sobre los misioneros es, ¿de qué sirve la ley cuando contraría los intereses de los poderosos?
"Garabí-Panambí beneficiará a las corporaciones brasileñas de la construcción", asegura Eduardo Luján, uno de los militantes fundadores de la Mesa. En su opinión, el interés en Corpus es más complejo: responde a la necesidad de hacer navegable el río Paraná, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), diseñada para hacer más competitivo el transporte de mercancías destinadas a la exportación.
"Les arrebataron sus tierras. Hoy viven en barrios con tasas de paro que rondan el 80%"
Las nuevas presas llegan con la promesa de empleo y progreso, y bajo la amenaza recurrente del apagón energético; pero en Misiones esos argumentos ya no consiguen adeptos. Tienen la experiencia de la central hidroeléctrica de Yacyretá, cuya construcción se inició en 1983. Treinta años después, más de mil personas afectadas por las inundaciones siguen esperando una indemnización. Miles de familias fueron desplazadas y perdieron sus fuentes de subsistencia: vivían del río, como pescadores, oleros ─fabricantes de ladrillos─ o lavanderas; hoy subsisten con las políticas asistencialistas del Estado. "Les arrebataron sus tierras, y con ello se rompieron las redes de solidaridad vecinales: hoy viven en barrios carenciados con tasas de desempleo que rondan el 80%", sostiene Gabriela Melot, docente e integrante de la Mesa. "El eje es la lucha por el territorio: el sueño de legar a los hijos esas historias, esos lazos comunitarios que están inscritos en la tierra", recuerda Sergio Alvez, responsable de comunicación de la Mesa.
En Posadas, la capital de Misiones, creen que las presas les arrebataron también el poder disfrutar del río, y que eso no lo compensa el mastodóntico paseo litoral que acaba de construir el Estado. Algunos recuerdan, incluso, que su dieta ha cambiado porque hay menos pescado y que la llegada de mano de obra extranjera ha fomentado la prostitución. Pero la palabra más repetida es desarraigo. En Puerto Azara, una de las localidades que serían inundadas si sale adelante el proyecto de Garabí-Panambí, los lugareños ya afrontan una situación de total incertidumbre y denuncian que las autoridades no dan información. Fue aquí donde nació, hace unos seis años, el germen de lo que después sería la Mesa Provincial, de la mano de María Alvez, una mujer que decidió pelear para no repetir la historia de desplazamiento que vivieron sus padres. Porque, como señala una desplazada por Yacyretá, "¿Quién me paga el desarraigo, el dolor del alma? Eso no tiene precio".
Hoy, la Mesa Provincial No a las Represas está formada por medio centenar de organizaciones de muy diversa índole: sindicatos, grupos religiosos, asociaciones de docentes, pueblos indígenas. Esa diversidad constituye, en sí misma, una prueba de lo que corroboró la consulta: que la amplísima mayoría de los misioneros no quieren megapresas en la zona.
"¿Energía o alimentos?"
No faltan razones para rechazar estas construcciones: la injusticia de las familias desplazadas, la pérdida de las economías locales, los impactos ambientales en una de las regiones más biodiversas del planeta. "La Organización Mundial de la Salud dice que las presas en zonas tropicales y subtropicales son una bomba de tiempo ambiental", explica Nora Dedieu, miembro de la Mesa y delegada del sindicato ATE. Este sindicato, cuenta Nora, entendió que "sin territorio, mal vamos a pelear por el trabajo". El avance del pino y otros monocultivos y los embalses que ya están funcionando han reducido al mínimo las tierras fértiles destinadas al cultivo de alimentos. Porque en la provincia de Misiones, ese paraíso natural que alberga las célebres Cataratas del Iguazú, donde la tierra es de un color rojo rubí que se confunde con el verde intenso de la selva, hace tiempo que la industria forestal compite por el territorio con la agricultura.
En ese contexto, muchos activistas de la Mesa saben que es necesario avanzar más allá del rechazo y visibilizar alternativas. Han trabajado junto con organizaciones ecologistas y expertos en la elaboración del documento Escenarios energéticos 2030. Aportes para un debate nacional, en el que apuestan por la biomasa, las turbinas en saltos de agua ─sin represar─ y las energías eólicas y fotovoltaica. Pero van más allá: "No es posible funcionar sólo con este tipo de energías alternativas dentro de este modelo productivo; pero muy distinto sería si apostamos por un proyecto diferente, como la agroecología. Debemos reivindicar lo pequeño: las iniciativas locales de producción y energía alternativa; hay que ser coherentes: no podemos plantear las energías alternativas si seguimos con este modelo consumista", afirma el activista y fotógrafo Rulo Bregagnolo.
Los desafíos
Les sobran los motivos y los argumentos legales, pero la asimetría de fuerzas es brutal: de un lado, organizaciones sociales invisibilizadas por la mayoría de los medios de comunicación; del otro, los gobiernos nacional y provincial y las poderosas multinacionales de la construcción y la energía. Y sin embargo, consiguieron convocar a 120.000 misioneros para votar en urnas de cartón; una reivindicación de transparencia y participación; un grito por una democracia verdadera que les permita escoger qué futuro quieren para su territorio.
Cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB
En el contexto de esa lucha, saben que necesitan tejer alianzas no sólo con otros movimientos contra las presas de la zona ─como el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, en sus siglas en portugués) de Brasil y colectivos como el paraguayo Sobrevivencia─, sino también con otras resistencias al modelo extractivista: la megaminería a cielo abierto, el agronegocio, el fracking. Las grandes centrales hidroeléctricas, afirman, están estrechamente vinculadas a las necesidades de energía abundante y barata de esas industrias extractivas. Así lo expresó en Posadas el exministro de Medio Ambiente paraguayo y asesor de Sobrevivencia, Óscar Rivas: "Nos arrebataron la administración de lo colectivo, las decisiones sobre el patrimonio común; quisieron privatizar la política". Esta nueva militancia socioambiental pone los límites y exige un control democrático y comunitario de los bienes comunes, y se pregunta, ¿energía para qué y para quién?
La privatización del agua, la tierra, los ríos se argumenta con dos palabras recurrentes: desarrollo y progreso. Pero cada vez más voces cuestionan en América Latina esa idea de desarrollo que vincula el bienestar al crecimiento del PIB. Así lo sustenta Eduardo Luján: "¿De qué desarrollo hablamos? ¿Consumismo desenfrenado o desarrollo social y cultural? ¿Hay algo más ridículo que reventar montañas y envenenar millones de litros de agua para sacar oro que luego se guardará en bóvedas bajo tierra en la otra esquina del mundo? ¿Es eso progreso? ¿O deberíamos poner la tecnología al servicio de la gente y de su calidad de vida, para mejorar las condiciones laborales y vivir en un entorno ambiental limpio?"
A sus casi 80 años, el médico misionero Juan Yadhian tiene certeza de que el ser humano se perdió "cuando se quebró nuestra conexión con la naturaleza, cuando nos olvidamos de que somos parte de ella, como siempre supieron nuestros hermanos aborígenes. Perdimos la visión de la totalidad; nos olvidamos de que el planeta es como un cuerpo, de que los ríos son las arterias y las venas del planeta. Un río estancado es un río muerto. Pero si matamos el río, nos estamos matando a nosotros mismos".
Nazaret Castro
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