La fiscalía advierte del riesgo de fugas de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad en Tucumásn.
A casi un año del fallo de la histórica megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, ocho de los represores condenados por delitos de lesa humanidad se encontrarían en libertad y otros 24 cumplirían prisión domiciliaria, de acuerdo con los registros del Ministerio Público Fiscal (MPF), que aclaró que el Tribunal Oral Federal (TOF) aún no le informó el listado oficial.
La resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -a instancias de una presentación del defensor Ciro Lo Pinto- devolvió a principios de mes a los acusados a la situación procesal que tenían antes del comienzo del megajuicio. Incluía también a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), pero el TOF ordenó su vuelta al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados.
El MPF efectuó el viernes un planteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) para requerir que se revoquen las excarcelaciones y las prisiones preventivas domiciliarias de la treintena de ex policías, ex gendarmes y ex militares. Entre los crímenes por los que se encontraban presos se encuentran desde secuestros y torturas hasta abusos sexuales y homicidios contra 215 víctimas.
Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc) pidieron que los condenados vuelvan a las cárceles en las que se encontraban alojados.
Riesgos
“Existe una fundada presunción de que, en caso de permanecer en libertad o en modalidades morigeradas de cumplimientos de prisión preventiva, los imputados intentarán eludir el accionar de la Justicia y/o realizarán nuevas acciones tendientes a desbaratar u obstaculizar el avance del presente proceso y de otros. Tal escenario requiere la adopción de nuevas medidas que garanticen los fines del proceso”, consignaron los fiscales en el documento.
Entre los riesgos enumerados en la presentación se encuentra el de que se produzcan fugas. Mencionaron antecedentes como los de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes se escaparon en un traslado tras ser condenados en Buenos Aires, y el del escribano Juan Carlos Benedicto en Tucumán (fue absuelto por el beneficio de la duda en la megacausa). Para los acusadores, estos episodios dan cuenta de la vigencia de un “aparato clandestino” con poder para entorpecer el avance de las investigaciones. Recordaron que Benedicto, por ejemplo, pudo evadir la Justicia durante seis meses y que, inclusive, estuvo radicado en el exterior.
En cuanto al peligro de las pesquisas en marcha, precisaron que se trata de expedientes como “Jefatura 3” y “Arsenales 3”, cuyas víctimas involucraron a algunos de los ex miembros de fuerzas en cuestión. Por otro lado, los condenados Albornoz, Ricardo Sánchez, Luis De Cándido, Ramón Jodar y Lazarte están procesados en la megacausa “Operativo Independencia”. Añadieron que ya solicitaron también que se indague a otros 13 penados.
“Se sigue avanzando en la identificación de desaparecidos a partir de las tareas en el Arsenal y en el Pozo de Vargas y que los condenados podrían tener interés en obstaculizar”, opinaron. Las fosas halladas en el Arsenal fueron prueba clave para la megacausa, porque los peritos rescataron de ellas restos de detenidos desaparecidos.
Los fiscales advirtieron, por último, la situación de vulnerabilidad de los 358 testigos del juicio, la mayoría, víctimas. Muchos de ellos mencionaron a varios de sus captores o los reconocieron mediante fotografías. En este punto habían hecho hincapié también los organismos de Derechos Humanos en un comunicado que repudió la decisión de Casación. Habían denunciado que ninguna fuerza controla el cumplimiento de las domiciliarias. El martes, a las 9, se congregarán en la puerta del TOF (Crisóstomo y Chacabuco) para manifestarse.
El juicio se desarrolló durante 13 meses y fue el de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad. Los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga condenaron en diciembre de 2013 a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Consideraron a los acusados como responsables de lo sucedido en los centros de detención y exterminio más grandes de la provincia: la Jefatura y el Arsenal. Según el fallo, formaron parte de un aceitado sistema represivo -basado en centros clandestinos y en tareas de inteligencia- que se esforzó para ocultar lo ocurrido.
Los sobrevivientes no dudaron en caracterizar a los centros como “el infierno”. Los jueces, en tanto, los compararon con campos de concentración nazis.
La situación que tendrían los condenados
EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años)
EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años)
EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años)
EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años)
EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años)
EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años)
DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua)
DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años)
DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años)
DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años)
DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años)
DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años)
DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años)
DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años)
DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años)
Noticia de Casapueblos-AEDD
No hay comentarios:
Publicar un comentario