DECLARACION DE POSADAS

Cumbre de los Pueblos del Sur:
”Por un Modelo Productivo que garantice la soberanía alimentaria de los
Pueblos”

DECLARACION DE POSADAS - MISIONES

Desde la Cumbre de los Pueblos del Sur “Por un modelo productivo que
garantice la Soberanía Alimentaria de los Pueblos” reunida en Posadas -
Misiones, República Argentina, los días 27 al 29 de Junio de 2008,
ratificamos firmemente nuestra convicción y apuesta política en la
integración de los Pueblos de América, como medio para profundizar la
democracia y cambiar el modelo de desarrollo para hacer posible la
verdadera realización de los derechos humanos en su integralidad.
El modelo de desarrollo que las políticas neoliberales han venido
implementando en la región continua promoviendo la degradación
ambiental, la profundización de la exclusión social, el desalojo de los
campesinos y pueblos originarios de sus tierras con la contrapartida de
extranjerización de los territorios y las desigualdades en nuestros
países.
La expansión de los monocultivos (soja, eucaliptus, pinos y caña de
azúcar) promueve la explotación no sustentable que acelera la
destrucción masiva de la naturaleza, el cambio climático y el riesgo de
catástrofes naturales. El auge de los agrocombustibles que ahora se
fomenta para sostener el patrón de consumo de los países
industrializados, profundizará estas consecuencias devastadoras para el
medio ambiente y para nuestros pueblos.
En contrapartida, defendemos la soberanía alimentaria, cuyos principios
articulan políticas de autonomía productiva en base a las necesidades de
los pueblos, y no supeditadas a las demandas del mercado mundial. Es
urgente implementar reformas agrarias integrales basadas en los
principios de la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos
campesinos e indígenas.
Nos oponemos a la construcción de más represas en la región (Corpus,
Garabí, Santo Antônio e Jirau-Rio Madeira, Belo Monte, entre otras)
muchas de ellas incluidas en la Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) destinadas
fundamentalmente a reforzar el modelo exportador de recursos naturales
generando nueva deuda social y ecológica. Apoyamos la presentación de
las Medidas Cautelares presentadas a la OEA por los afectados por la
construcción de las grandes represas (Yaciretá y Belo Monte) por las
violaciones a sus Derechos Humanos. El proceso de integración
energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de
la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso
debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía,
la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la
renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con
políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas
matrices a partir de fuentes renovables de energía, donde la prioridad
sea garantizar el acceso digno de todos los habitantes del continente a
los bienes energéticos.
Demandamos la urgente renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyretá
con el fin de establecer un precio justo por la energía pagada al
Paraguay. Es necesaria también una auditoria de la deuda resultante de
los injustos términos de los tratados firmados por los gobiernos
dictatoriales del Paraguay, Brasil y Argentina.
Consideramos que el Banco del Sur representa una oportunidad de cambio
en la lógica económica actual. Exigimos que los gobiernos garanticen el
acceso público a la información y la participación social en las
decisiones del Banco. En este sentido, asumimos desde los movimientos y
organizaciones sociales el desafío y la tarea de hacer que esta
herramienta esté al servicio de las necesidades de los hombres y mujeres
de nuestros pueblos.
Expresamos nuestro apoyo al proceso de Auditoría Integral del Crédito
Público iniciado en Ecuador y manifestamos nuestra expectativa de que
contribuya al logro de justicia para los pueblos y el fin de la
dominación y el saqueo instrumentado a través de la deuda. Al mismo
tiempo que vemos con beneplácito la intención política de Bolivia y
Venezuela de retirarse del CIADI y solicitamos a los países del Mercosur
que participan del mismo, a seguir este ejemplo.
La integración de los pueblos implica, para nosotros, considerar las
diferencias entre los mismos como una expresión de la diversidad
cultural, a la vez que un desafío para que a través de la
complementariedad y la solidaridad mutua se conquisten mejores
condiciones de vida para todos. El combate a las asimetrías no puede
agotarse en medidas compensatorias y desarticuladas, sino que debe
contribuir a resolver los problemas estructurales que impiden la
autonomía y el bienestar de nuestros pueblos.
Asimismo es urgente implementar políticas de estado que apunten a
proteger a las comunidades y las estructuras políticas locales de la
ofensiva de los grandes intereses económicos nacionales y
transnacionales que a través de la corrupción influyen en el rumbo de
los gobiernos y las políticas públicas en favor propio.
Una vez más, rechazamos todas las formas de discriminación, basadas en
el género, las razas y etnias, la orientación sexual, las creencias o
religiones, las ideologías, el origen, o cualquier otra distinción que
menoscabe los derechos de las personas y limite el ejercicio de la
ciudadanía.
La integración que queremos requiere la inclusión de la diversidad de
los sujetos sociales y culturales basada en el reconocimiento de los
territorios de los pueblos y naciones indígenas, que inclusive muchas
veces sobrepasan las fronteras de los Estados nacionales.
Las instituciones del Mercosur deben garantizar la transparencia y el
acceso a las informaciones substanciales de las negociaciones y deben
incluir mecanismos que viabilicen el diálogo e interacción entre pueblos
y gobiernos, estimulando formas de democracia participativa y control
social.
Exigimos que los presidentes del Mercosur se expidan urgentemente sobre
la vergonzosa Directiva de Retorno recientemente aprobada por la Unión
Europea, que implica una flagrante violación a los derechos humanos y a
todas las normas internacionales que los protegen pues permite la
detención por hasta 18 meses de los migrantes indocumentados y su
expatriación así como la de su familia, incluyendo los niños menores de
edad.
Todas las personas deben tener garantizado el derecho a migrar y gozar
de todos sus derechos en el país de destino (en particular sus derechos
sociales y laborales). Pero defendemos también el derecho que todas las
personas tienen a no migrar, a poder elegir quedarse en su tierra, en su
comunidad y no verse empujado a emigrar por motivos económicos o
políticos. La garantía de este derecho a no migrar esta dada por la
transformación del modelo productivo que camine hacia el fin del hambre
y la pobreza y la soberanía alimentaria.
En el marco de la necesaria democratización de la justicia en nuestros
países, defendemos una amplia política de acceso a una justicia
independiente de los demás poderes y de la influencia de los intereses
económicos.
Denunciamos el avance de la criminalización de la protesta social en la
región, estimulada por las llamadas Leyes anti-terroristas promovidas
por la administración Bush e implementadas por diversos gobiernos de la
región. Pedimos la derogación urgente de estas leyes y el fin de la
criminalización de los líderes sociales del campo y la ciudad
perseguidos y procesados - en particular en esta región, a muchos de los
que resisten el avance de las represas, como a los pobladores del Barrio
El Brete, aquí en Posadas, Misiones.
Es urgente también el fin del proceso y liberación de los seis
ciudadanos paraguayos detenidos en Argentina por tratarse de una
persecución política y una violación de los derechos humanos
fundamentales, solicitando el respeto a los acuerdos referentes al asilo
político. Pedimos justicia y castigo a los responsables de los
asesinatos de Carlos Fuentealba, Maximiliano Kosteski y Darío Santillán.
Exigimos la aparición con vida de Julio López. Los presidentes del
Mercosur deben poner especial empeño para resolver esta situación.
Rechazamos el reinicio de las operación de la IV Flota de los Estados
Unidos en las aguas del Caribe y el Atlántico Sur, con el objetivo de
mantener el control militar sobre la región actualizando viejas
prácticas imperialistas sobre América Latina. Exigimos, así también, el
fin de los ejercicios militares conjuntos y la presencia de marines
estadounidenses en el Paraguay.
Así mismo, demandamos de los gobiernos de la región el inmediato retiro
de las tropas de Haití y de la MINUSTAH (Misión Militar de ONU) en su
conjunto.
Las organizaciones y movimientos sociales de los países del Mercosur
reunidos en Posadas ratificamos nuestra voluntad de seguir impulsando
una verdadera integración que permita construir la soberanía desde y
para los pueblos del Sur.
En el marco de la profundización de la democracia en la región, exigimos
el rápido avance del juicio y condena a los genocidas de las dictaduras
militares. Y en particular pedimos justicia en el proceso a los
asesinos de Alfredo González, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UNAM, brutalmente torturado y asesinado por el régimen militar
argentino, y dedicamos esta Cumbre a su memoria.

Posadas, Argentina, 29 de junio de 2006

Más información en: http://movimientos.org/cpsur/