CONFERENCIA Y DENUNCIA DE VÍA CAMPESINA

Contra la criminalización de las organizaciones campesinas

En un contexto internacional de crisis alimentaria, la Vía Campesina (VC) realizó, entre el 21 y el 26 de junio pasado, la Conferencia Internacional sobre Derechos Campesinos en Yakarta, Indonesia. Impulsar ante la ONU una carta que establezca un marco legal de trabajo a nivel internacional donde se reconozcan los Derechos Campesinos y la denuncia tras los intentos de ilegalización del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) por parte de las autoridades de Rio Grande Do Sul, fueron núcleos centrales del encuentro.
Con la participación de más de 1000 campesinos, provenientes de unos 25 países, se desarrolló en la capital de Indonesia el encuentro promovido por el Movimiento Internacional de La Vía Campesina. Durante los 5 días que duró el encuentro, que contó con una fuerte participación del contingente local, debatieron las estrategias para hacer visibles los principales desafíos que enfrentan hoy los sectores agrarios.
Si bien los sectores campesinos representan actualmente cerca del 50 por ciento de la población rural y, como trabajadores, son los garantes de la producción de alimentos, desventajosa es la condición legal en la que se encuentran en comparación a los grandes grupos beneficiados por la expansión del cultivo de soja.
Según los documentos de la VC, los trabajadores y los pequeños propietarios son quienes se ven más afectados por la liberalización de los mercados de alimentos y el desarrollo de la biotecnología, con el consecuente corrimiento de la frontera agraria. A los desalojos sistemáticos, se le ha sumado actualmente la destrucción del entorno natural, dificultando aún más la permanencia de quienes no emigraron hacia las grandes ciudades. Así las organizaciones campesinas que están luchando por la defensa de sus derechos, y aquellas que exigen una mayor participación dentro de la formulación de las políticas agrícolas están siendo criminalizadas y reprimidas por los diferentes gobiernos.
A modo de ejemplo, en Turquía, uno de los últimos países en incorporarse a la Comunidad Económica Europea, una familia campesina abandona la tierra cada 50 segundos; en Indonesia, solo durante el 2007, más de 196.179 hectáreas de tierra agrícola fueron expropiadas mediante actos de violencia estatal o paraestatal, con el saldo de 8 personas asesinadas.
La hegemonía de las grandes multinacionales en la producción y comercializadoras de granos ha llevado a que se disparen los precios de los productos en los últimos años afectando así hábitos de consumo arraigados desde hace siglos. País paradigmático en tal sentido es México, donde la reciente alza en los precios del maíz dentro del mercado mundial ha limitado aún más el acceso a parte de los productos básico de la dieta de los sectores populares; solo entre el 1994 y el 2006, la tortilla de maíz ha incrementado su precio en un 739 por ciento.

La situación en Brasil
A pesar de que un ex obrero metalúrgico se encuentra ejerciendo la presidencia por segundo mandato consecutivo, la situación de este país no solo no difiere de las del resto del globo, sino que se va agravando mes a mes. Según estimaciones del Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra, integrante de la Vía Campesina y representante de 2 millones de familias rurales, solo durante el año pasado, más de 4.340 familias han debido abandonar sus tierras a causa de las presiones o acciones de las compañías privadas de agronegocios. Los desalojos no siempre han sido dentro del marco de la ley; durante ese mismo período, 28 personas han sido asesinadas y otras 259 han recibido amenazas a sus vidas dentro de conflictos por la tierra.
Esta organización ha sufrido en carne propia los avatares de ser denunciante de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del latifundismo local y extranjero. A fines del año pasado Valmir Mota d'Oliveira, uno de los militantes más referenciados de ese movimiento, cayó asesinado durante una toma de tierras. Sus verdugos fueron los agentes de seguridad privada de la compañía transnacional Syngenta.
En este contexto, la Vía Campesina está solicitándole a la Organización de Naciones Unidas, que se establezca de manera inmediata un marco de trabajo legal a nivel internacional donde se reconozcan los Derechos Campesinos. Mientras tanto continúa exigiendo que los gobiernos y las instituciones internacionales asuman las responsabilidades que les corresponden para implementar dichos derechos, apoyando la agricultura campesina sostenible. Un comunicado dado a conocer durante el inicio de la Conferencia, sostuvo que “los gobiernos deben resolver ahora la crisis que ellos mismos han creado al pensar que el libre comercio sería suficiente para organizar los mercados y para alimentar a los pueblos. Es el momento de redirigir las
políticas agrícolas hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos a pequeña escala, de una agricultura sostenible y de los mercados locales. Los alimentos no solamente incumben a los agricultores sino que conciernen a la sociedad en general”.