miércoles, 10 de octubre de 2007

Un Imperio contra Cuba.



Noel Manzanares Blanco

La Revolución Cubana, durante casi media centuria, ha tenido que enfrentar crecientes obstáculos que se interponen al mejor desenvolvimiento del país, a causa del más inhumano bloqueo impuesto por el imperialismo de Estados Unidos de América (EE.UU.). En rigor, se trata de un sistema de agresiones socio-económicas, ideo-políticas y militares —incluyendo medidas de carácter internacional—, todo lo cual ha devenido escenario sin parangón en la Historia escrita.

Un breve recuento conduce a observar cómo la pasada década, tras el derrumbe del Socialismo que lideró la ex Unión Soviética, se apostó a que el proceso revolucionario cubano sería la próxima víctima. Fueron los tiempos en que Bush I —el padre del actual inquilino de la Casa Blanca— estaba seguro de que tendría el placer de ser el primer presidente en visitar la Cuba post-Castro. El momento era oportuno para arreciar el engendro imperial.

En ese contexto, en plena campaña electoral, ante una maniobra de su contrincante Clinton en torno a un proyecto anticubano, en 1992 papá Bush aprobó la Ley Torricelli, precisamente en la “república bananera” de Miami, derivándose una triple lectura: primera, había que aprovechar la influencia de la terrorista mafia gusano-yanqui radicada en La Florida con vistas a las elecciones presidenciales; segunda, se incrementaría la ascendencia de dicha mafia sobre el futuro mandatario de EE.UU.; y tercera, en consecuencia, serían mayores las agresiones imperiales contra Cuba.

Así, al convertirse Clinton en nuevo presidente, le correspondió concretar la Ley Torricelli, con sus dos carriles enfilados a revertir el proceso revolucionario cubano en los ámbitos económico e ideológico.

No obstante, en 1996, Clinton aprobó la Ley Helms-Burton, enfilada a recrudecer las guerras económica e ideológica, incluyendo aberrantes sanciones a empresarios de otros países que hicieran negocios con Cuba; y en 1998, al aprobarse la Ley de Presupuesto, apareció lo que algunos llaman la Helms-Burton II: el no reconocimiento y la no autorización de pagos para las marcas o nombres que supuestamente tuvieran que ver con propiedades nacionalizadas, como es el caso de la empresa cubano-francesa Habana Club.
Con estos antecedentes, la fraudulenta llegada de Bush Jr. a la Casa Blanca nos depararía más y más tragedia, incluida la posibilidad real de una invasión militar. Las pruebas son irrefutables.

Entre otras infamias, con Mr. W. Bush se ha institucionalizado el robo de marcas comerciales cubanas y cada vez más se obstruye el raquítico acto de compra-venta de alimentos, a contrapelo del perjuicio a empresarios norteamericanos que aprecian buenas oportunidades en el mercado cubano y seriedad al respecto en las autoridades del archipiélago nacional; y se eliminó la postergación de los Capítulos III y IV de la Helms-Burton, a pesar del disgusto-reacción de múltiples inversionistas de terceros países —familiares incluidos, también afectados—. Asimismo, se multiplican las zancadillas al encuentro interfamiliar, al extremo de que existe una cacería de bruja hacia las agencias que se dedican a facilitar el contacto material y espiritual de personas a ambos lados del estrecho de La Florida.

Paralelamente, mantienen a una veintena de agentes vigilando el cumplimiento del bloqueo contra Cuba; mientras que desde hace un año funciona en Miami el Grupo de Trabajo para el Cumplimiento de las Sanciones a Cuba, encabezado por la Fiscalía, el FBI y otras dependencias gubernamentales que intervienen en este tipo de guerra-barbarie económica.

Vale significar un dato que matemáticamente precisa el daño causado al pueblo cubano por las diabluras de factura yanqui: de acuerdo con el informe sobre la resolución 61/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" presentado por el Canciller Felipe Pérez Roque el 18 de septiembre último, las afectaciones por el asunto de marras asciende a más de 89 mil millones de dólares.

El próximo 30 de octubre, cuando se someta a votación el referido informe en la Asamblea General de Naciones Unidas, volverán la mayoría de países con derecho al voto a acompañar a nuestra nación en esta lucha contra la injusticia.
Por si esto fuera poco, Bush hijo estimuló la bochornosa liberación del terrorista Luis Posada Carriles, el compinche de la delincuencia política anticubana asentada en La Florida, en línea con los pasos anteriormente dados por su progenitor —en su momento, liberó de culpa a Orlando Boch, gemelo del terrorista de nombre Luis, en el alevoso acto contra Cubana de Aviación ocurrido el 6 de octubre de 1976.

A todo esto se suma que desde el 10 de julio de 2006 se incluye un paquete de medidas que permanecerán secretas por razones de seguridad nacional y garantizar su efectiva realización, sin obviar la autorización a que un avión de la armada estadounidense interfiera las transmisiones radiales y televisivas en Cuba.

Ello es más preocupante, si se tiene en cuenta el hecho de que el ex Secretario de Estado, Colin Powell, primer presidente de la Comisión anticubana, al ser preguntado sobre la política hacia Cuba, dijo que el uso de armas tales como “aislamiento, sanciones y presiones” precedía a las opciones militares; aunque aclaró que “algunas veces no existe otra solución apropiada que no sea el uso de la fuerza militar”, según declaraciones al programa Meet the Press, de la Cadena NBC, el 4 de mayo de 2004.

Estas son algunas aristas de las acciones de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, que ha sabido resistir casi medio siglo de agresiones del más poderoso Imperio de la Tierra.

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