Las cajas chinas de las políticas antiterroristas.

NUEVO LIBRO DEL CIAJ

El Colectivo de Acción e Investigación Jurídica (CIAJ) que venía trabajando sobre la criminalización de la pobreza y la protesta social, habiendo publicado un libro y desarrollado seminarios sobre la problemática en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, se propuso continuar el debate sobre la criminalización y junto con la editorial de libros jurídicos Ad-Hoc, ha publicado “Políticas de Terror. Las formas del terrorismo de Estado en la globalización”, ensayo colectivo que aborda diferentes aristas de la cuestión. A partir de distintas entradas al problema, se va conformando un diálogo colectivo donde los autores analizan la inflamación de la agenda seguritaria en el marco del turbo-capitalismo, la centralidad de la guerra y lo concentraccionario en la reorganización hegemónica del poder, el uso abusivo de la noción de terrorista con el objeto de criminalizar a los grupos disidentes y la aparición de retóricas académicas que justifican un derecho especial llamado “derecho penal del enemigo”.

El 11 de septiembre del 2001 es una bisagra en la historia del orden político mundial. A partir del atentado a los torres gemelas, la política doméstica e internacional diseñada por Estados Unidos no sólo potenció algunos procesos provenientes de la reconstitución del poder hegemónico desde el fin del mundo bipolar bajo la égida de una única superpotencia militar, sino que además iluminó nuevas facciones del rostro sombrío de la globalización. Combinando una renovada agresividad militarista norteamericana y las urgencias provocadas por la mundialización económica y política, emerge un nuevo aparato de seguridad que combina lo nacional con lo transnacional.

Leyes y procedimientos punitivos, retóricas jurídicas y dispositivos de vigilancia y castigo, se ponen a prueba una y otra vez en distintas partes del globo, fogoneadas por campañas mediáticas que atizan el clima de opinión pública “democrática” en el mundo occidental. Por otro lado, y paralelamente, asistimos al crecimiento y la consolidación de un orden público internacional de derechos humanos. Cada vez más, los Estados suscriben pactos internacionales en la materia e incluso algunas agencias jurídicas internacionales cobran relevancia en el juzgamiento de crímenes de Lesa Humanidad.

Pero, justamente, de la conjunción de estas tendencias en ordenamientos jurídico-políticos de diferente escala y del intento de introducir los estándares jurídicos antiterroristas como un acápite más de los derechos humanos, surgen conjeturas inquietantes. Estos temas son examinados en artículos solidamente documentados por Jerónimo Pinedo, Pilar Calveiro, Esteban Rodríguez y Eduardo Rezses, en la primera parte titulada: “Archipiélago Gulag: Un dispositivo de seguridad al servicio de la expansión mundial del capitalismo”, en referencia al libro de Solenitzyn. En la segunda parte, “Sintonías mundiales: orden legal y prácticas punitivas”, Jaume Asens, Julen Arzuaga, Iris Marín Ortiz, Ruth del Valle Cóbar y Julian Axat, explican, detalladamente, la criminalización del movimiento anti-mundialización en la Unión Europea, el uso de medidas de excepción en el Estado Español para combatir a los autonomistas vascos, la pretendida “seguridad democrática” en Colombia, el ataque a los defensores de derechos humanos en Guatemala y los diferentes intentos de implantación legal de los estándares jurídicos antiterroristas en la Argentina, respectivamente.

Por último, en la tercera parte, Rodolfo Iuliano se dedica a desentrañar el racionalismo moderno que sostiene desde adentro al estado de excepción imperial al cual se haya abocado los Estados Unidos, mientras que Juan González Moras nos ilustra, pormenorizadamente, sobre la relación entre poder de policía global y derechos humanos en el marco del orden público internacional.

En la contratapa los autores conciden en señalar que esas diferentes dimensiones participan de una transformación profunda de los regímenes jurídico-políticos nacionales e internacionales. Observando que los Estados al mismo tiempo que se responzabilizan ante la sociedad civil reforzando el derecho, se autoexceptúan con argumentos no menos racionales (y legales) frente a esa misma ciudadanía, acogiendo en su interior verdaderos artefactos guerreros que como cajas chinas se van alojando en sus legislaciones, unas dentro de otras, hasta elaborar una trama cuasi infinita de excepciones y arbitrariedades.