La Sociedad Rural propone un desmonte a largo plazo

La crisis desatada por los incendios forestales en Córdoba ha reavivado las discusiones alrededor del avance de la frontera agroganadera e inmobiliaria sobre el bosque nativo. Esto porque, tanto los integrantes de las brigadas de manejo del fuego como los vecinos y pobladores de la provincia en general, coincidían en responsabilizar a estos sectores empresarios por la epidemia de incendios que azota la provincia desde hace ya décadas. La semana pasada, la Comisión de Enlace de las entidades agroganaderas de Córdoba emitió un comunicado donde llamó a “una profunda reflexión colectiva sobre el ordenamiento territorial de la provincia, buscando un equilibrio sustentable con la naturaleza, guiados por la ciencia, las necesidades de nuestras comunidades y los saberes de sus pobladores, para evitar semejantes y verdaderas catástrofes ambientales como ésta en el futuro”. En una entrevista hecha al director de la Sociedad Rural, Andrés Costamagna, este acusó al Poder Ejecutivo y al Judicial de la provincia de manejar el problema en forma hipócrita. Habló de una actitud rígida en cuanto al manejo de los bosques y en algunos amparos dictados contra la construcción de contrafuegos. También llamó a una rediscusión de las leyes de ordenamiento territorial.

 La hipocresía a la que se refiere Costamagna se debe a que, contradictoriamente con la “rigidez” aparente de los discursos del gobernador, el manejo de terrenos arrasados por las quemas, desde hace años, es discrecional. El gobernador Llaryora se cansó de repetir la semana pasada que en la provincia está prohibida la reconversión de tierras quemadas. Pero es harto sabido que, a nivel municipal, esto queda librado a la arbitrariedad de los jefes comunales, que violan las normativas y otorgan permisos a productores y capitalistas amigos. A nivel provincial sucede lo mismo, y es lo que ha explotado con el escándalo de las tierras de los bosques chaqueños, otorgadas por los funcionarios de la cartera de producción local para su explotación por grandes empresas, cuando las mismas tenían la máxima jerarquía de conservación. Costamagna no propuso a este respecto una salida para las casi 100.000 hectáreas que ya se han quemado en lo que va de 2024, por ejemplo, un plan de remediación. Lo que Costamagna y la SRA quieren es “competir” legalmente por la tierra arrasada. 

 Lo más importante, sin embargo, reside en lo que el entrevistado y el comunicado entienden como “reflexión” sobre un nuevo ordenamiento territorial, a saber: la introducción de los métodos de combinación entre ganado y agricultura de un lado, con bosques nativos del otro, dentro del andamiaje legal de conservación de bosques nativos. En términos comunes se conoce a estos procedimientos como sistemas silvopastoriles y consisten en la integración de ganados y bosques nativos. Para la introducción del ganado, primero se hace un trabajo de erradicación de los arbustos y pastos nativos, con todos los insectos y animales que estos acarrean. Estos son reemplazados por forraje para ganado y lo que se deja en pie son los árboles adultos. Según una nota en Clarín, este método es un camino intermedio entre “los que creen que habría que desmontar para evitar los incendios (y, quizás, de paso aprovecharían para desplegar otras actividades en el suelo en cuestión...) y los conservacionistas acérrimos” (29-09). Pero las pasturas nativas y sus respectivos insectos y animales forman una unidad con los árboles. Es una interrelación particular que tiene resultados propios en lo que respecta a regulación de temperatura, humedad, nutrientes y minerales, que luego interactúan con los sistemas acuíferos. 

 Entender los ecosistemas de bosques solo como una suma de árboles nativos es una degeneración conceptual, que solo al capital desesperado por la crisis y la caída de los precios de la materia prima se le puede ocurrir. La Sociedad Rural propone la amputación de los ecosistemas de bosques. Los empresarios de la soja y de las vacas creen, al igual que la vicegobernadora de la provincia, que con este procedimiento “evitan” futuras catástrofes ambientales. Esto porque eliminan el combustible, primero con la erradicación de las pasturas autóctonas y, luego, con el consumo de los pastos sembrados y otras hierbas por parte del ganado. Con este mismo método se ha desmontado toda la zona norte de la provincia, porque los árboles autóctonos envejecen y no crecen nuevos ejemplares. Lo que redunda en un desmonte a largo plazo. Olvidan que siglos de desmontes convirtieron en tierra árida las zonas otrora húmedas y rebosantes de vegetación, como el Cercano Oriente o la misma Grecia. No hay mayor catástrofe ambiental que convertir un bosque en un desierto. Santiago del Estero, y el mismísimo norte de Córdoba, por obra del desmonte en la época de la Colonia y el desmonte actual son zonas ganadas por el “tierral”. Más cerca en el tiempo, para combatir pasturas y arbustos autóctonos se ha usado Glifosato. El desmonte conlleva también el desplazamiento de las comunidades originarias cuyo ganado se alimenta principalmente de los arbustos nativos. La prepotencia ha sido tal, que mientras las comunidades del norte de la provincia sufren la escacez de agua crónica, la burguesía disfruta de campos de golf regados artificialmente.

 La “rediscusión” sobre la legislación de ordenamiento ambiental implica un nuevo paso en la privatización del patrimonio público natural. El sistema de mapa de colores, que otorga un color diferente de acuerdo a la jerarquía de conservación de un bosque, ya habilitaba la disputa por los territorios fronterizos de los bosques catalogados como de “máxima conservación”. En realidad, las zonas verdes y amarillas no son más que la habilitación para la privatización y la reconversión de terrenos que hace un par de décadas atrás eran bosques. 

 La introducción del sistema silvopastoril pretende avanzar en lo que queda del bosque nativo, ahora zona roja, que es patrimonio público. El ingreso de ganado, que es propiedad privada del productor, generaría un conflicto con el patrimonio público, que es propiedad del Estado ¿Qué va a primar: los tiempos y ciclos de lo que queda del bosque, o los tiempos, ciclos y lógicas de la producción ganadera, íntimamente ligada a la dinámica de los mercados? Para endulzar la píldora la Sociedad Rural ya tiene una carnada en tiempos de crisis de deuda pública, que presentó en la pasada Exposición Rural de Palermo: los créditos de carbono. Los capitalistas del campo que “es mucho más que campo” piensan en el financiamiento que podrían otorgarles los créditos de carbono por el ahorro que generaría este método ganadero más amigable con el medio ambiente, en terrenos que no son suyos… negocio redondo. 

 La Sociedad Rural ha llamado a no usar “políticamente” la tragedia por los incendios, pero ella misma ya se encuentra haciendo lobby en el Parlamento para reformar las leyes en el sentido de mayores concesiones. Con supuestos métodos más amigables con el medio ambiente, los capitalistas del campo proponen ante el desmonte acelerado por los incendios un desmonte a largo plazo, donde lo único que se maximiza es la renta del capital en el mismo proceso. En este sentido es que puede leerse el “cambio de timón” de los diputados de LLA para votar lo que no es más que una “declaración”. El gobierno de la negación del cambio climático y de la campaña fake para atacar al activismo ambiental no va a hacer nada para revertir el avance del capital agroganadero. Una verdadera defensa de los ecosistemas y de los bosques solo puede venir de la organización y la lucha de las comunidades que viven en y alrededor de los mismos. 

 Patricia Urones

 01/10/2024