El Estado protege a las redes de pedofilia.
Nos encontramos frente a un dato estremecedor: solo en la Ciudad de Buenos Aires, en dos años creció 33% la cantidad de denuncias por difusión de imágenes y videos de menores en situación de abuso sexual. Esto significa que crecen las redes de pedofilia al amparo estatal, revistiendo un verdadero peligro para nuestras infancias.
La información fue publicada por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) de la Universidad Austral, en base a datos del Ministerio Público Fiscal de CABA. Las denuncias recibidas por el organismo aumentan año tras año: en 2021 ingresaron 71.797 casos; en 2022 escalaron a 86.867; y, en 2023 se contabilizaron 95.600. En lo que va del 2024, ya van 70.000 hechos denunciados.
Como vemos, hay un salto en la producción, distribución, comercialización y consumo de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en representaciones digitales. Sucede que si bien la policía realiza allanamientos esporádicos por este motivo, donde incauta dispositivos electrónicos, nunca se desmantela ninguna red de pedofilia. Las mismas actúan a sus anchas gracias a los vasos comunicantes que mantienen con las altas esferas del poder político y judicial.
El caso del diputado libertario de Misiones, Germán Kiczca, ilustra perfectamente esta connivencia. Al igual que la reciente detención del diputado correntino Sixto Omar Fernández por tenencia de material pedófilo. Se trata de un dirigente del Partido Liberal, el cual que integra el frente oficialista en la provincia gobernada por Gustavo Valdés, quien, cabe recordar, forma parte de la trama de encubrimiento que está detrás del secuestro de Loan.
Es evidente que la “Ley Antimafia” que impulsan Milei y Bullrich no tiene por objetivo combatir el tráfico de menores para fines de explotación sexual, ya que son aliados políticos de los mismos tratantes. Incluso, les otorgan un blanqueo de capitales para que puedan ingresar al circuito legal el dinero obtenido en estas actividades ilícitas.
Ni qué decir que se trata de un gobierno que quiere reponer a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, cuando llueven las denuncias de pedofilia sobre dichas instituciones. Desde Prensa Obrera hemos dado cuenta de numerosos delitos de esta índole cometidos por miembros de la Armada Argentina y del Ejército.
“El material de abuso sexual contra las infancias producido por adultos, traducido en videos y fotografías, abarca desde bebés hasta adolescentes, y es distribuido, facilitado, vendido y consumido entre personas que integran redes internacionales de explotación sexual de chicos” (Clarín, 3/10). Semejante aberración configura un negocio capitalista que mueve cifras multimillonarias: se estima que genera U$S 31 mil millones a nivel mundial y U$S 250 millones en Argentina. Por lo tanto, ningún gobierno que defienda este régimen de acumulación tendrá en sus planes eliminar tamaña fuente de ganancias.
Muchas veces las víctimas son captadas a través del grooming o ciberacoso, donde un adulto pedófilo obtiene las representaciones sexuales de los menores por vía digital, apelando a engaños y extorsiones (por ejemplo, amenazando al niño o adolescente de que va a publicar las imágenes provistas él si decide no enviar más). Por lo tanto, la ESI que Milei quiere erradicar es sumamente necesaria para prevenir estas situaciones, ya que desde muy temprana edad los chicos están expuestos a las redes sociales y al uso del celular.
La proliferación de estas prácticas muestra a todas luces el grado de decadencia de este régimen social, que legitima la violencia hacia las niñeces para infundir pautas de sometimiento sobre la mayorías, y, a su vez, convierte a la circulación de contenido pedófilo en una vía de reproducción del capital. La lucha por el socialismo se vuelve, entonces, una tarea urgente para terminar con esta barbarie.
Sofía Hart
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