En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un aumento del 19% para el presupuesto que en 2025 recibirá la cartera que tiene a su cargo. Durante su intervención, dijo que el dinero será utilizado para renovar y adquirir equipamiento para las fuerzas federales. El reforzamiento presupuestario para las policías y la Gendarmería contrasta con los recortes que sufrirán las partidas de salud, educación, seguridad social y otras que también tienen una importancia vital para los trabajadores.
Bullrich adelantó que esos recursos serán usados para comprar camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, helicópteros, pistolas y armamento en general. Además, anunció un plan para aumentar la presencia de las fuerzas represivas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe, del que serán parte los gobiernos provinciales. Asimismo, como parte de su estrategia para “luchar contra el narcotráfico y la violencia”, dio a conocer que se avanzará en una fortificación de la persecución penal, el uso de la tecnología y la inteligencia criminal.
Es sabido que para el gobierno libertario toda protesta contra alguna injusticia constituye un acto de violencia. Por eso, en varias oportunidades, ha enviado a su policía a gasear y moler a palos trabajadores, jubilados, estudiantes, y a toda persona que se manifestó en la calle en defensa de sus derechos y por la mejora de sus condiciones de vida; incluso a una niña de 10 años. La persecución judicial y el espionaje son instrumentos que el gobierno ha venido utilizando para atacar a la oposición política; el Partido Obrero y el Polo Obrero han sido sus principales víctimas.
Milei y Bullrich han estado aumentando el gasto en materia de represión policial. En septiembre trascendió que llevaba gastados $39.128.739.9614 en camionetas –de esta transacción se benefició Igarreta S.A., un concesionario de Ford y Toyota–, pistolas, chalecos, escudos, equipos de protección personal y balas. “No hay antecedentes recientes de una adquisición con esa cantidad de munición realizada por la cartera de Seguridad”, señala un artículo de Letra P (11/9) que aborda el tema. De más está decir que pertrechar a las fuerzas policiales con mejores instrumentos represivos no sirve para combatir el narcotráfico porque son esas mismas fuerzas policiales las que curran con el gran delito.
La pandilla libertaria es generosa con la policía narco y represora de obreros y austera cuando se trata de atender las necesidades de los trabajadores. Según el Centro de Economía Política (Cepa), en el Presupuesto 2025 el presupuesto de salud se reduce un 18,2% con respecto a 2024; el destinado a las universidades hasta un 50% con respecto a 2024; y el de “Educación y Cultura” un 44% en relación a 2023. Por otro lado, la partida destinada a jubilaciones quedará un 10,1% por debajo de la de 2023 y el gobierno anunció que congelará el bono que reciben los jubilados en unos miserables $70.000.
También se pasa la motosierra sobre el presupuesto del Hospital Bonaparte, cuyos trabajadores acaban de frenar el intento del gobierno de cerrar el nosocomio; sobre las partidas relacionadas al acceso a medicamentos; sobre el Instituto Nacional del Cáncer, organismo que se encarga de detectar y prevenir la enfermedad; sobre las partidas del Conicet; entre otras. El gobierno refrenda su objetivo de liquidar los sistemas públicos de salud y educación y de llevar a los trabajadores y los jubilados a una bancarrota social gigantesca.
De este plan de ajuste se benefician los capitalistas, a los que se exime del pago de impuestos, se les garantiza el pago de las deudas que tienen en sus manos y se les protege su monopolio sobre los medios de producción con un aparato represivo más fuerte. La política procapitalista y proFMI del gobierno nacional entra en contradicción con las necesidades sociales de los trabajadores, que tarde o temprano se levantarán contra estos agravios. El refuerzo de las atribuciones represivas del Estado que impulsan Milei y Bullrich muestra también que el gobierno se prepara para enfrentar una reacción popular. Es que la aplicación de estos violentos planes de ajuste ha detonado revueltas en varios países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, etc.).
La situación social es convulsiva, como lo demuestra la pelea encarnizada que el movimiento estudiantil está llevando adelante contra la política antieducativa del gobierno de Milei. Se tomaron casi 100 facultades y la lucha tiende a radicalizarse. La ministra Bullrich salió a decir que los estudiantes “van a ir con molotovs” a las universidades, una estupidez mayúscula; el gobierno busca preparar el terreno para avanzar en una represión mayor contra los estudiantes y los docentes que se encuentran defendiendo la educación pública.
En esa línea actúan gobernadores e intendentes. En Tucumán, el peronista Jaldo utilizó a la policía para desalojar una clase pública; en Río Gallegos, policías ingresaron a la toma de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Unpa; en CABA, Jorge Macri mandó policías y camiones hidrantes a Psicología-UBA para atemorizar a los estudiantes que tomaron la facultad; y en la UNQui una patota libertaria irrumpió en la universidad y gaseó estudiantes.
Un párrafo aparte merecen las declaraciones que, en el marco de la presentación del presupuesto de Seguridad, hizo Bullrich sobre la desaparición de Loan. “Ojalá todos los casos se resolviesen, seríamos un mundo perfecto”, dijo sin sonrojarse. El problema es que la ministra, su gobierno y el gobernador correntino Valdés trabajaron fuertemente para que ocurra lo contrario, o sea, para que prime la impunidad. En realidad, el gobierno libertario es garante del sostenimiento y la expansión de las redes de trata y de todos los negocios turbios que afectan a los trabajadores y sobre todo a la juventud.
Abajo el gobierno represor.
Nazareno Suozzi
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