El ataque del gobierno a la salud parece no tener límite. Además del ahogo presupuestario, las amenazas de cierre a hospitales fundamentales como el Bonaparte y el aplastamiento salarial, el Ejecutivo tiene en cartera otro fuerte ajustazo a la salud dentro del Presupuesto 2025.
El mismo estipula una reducción del 18,2% en 2024 en términos reales, con respecto a 2024. Se recortan programas clave como “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica”, el cual percibe una reducción del 14% con respecto a 2023. Todo esto cuando la ejecución de presupuesto en el área de salud ya acumula una caída de 30,7% entre enero y septiembre de este año.
Dentro de esta subejecución se observan recortes de 71,4% en la prevención de enfermedades endémicas como el dengue, cuyo correlato fue el desmantelamiento de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que es la única área que trabaja en medidas de control efectivas para el dengue pero también para asignadas también la prevención y tratamiento de enfermedades como el Zika y el mal de Chagas, entre otras. Esta orientación nos ha llevado a la peor crisis de dengue de los últimos tiempos.
A esto se suma el recorte en materia de pensiones por invalidez. Recordemos que el acceso a dichas pensiones ya fue cercenado por nuevos límites en los requisitos, lo que atrasa 100 años en derechos conquistados.
Esto se agrega un ajuste del 40% previsto en el Presupuesto 2025 para dichas pensiones, lo que empezaría con el recorte de casi 200 mil pensiones. A esto se agrega un ajuste nominal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad de casi 700 mil millones de pesos, lo que se suma al fuerte recorte que ya se viene aplicando sobre dicho organismo, con una subejecución de presupuesto del 13% en lo que va del año, y que se tradujo en un vaciamiento permanente, con despidos, precarización y salarios de miseria. El objetivo del gobierno es profundizar este camino.
Recordemos que ya hay en curso enormes luchas por salarios y presupuesto para salud. Los trabajadores del Garrahan están llevando adelante una incansable lucha salarial y por presupuesto. A su vez, el hospital el víctima de la falta de profesionales, resultado de los bajísimos salarios, lo que genera una crisis muy importante sobre todo en pediatría, que es incluso una de las franjas etarias mas expuestas a casos de dengue grave y a brotes de neumonía y gripe durante el invierno. En ese sentido vale destacar que el Garrahan es un hospital de alta complejidad que no depende de mera aparatología, sino especialmente de un enorme engranaje que combina los trabajos de miles de personas cada día.
Esto empalma con la lucha de residentes y concurrentes, que son la base de la atención sanitaria de todo el país, y están en lucha por recomposición salarial, y la los trabajadores del Hospital Bonaparte, el único hospital nacional de salud mental, cuyos trabajadores están luchando contra el cierre impulsado por el Ejecutivo y en defensa de sus puestos de trabajo.
Estas luchas se llevaron puesto al ministro de Salud de la nación, Mario Russo, con una gestión atravesada por diversas crisis sanitarias producto del brutal ajuste, comenzando con los cuestionamientos al gobierno nacional por la supresión de la entrega de medicamentos de costo elevado, particularmente para el tratamiento de pacientes oncológicos y otras patologías similares, que derivó en un escándalo con denuncias cruzadas, amparos ante la Justicia y víctimas fatales. En su lugar asumió Mario Lugones, del Grupo Güemes, sanatorio donde tuvo varios conflictos con los trabajadores por las pésimas condiciones laborales, proveniente del sector privado e identificado como el ministro de Salud “en las sombras” hasta la fecha.
Este cambio de figuritas se realizó en función de profundizar la línea de recorte que ya encuentra límites claros, lo que vaticina nuevas crisis, sobre todo porque el Presupuesto 2025 acarrea nuevos golpes, no solo a la salud en general, sino a ciertos organismos fundamentales. El Hospital Bonaparte, que ya sufrió un ajuste del 20% en el acumulado de enero a septiembre, contará con 29,6% menos de recursos en términos reales en 2025 que 2023 y 4,4% menos que 2024. Al Instituto Nacional del Cáncer le otorgan 0,7% más de recursos que 2024, pero 47,5% menos que 2023.
Esto cuando ya en materia de salud se observan fuertes caídas, especialmente en la Superintendencia de Servicios de Salud la cual percibió un recorte del 67% en lo que va del año. La Agencia Nacional de Discapacidad sufre un recorte en la ejecución de presupuesto de casi el 15% y el Presupuesto 2025 lo profundiza en un 5,6%. En tanto, un conjunto de hospitales nacionales sufre caídas de entre el 16% y 24% en lo que va del año a lo que se suman los recortes que ya sufren el Instituto Malbrán y la ANMAT, agencia reguladora de los medicamentos, del 16% y 19% respectivamente.
La licuadora del gobierno de Milei, que ya viene dejando sin medicación a los pacientes con cáncer, vaciando los hospitales públicos y promoviendo la privatización del sistema sanitario, promete recrudecerse el año que viene.
El gobierno está profundizando una orientación de vaciamiento de salud pública que también han perpetrado los gobiernos anteriores, considerando que el Presupuesto 2024 implicó una disminución del 55.8% para salud con respecto al ya magro presupuesto del 2023.
La salud pública es incompatible con este gobierno, por eso se tiene que ir. La única forma de derrotar este plan de ajuste criminal que arremete cada día contra el derecho de la población a la atención sanitaria es en las calles.
Camila García
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