Los privatizadores reclaman auditar... a la universidad privatizada

En la cuestión de la auditoría que el gobierno de Milei pretende llevar adelante a las universidades, un artículo de La Nación, con visos de investigación periodística, acaba de levantar polvareda. La nota alude “A los contratos millonarios (de las casas de estudio) con el Estado, que quedaron bajo la lupa” (La Nación, 29/10). Allí se presenta una extensa lista de contratos y convenios de universidades nacionales con diferentes organismos del Estado. El espectro de contratantes va desde AYSA y la Administración General de Puertos hasta el Pami, pasando por diferentes entes reguladores, el Banco Nación y Enarsa. El periodista pone de manifiesto una caja gigantesca que es paralela al presupuesto oficial de las universidades, pero lo que no dice el autor de la nota es que ese movimiento oscuro de fondos tiene un origen perfectamente “legal” e institucional. En efecto: la proliferación de las contrataciones universitarias nacen con la ley de educación superior del menemismo (1995), que estableció el marco para la financiación de las universidades por fuera del Tesoro nacional. Esa ley habilitó que las casas de estudio puedan “dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten”. Además, permitió que las universidades constituyan “personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas”. En los años 90, nuestra corriente caracterizó a esta ley como la punta de lanza de un proceso de privatización progresiva de las universidades públicas. Naturalmente, la norma -como tantas otras del menemismo- fue rigurosamente respetada por las administraciones kirchneristas de la década siguiente.

 Al calor de estos convenios, se fue operando una doble degradación contra profesionales y jóvenes. De un lado, diferentes organismos estatales reemplazaron sus funciones estables por contratos ad hoc con universidades. En otras palabras: los profesionales y técnicos cesanteados de la administración pública eran sustituidos con contratos precarios, que tenían a las universidades como intermediarias. A su turno y a través de becas transitorias, los estudiantes oficiaban de mano de obra barata y precarizada para la administración pública o empresas del Estado. En cuanto al carácter “formativo” de estos convenios, basta citar uno de los casos que revela La Nación: la contratación de la UnSam (Universidad de San Martín) “para brindar prestaciones de ´call center´ en la empresa Nación Servicios” (id). 

 Del lado de la Universidad, este régimen de servicios paralelos fue acompañado por la paulatina degradación salarial de docentes e investigadores. De este modo, el educador era empujado a complementar sus magros ingresos con contratos externos gestionados por las propias universidades. El propio Estado que recortó los sueldos de los investigadores actuó luego como tercerizador de la fuerza laboral de los profesionales.

 Pero en este punto el “informe” de La Nación es sesgado y mutilado, probablemente, por parte de los propios funcionarios libertarios que le soplaron la información al periodista. Ocurre que los datos aportados refieren a contratos con organismos del Estado, pero no dicen nada de los convenios de las universidades con empresas privadas. A esto aludía la ley de Educación Superior al habilitar la formación de sociedades mixtas. Esa ley ha permitido que las casas de estudio se conviertan en verdaderos vientres de alquiler de corporaciones capitalistas, particularmente en lo referido a ciencia y tecnología. Por esta vía, el capital privado ha logrado succionar un patrimonio científico largamente acumulado, haciéndose socio de investigaciones orientadas a fines específicos y previamente determinados por las empresas. Nuevamente, la contrapartida de esta privatización ha sido la asfixia del presupuesto público orientado a la investigación. Es habitual la formación de sociedades para compartir patentes de invención, donde el capital privado avanza en los derechos societarios a expensas de la universidad, a medida que el desarrollo en cuestión se acerca a su fase comercial. 

 Las universidades argentinas han sido implacablemente sometidas a un rol de apéndices del capital, en el caso de los contratos con privados, y de destrucción de derechos laborales y degradación salarial en el caso de los contratos con el Estado. 

 En todas las universidades se han creado organismos ad hoc para que estas actividades resulten sustraídas al control del gobierno tripartito y constituyan una verdadera caja paralela en relación al presupuesto universitario. La educación superior, en este punto, sigue una tendencia más general del Estado capitalista: el presupuesto “formal” se va convirtiendo en una verdadera caja chica, en comparación con los Entes y corporaciones autárquicas cuyos recursos se encuentran fuera de los fondos sometidos al control parlamentario. 

 La pregunta que surge de lo anterior es la siguiente: los agentes de Milei y Caputo, es decir, los adalides de la privatización general y de la liquidación de derechos laborales, ¿van a poner fin a este régimen de privatización universitaria? No sólo no lo harán, sino que intentarán llevarlo hasta las últimas consecuencias. Las “auditorías” mileístas, que legamente violan la autonomía universitaria y la propia Constitución, no pretenden poner fin a las cajas negras de la universidad, sino asumir el mando de ellas a expensas de los Yacobiti y compañía. El brutal recorte presupuestario, que se pretende consolidar para el 2025 y los años que siguen, creará el marco adecuado para la multiplicación de las “cajas negras”. Principalmente, en lo que tiene que ver con la conversión de la universidad en una tercerizada del capital privado. Del otro lado, este escenario explica porqué los rectores, asociados de un modo general a los partidos capitalistas, no tienen la pretensión de defender el presupuesto universitario. Sólo aspiran a defender el control económico de esta universidad paralela y privatizada. 

 Para los investigadores, docentes y estudiantes, la defensa de sus conquistas arrasadas exige la más completa delimitación de los agentes actuales y pasados de la degradación universitaria, junto a una comprensión de conjunto del escenario histórico. El capitalismo en declinación ha mutilado al conocimiento y a la ciencia en aras de su propio rescate. La formación científica y universal exige la lucha por una transformación socialista, junto a la clase obrera.

 Marcelo Ramal 

 30/10/2024