La CGT volvió a reunirse con el gobierno nacional, en medio del conflicto universitario y distintos frentes sindicales abiertos, en lo que parece una búsqueda por alcanzar un “acuerdo de partes” para seguir entregando a los trabajadores. La burocracia sindical, que debería estar resolviendo las medidas de acción para enfrentar al gobierno de la pobreza, fue a la Casa Rosada a negociar la continuidad de sus privilegios de casta.
Con la presencia del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el consultor presidencial Santiago Caputo, por un lado, y los principales referentes de la cúpula cegetista, por el otro, tuvo lugar la reunión de este lunes 30 para “limar asperezas”, sin una agenda que destacará la inminente y masiva movilización universitaria prevista para este 2 de octubre, las escalofriantes cifras de pobreza, ni los conflictos sindicales en el transporte y otros gremios.
La burocracia sindical de la CGT fue a la Casa Rosada dándole la espalda, nuevamente, a los principales procesos de lucha, a negociar cómo intervenir sobre los aspectos de la reforma laboral que más la comprometen, como es el caso de los proyectos contra los mandatos renovables indefinidamente, la caja de las obras sociales y tratamientos de alta complejidad, y el control sobre el proceso de despidos por “bloqueos sindicales”.
La sola mención de Francos de que el gobierno vetaría el 100% de la Ley de Financiamiento Universitario debería ser suficiente para que cualquier sindicalista “honesto” se retirara de la reunión. La burocracia cegetista, en cambio, aceptó la conformación de una mesa salarial futura para aceptar el ajuste.
El saldo del encuentro fue la postulación de una mesa tripartita, entre el Estado, la burocracia sindical y las patronales, para negociar la reglamentación de los artículos pendientes de la reforma laboral implícita en la Ley Bases. Entre ellos el atinente a los despidos y judicialización por “bloqueos sindicales”.
La propuesta de la burocracia sobre esta cuestión siquiera plantea la eliminación de tal disposición, cuya ambigüedad en la ley habilita a las patronales a despedir en los hechos y obligar al trabajador a penar en los estrados judiciales, sino que proponen conformar una mesa a tal fin para digitar y analizar caso por caso: una especie de filtro para, incluso, disciplinar a los trabajadores independientes y las acciones de base.
Desde el gobierno también se comprometieron a que no apoyarían ninguno de los proyectos de ley que plantean una injerencia y modificación en la estructura organizativa de los sindicatos para “terminar con la casta sindical”.
Con estas “concesiones” el gobierno busca ganar tiempo tirándole un hueso a una burocracia más que colaborativa, que no ha convocado a la huelga en apoyo a la lucha universitaria y cuyo sector del transporte amenaza con un paro para el 17 de octubre que el Ejecutivo busca desarmar.
La “predisposición” del gobierno a negociar las migajas es directamente proporcional al desarrollo de la crisis económica y política: un gobierno con más de la mitad del país en la pobreza, endeudado, con otro fuerte ajuste por delante y sin el apoyo popular en las calles.
Cuando la CGT más tendría que apretar para derrotar a un gobierno que expresa sus debilidades, la burocracia sindical al frente de la misma se sienta a negociar cómo sostener al gobierno del hambre, el ajuste y la represión. Una orientación canallesca.
Hay que barrer con estas direcciones entreguistas organizando los reclamos en cada lugar de trabajo y abriéndole paso a la lucha por las reivindicaciones inmediatas y contra la ofensiva de este gobierno antiobrero. Empezando con poner todos los esfuerzos para el éxito de la marcha universitaria de este 2 de octubre, y la derrota del ajuste educativo de Milei.
Marcelo Mache
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