“Hagan lo que consideren necesario”, fueron las últimas palabras del director del Hospital Laura Bonaparte (ex Cenareso), Christian Baldino, antes de abandonar sus funciones y dejar a su suerte a los miles de pacientes y a sus 612 profesionales y trabajadores. Antes, había informado el cierre de los servicios de guardia e internación y una inminente clausura del único hospital nacional especializado en salud mental y adicciones desde el lunes 7 de octubre. Los pacientes internados se negaron a ser trasladados y a la fecha siguen en el hospital, al cuidado de profesionales que continúan ejerciendo sus tareas a pesar que sus contratos, vencidos el 30 de septiembre, no fueron renovados.
La reacción combativa de los trabajadores fue cortar Av. Caseros y organizar una toma del hospital, con permanencia en las instalaciones y guardias rotativas. Se formaron comisiones para garantizar la atención de los pacientes internados y todo lo que implica el funcionamiento de un hospital, así como la organización de la ocupación, la convocatoria a acciones de lucha y jornadas artísticas durante todo el fin de semana. Una vigilia masiva el día hoy aguardará las novedades que se esperan a partir del día lunes, mientras el Ministerio de Salud asegura que pondrá en marcha un proceso de “reestructuración”, es decir, de desmantelamiento y despidos masivos, favorecido por la precarización laboral extrema de un hospital que funcionaba con más de un 90 % de la planta con “contratos temporales”.
El ataque al Hospital Bonaparte es parte del golpe de Estado sanitario que el nuevo ministro, Mario Lugones, ejecutó desde su asunción en la cartera de salud la semana pasada. Se produce en simultáneo con una serie de atropellos contra los trabajadores de salud, como la suspensión sin plazo del bono del 35 % de aumento conquistado por los residentes de los hospitales nacionales (https://politicaobrera.com/12734-contundente-paro-de-los-residentes-de-los-hospitales-nacionales-contra-la-bochornosa-provocacion-del-gobierno-liberticida) y el despido del Consejo de Administración del Garrahan tras haber otorgado un bono de 500 mil pesos a los trabajadores del hospital (https://politicaobrera.com/12776-garrahan-el-bono-de-500-mil-que-el-gobierno-no-pudo-vetar), que se cobró por única vez. Como contrapartida, Lugones habilitó el pase directo a las prepagas sin intermediación de las obras sociales, una medida hacia el desacople definitivo entre las tarifas sanitarias y el salario de la clase obrera. El golpe de mando liberticida contra la salud pública y sus trabajadores pretende pavimentar una mayor privatización de la salud a costa de toda la población trabajadora.
La reacción autoconvocada de los trabajadores del Bonaparte contrasta con la postración de las direcciones sindicales. UPCN abandonó el barco junto al director del hospital. ATE se deshizo en dilaciones para evitar cualquier responsabilidad frente a las tareas que planteaba la lucha, convocando a un “plenario de secretarios generales” para el día lunes. Médicos Municipales, Federación de Profesionales y CICOP solo emitieron “comunicados”. La asamblea autoconvocada de trabajadores del Bonaparte votó exigir un paro nacional de la salud, llamó a una reunión abierta a todas las organizaciones para coordinar las acciones de lucha y a un abrazo al hospital desde el lunes a las 7 a.m.
En el marco de la toma, sesionó una asamblea conjunta de residentes de hospitales nacionales, CABA y provincia de Buenos Aires. Médicos y profesionales denunciaron que tanto Milei como Kicillof están pagando salarios de 700 mil pesos para un residente de primer año, un ajuste furioso que no conoce fronteras políticas en el campo patronal. En la CABA de Jorge Macri, la situación se sigue deteriorando mes a mes y solo es levemente superior gracias a los resabios de la gran lucha del 2022. La asamblea votó un paro de 48 horas para todas las jurisdicciones. El lunes se realizarán asambleas en los hospitales para abandonar las tareas y concurrir al Bonaparte. El martes, el paro de residentes coincidirá con el paro de los trabajadores del Garrahan, que marcharán al Ministerio de Economía para exigir un aumento salarial.
Como en 2022, es necesario responder al ataque liberticida con una marea blanca autoconvocada de los trabajadores de la salud a escala de todo el país. En la defensa del Bonaparte se juega el destino de la salud pública y de las condiciones de vida de sus trabajadores. Una lucha de este alcance expondría todas las circunstancias que afectan la condición social del trabajador de la salud, poniendo sobre la mesa la necesidad impostergable de un salario mínimo de 1.800.000, para cubrir la canasta familiar. La amenaza de cierre del Bonaparte está conmoviendo a su vez a muchas facultades, especialmente aquellas dedicadas a la salud mental. La pelea de la salud confluiría así con las universidades, a condición de que este movimiento se deshaga del corset parlamentario y retome una agenda de lucha independiente.
El golpe de Estado sanitario de Milei y Lugones es un desafío a todo el movimiento obrero. La salida a esta crisis no provendrá de las “exigencias” a las centrales y aparatos sindicales cómplices, que vienen de acordar con el gobierno la letra chica de la reforma laboral. Como ya quedó demostrado en el pasado reciente del movimiento de la salud, la única forma de arrastrar a estas direcciones a una lucha es a través de la acción directa que no pide permiso, pone el cuerpo y gana la calle. Una acción decisiva de los trabajadores de la salud pondría en retirada al comando liberticida y su plan de guerra contra las masas. Apostemos por ello en defensa de la vida y la salud de clase obrera.
Julián Asiner
06/10/2024
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