Cuando el delegado del gobierno argentino manifestó “el compromiso de la Argentina del pleno cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño”, los expertos de la ONU le contestaron que el cuadro de situación de la población infantil era “escandaloso” (La Nación, 20/9). Según el gobierno nacional, entre 2023 y 2024, la asignación familiar aumentó un 3% y abarca a 4,5 millones de niños. Sin embargo, en Buenos Aires, la línea de indigencia está marcada en 537 mil pesos para una familia que no tenga que pagar alquiler: la asignación universal por hijo fue, en agosto, de apenas 64 mil pesos.
Mientras el comité de la ONU recomienda que Argentina aumente las asignaciones presupuestarias de las áreas destinadas a las infancias -incluida infraestructura- las cifras oficiales analizadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia demuestran que el recorte presupuestario en ese rubro alcanza el 18%, agravado por una acentuada subejecución en las partidas destinadas a alimentos. Respecto de los programas educativos, el recorte del presupuesto fue del 31 % y del 50 % en salud. Milei anunció, además, su intención de trasladar a los gobiernos provinciales y municipales los gastos en salud y educación.
Crecimiento de la violencia hacia niñas y niños
El informe de la ONU tiene un apartado donde señala el: “aumento exponencial de casos de niños en actuaciones y material pornográfico” y llama a prohibir y sancionar la compra venta de niños y niñas, inclusive en los casos de adopción. Según la ONU, el 67% de los casos de violencia sexual en Argentina son contra menores, sin contar, además, los abusos y violencias intrafamiliares. En ese sentido, los funcionarios de las Naciones Unidas pidieron explicaciones al gobierno por el cierre del Inadi, del Ministerio de la Mujer y el vaciamiento de la línea gratuita para denuncias y contención 144.
Respecto de la violencia institucional el organismo internacional solicita al Estado Argentino que “adopte medidas para erradicar el uso desproporcionado de la fuerza contra niños, particularmente aquellos en situación socioeconómica vulnerable, por parte de las fuerzas de seguridad” –¿hay un uso proporcionado de la fuerza policial contra niños?. Según los datos recabados por la ONU, siete de cada 10 adolescentes le tienen miedo a la policía.
Al igual que los informes elaborados por UNICEF, la Universidad Católica o los propios organismos de estadísticas del Estado, este informe deja al descubierto, durante 17 páginas, la grave situación que atraviesan niños, niñas y adolescentes de la clase obrera. Los informes no son vinculantes ni buscan un cambio real por parte de los Estados, pero nos confrontan con la realidad. La respuesta a esta catástrofe social tiene que surgir de la organización de las y los trabajadores, poniéndolo fin al gobierno de Milei.
Valu Viglieca
24/09/2024
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