Esta sacudida obedece, en primer lugar, a un diseño debidamente preparado para organizar un aparato de Estado libertario en sectores estratégicos del Estado. El propósito de la camarilla de Milei es, en primer lugar, político: apropiarse de los servicios de espionaje, de los que supervisan a empresas, del aparato educativo y del de comunicaciones. Varios analistas ligan el cambio impositivo para los diarios con el objetivo de disminuir su peso relativo a favor de las redes sociales, que van siendo apropiadas por sectores de derecha. Por eso el paquete incluye una intervención en las grillas de las compañías de televisión abierta y por cable. Con este mismo propósito ha quitado el espacio eléctrico a Arsat, que será licitado entre privados para instalar el 5G. Es oportuno recordar que Milei anticipó su intención de hacer todo esto mismo con el INDEC y con los métodos de evaluación de los índices de precios y pobreza.
Desde diciembre pasado hasta ahora, los liberticidas habían repartido su presencia en la mayor parte de estos organismos con el personal que respondía a Sergio Massa, quien había colaborado, por su lado, con el armado de las listas de LLA en las últimas elecciones; es lo que parece haber tenido fin con estas nuevas medidas. El director de la DGI será Andrés Gerardo Vázquez, quien ha servido a gobiernos de distinto color político como, por otra parte, el mismo Milei. Por eso detrás del personaje aparecen antiguos figurones de la AFIP. Como ya se dijo, Milei no ha construido nada propio, por eso recluta entre personajes de gobiernos anteriores, como estos mismos han hecho en el pasado. La Nación y Clarín han reaccionado mal a estos cambios, en especial porque Vázquez había organizado un operativo contra el diario bajo el gobierno de Cristina Fernández. Probablemente le sirva de consuelo la licitación 5G, en la que tiene la intención de participar, aunque habrá que conocer todavía las condiciones que exijan los pliegos. Santiago Caputo, el monje negro de Milei, el armador de todo este engendro, intenta repetir lo que intentaron en su momento Donald Trump y Messías Bolsonaro. La gran burguesía local evita interponerse en estos movimientos ilegales, a cambio de una tasa de beneficio anual del 40% en dólares como el que han obtenido los bonos de la deuda externa. El Colegio Público de Abogados de Buenos Aires ha renunciado a su lugar en una asociación variada de organismos empresariales y de otro tipo, cuando verificó que no aceptaban pronunciarse ante los atropellos “institucionales” de Milei. La disolución de la AFIP por decreto es ilegal porque fue establecida por una ley del Congreso.
El propósito más significativo de este cambio quizás tenga que ver con una decisión ya tomada por Milei y Luis Caputo, que es elevar el IVA al 25/28%, y reducir su coparticipación con las provincias, las que se verían obligadas a eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos a favor de un impuesto final a las ventas. Simplemente explicado, la carga tributaria sobre el consumidor final se incrementaría diez veces. Es el tema que dominó, por lejos, las discusiones en el evento patronal de IDEA, en Mar del Plata, la semana pasada. La confiscación de salarios y jubilaciones de estas medidas opacaría al ‘ajuste’ realizado hasta ahora. Las patronales dejarían de pagar impuestos, como los que afectan a exportaciones e importaciones. De otra parte, los exportadores reciben la devolución del IVA que pagaron los consumidores nacionales, y que volverán a pagar los consumidores extranjeros por lo que se exporta, dentro de los límites de mercado en el país receptor. El gobierno, por medio del espionaje financiero, ejercería una capacidad de coacción para someter a las patronales a sus objetivos políticos. Todo esto explica el súbito descubrimiento de la prensa acerca de que el gobierno libertario tiene el propósito de instalar un Estado policial sobre todas las clases sociales, aunque en forma diferente, como es obvio, para cada una de ellas.
Jorge Altamira
22/10/2024
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