martes, 31 de marzo de 2020

El gobierno paga a los bonistas el equivalente a 25.000 respiradores



Son cerca de 250 millones de dólares en vencimientos de intereses.

El 31 de marzo había sido fijado originalmente como la fecha límite por el gobierno de Alberto Fernández para cerrar una renegociación de la deuda con el FMI y los bonistas. Si bien la crisis detonada por la pandemia cambió sustancialmente el escenario, el Presidente volvió a declarar que aspiran a evitar un default. Mientras se espera que el ministro Martín Guzmán haga pública una propuesta de reestructuración de casi 70.000 millones de dólares, el gobierno pagó a los bonistas con reservas internacionales cerca de 250 millones.
Se trata de dos cupones de intereses. Uno por 224 millones del bono Par que fue emitido tras el canje para pagar la deuda que había sido defaulteada en 2001, y el resto corresponde a Letes que habían sido reperfiladas por el gobierno de Macri en septiembre pasado. La suma de los montos es equiparable a la compra de 25.000 respiradores artificiales que podrían reforzar el sistema sanitario en crisis; y es 14 veces lo asignado por el gobierno como partida especial para salud en marzo.
Todo este esfuerzo para evitar el default -que se complementa con aproximadamente 150.000 millones de pesos pagados a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el año- podría sin embargo no ser suficiente para evitar una cesación de pagos. La fecha crítica que se avizora ahora es el 22 de abril, cuando vencen otros 500 millones de dólares.
Las complicaciones no solo derivan de las disputas por cuál va a ser la quita o los plazos sobre los bonos reestructurados en poder de los bonistas (ya que sobre los 44.000 millones que debe al FMI no se estarían negociando recortes).
El aspecto crucial es que los tenedores de bonos desconfían de la capacidad de pago de la Argentina, siendo que las nuevas proyecciones arrojan que el PBI nacional se contraería hasta un 6,7%. A ello hay que sumar la caída de la recaudación, no solo por menor actividad sino además por los rescates a los capitalistas; un ejemplo es que se estudia modificar las retenciones petroleras, para pasar del 12% actual a un esquema móvil que eximiría de gravámenes las exportaciones en caso que el precio del barril caiga por debajo de los 30 dólares.
Reflejo de esta desconfianza es que la cotización de los bonos ya cayó por debajo del 30% de su valor nominal, algo que no sucedía desde el default de 2001. Estamos ingresando en zona de fondos buitre, no solo por lo barato de los bonos sino también porque las inyecciones de liquidez de la FED y el Banco Central Europeo, con tasas 0 o negativas, convierten la especulación de los buitres en un negocio extraordinario. Por otro lado, la caída en la cotización de activos que ofrecen garantías mucho mayores de pago pueden estimular a los actuales tenedores a vender sus posesiones argentinas para pasarse a inversiones más seguras.
El bajo nivel de operaciones no evidencia todavía que los fondos buitre estén comprando masivamente bonos argentinos, pero un empantanamiento de la negociación podría decantar rápidamente en un cuadro de este tipo. Por otro lado, como sugiere un especialista (Clarín, 29/3) la atomización de tenencias plantea la posibilidad de que con una posición no muy grande ciertos fondos puedan bloquear un acuerdo, como hizo Fidelity en enero cuando forzó a Kicillof a pagar al contado 277 millones de dólares por el BP21.
Las consecuencias de este rescate de una deuda quebrada no solo se expresan en el consumo de los recursos fiscales y cuasi fiscales (los adelantos del BCRA), sino además en el salvataje que se lleva adelante con los fondos del Anses. Estos días el gobierno volvió a enchufar nuevos bonos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para evitar pagarle vencimientos, y el mes que viene haría lo mismo con otros vencimientos por 2.300 millones de dólares. Este camino fue allanado con la ley de emergencia sancionada en diciembre, que permite aumentar las tenencias en bonos públicos del 50 al 70% del FGS. Producto de estas operaciones este fondo ya perdió en los últimos dos años el 50% de su valor.
La crisis sanitaria promete agravarse al compás del pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Más que nunca, planteamos la investigación y el no pago a los especuladores.

Iván Hirsch

"Hoy se pagan U$S 200 millones de deuda. Deberían ser para enfrentar la crisis"// Eduardo Belliboni

Pandemia, salud y economía

Existe una falsa dicotomía entre salud y economía, tal como interesadamente se la quiere visibilizar en estas horas. El argumento es que está bien el aislamiento, la cuarentena, pero que al mismo tiempo se destruye la economía por efecto de la recesión inducida, la que agrava un trayecto de arrastre de más de dos años. Son argumentos para condicionar la decisión de ampliación de la cuarentena, que, si observamos la breve historia del COVID19, resulta lo adecuado desde la política pública para evitar los contagios, lo que supone aplanar la curva de contagios de la población. Les preocupa a los grandes empresarios y a sus intelectuales, profesionales, comunicadores o periodistas, la ausencia de ganancias durante la cuarentena. Se escudan en el argumento que no podrán pagar salarios e incluso, reconocen los millones que viven de la diaria, de un trabajo cotidiano informal, en muchos casos no inscriptos por la impunidad empresarial. Es cierto que el aislamiento afecta a buena parte de la economía, pero existen actividades esenciales que continúan su actividad, por caso la industria de la alimentación, de la medicina, o el servicio de traslado y distribución de las mismas y otras mercancías. La actividad productiva de alimentos o de medicamentos no está parada, ni tampoco la actividad de exportación de la producción primaria, que genera actividad en los puertos. ¿Incluso, y no menor, siendo esto así, porque aumentan los precios de los alimentos, cuando los precios están congelados al 6/3?
Hay presión del poder económico porque les preocupa la ganancia, sus ganancias, caso evidente con el grupo Techint despidiendo 1450 trabajadores. Un grande de la economía local y mundial que acumuló a costa del Estado. Ese acumular de cuantiosas ganancias le permitió una expansión más allá del territorio nacional para constituirse en un grupo transnacional con origen en el país, pero con actividad y especialización del primer nivel en varios países del sistema mundial. Si no puede aguantar el costo de esos salarios, la sociedad debe discutir cómo enfrentar estas acciones ante el incumplimiento de las disposiciones y sugerencias relativas a no despedir y a conservar empleo, entre ellos, créditos pre acordados sobre la nómina salarial.
En torno a la crisis del 2001 se generalizaron experiencias de “recuperación de empresas” y la autogestión por las trabajadoras y los trabajadores pasó a ser una respuesta de los afectados por la recesión y la crisis. Habrá que pensar, en la coyuntura, los cursos de acción a tomar desde la sociedad e incluso desde el Estado, para inducir una nueva institucionalidad en el orden económico.

¿Salud versus economía?

No se puede dividir el razonamiento entre salud y economía. Qué habría ocurrido si la inversión pública por años se hubiera orientado a consolidar y fortalecer integralmente la salud, a contramano de una lógica ideológica de retirada del Estado de la inversión, donde lo único que valía era la iniciativa privada, el estímulo a la inversión privada, incluso externa. En el mismo sentido y extendido a la situación de la economía mundial, imaginemos un mundo donde el gasto en salud (también en educación) fuera similar al gasto militar o a las inmensas remesas destinadas a cancelar deudas públicas externas, en muchos casos ilegitimas u odiosas, caso de la Argentina.
No sorprende la dinámica militar en sus desplazamientos por el mundo y lo que podría generarse si la previsión de los Estados estuviera puesta en la salud de la población. Si el eje fueran los derechos humanos, el mundo podría tener brigadas internacionales de solidaridad, tal como lo hace Cuba, que a propósito del coronavirus ofrece asistencia a 13 países que demandaron la efectiva participación sanitaria de la Isla. Qué curioso, los países hegemónicos del sistema mundial pueden desplazar contingentes militares y sus equipos con eficiencia, e incluso desarrollar tecnología de guerra que actúa sobre el planeta como si fuera un solo territorio. El despliegue de bases y tropas suponen un gasto enorme, que, aplicado a salud, más la cooperación internacional, aseguraría el combate a cualquier pandemia. La política nacionalista, de America First, impide la cooperación de los países que mejor resolvieron la situación, por caso China. La realidad es que Trump estigmatiza a su competidor global designando al coronavirus con la identificación de “virus chino”. La impotencia o la soberbia puede ser grave para un país que lidera el número de contagiados, superando los 143.000 afectados y sumando más de 2.500 fallecidos.
Los países que hoy constituyen el foco de contagio debieran promover la cooperación internacional y no la competencia entre ellos para ver quien resuelve la vacuna antes de tiempo. Es momento de cooperación y no de competencia. Es tiempo de aprender de quienes anticiparon propuestas que a ojo vista han resultado adecuadas. Mientras antes se resuelva la pandemia más rápido se recuperará la actividad económica, pero claro, ¿habrá que discutir si se pretende volver a una “normalidad” sustentada en la súper explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de la naturaleza? Es grave que hace pocos días se reuniera virtualmente el G20, para no resolver más que diplomáticas declaraciones. En el mismo sentido se pronuncia el FMI, que solicita tener en cuenta las necesidades de los países con sectores sociales vulnerables, al tiempo que aconseja el ajuste y las regresivas reestructuraciones de la economía. Resulta interesante el mensaje del presidente argentino al G20, pero desoído por la hegemonía del capitalismo global.

Argentina

Respecto de la Argentina se destaca el accionar preventivo en materia de salud e incluso diferentes medidas con el ojo puesto en sectores muy necesitados, y claro que eso no alcanza, pero es el rumbo que debe enfatizarse. El abastecimiento básico no está asegurado en los territorios de la pobreza y de la indigencia. Es más, los precios de la carne, frutas y verduras suben, ni hablar de otros bienes en circulación que hacen a la vida cotidiana. Estos bolsones de pobreza son consecuencia del orden capitalista, en Argentina y en el mundo, más aún con la lógica neoliberal impuesta desde el 1975/76 en adelante, con los matices defensivos en el periodo. La pobreza es un crimen, como el deterioro de la salud pública. Mercantilizar la salud fue un crimen y hay que revertir el proceso, centralizando en la gestión pública el derecho a la salud.
Por eso, es que insistimos que todos los recursos deben orientarse a satisfacer derechos, en primer lugar, la salud, claro que también la educación e incluso otros, pero en la pandemia, la salud es el privilegio. No se debe destinar un solo peso o dólar a la cancelación de la deuda si previamente no se realiza una auditoria con participación popular y se define que parte es legal, legitima y en esa condición establecer el calendario de afectación de recursos, insistamos, con privilegio en la salud. Eso es: infraestructura hospitalaria, camas, respiradores, insumos, seguridad de las/os trabajadoras/es. Es común en estos tiempos la realización de asambleas de trabajadores reclamando medidas urgentes sobre equipamiento, ni hablar de salarios, de profesionales, enfermeras/os, camilleras/os, administrativas/os, etc. No alcanza con el aplauso colectivo, hace falta presupuesto y centralidad del Estado, en el país y en el mundo.
Salud es economía, y debemos constatar que existen millones que no pueden hacer cuarentena porque hay hacinamiento, ausencia de ingresos y por tanto deben salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o merenderos. Hay imposibilidad de asumir el aislamiento para millones de personas empobrecidas, esos que el INDEC cuenta por encima del 35% de la población en nuestro país. El mismo INDEC alude a casi 400.000 millones de activos de argentinos en el exterior, el 84% del sector privado, con una deuda de 330.000 millones de dólares. La repatriación de esos capitales o la aplicación de un impuesto de emergencia es una necesidad inmediata.
Está bien preocuparse por la economía, la inflación actual y la recesión, sí, pero no por el camino del lobby “gran empresario” y sus voces ampliadoras, inspirados en las diatribas de los Trump o los Bolsonaro. Hay que actuar rápido para sostener la economía popular, por lo que no debe haber despidos e incluso sustentar las paritarias virtualmente, como se promueve para las clases en el sector educativo. Los docentes deben adecuarse a las nuevas modalidades a distancia, bueno, los convenios colectivos de trabajo pueden discutirse también virtualmente.
No hay excusa, la economía importa e interesa y hay que pensar en el sector más empobrecido. Resulta imprescindible articular una política conjunta entre autoridades, movimientos populares, sindicales, territoriales, de jubilados, para estimular la auto-gestión entre trabajadoras/es y el Estado, incluso el sector cooperativo y las pequeñas y medianas empresas. En el eje de este comentario está asegurar la alimentación para el conjunto de la sociedad. En el país no debería haber hambre.

Julio C. Gambina

Pandemia y revolución: pantallazo sobre Argentina y el mundo

A finales de marzo, diez días después de decretado el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional, Argentina muestra síntomas de agotamiento y creciente malestar en todos los estratos de la sociedad.

Noticias provenientes de los centros metropolitanos tienen sobre ascuas a la población informada: con excepción de China, la pandemia no cede y provoca un cataclismo humano, mientras las bolsas sufren un derrumbe sin precedentes y adelantan una caída catastrófica de la economía mundial. Se pronostica una disminución del 20% en el producto interno bruto estadounidense.
Abril será un mes crucial. Según el ministerio de Salud, el pico de la pandemia en Argentina sobrevendrá a mediados de mayo. Datos de otro orden indican que la crisis de la deuda tendrá su punto culminante también a mediados de mayo, momento cuando el gobierno asumirá una renegociación con los acreedores o, como todo indica, se declara en cesación de pagos. También para ese momento, según adelantan econometristas locales, la extensión de la cuarentena pondrá al aparato productivo-comercial del país en situación de colapso tanto más extenso e incontrolable cuanto más se prolongue la parálisis ordenada por el Ejecutivo. Mayo es entonces un límite señalado por todos como punto de imposible continuidad para el orden socioeconómico vigente.
De modo que el país afronta a plazo fijo el riesgo de una tremenda convulsión, con base en la desarticulación del aparato productivo, con raíces estructurales llevadas al paroxismo por la cuarentena, combinado con un colapso sanitario. Ambos aspectos serán considerados más abajo, luego de exponer con el máximo de simplificación, temas imprescindibles para interpretar la situación actual y su proyección desde una perspectiva diferente a la preponderante en los medios de difusión.

La sociedad frente a la crisis

Hay alarma en las clases dominantes y en todos los niveles de gobierno. Se multiplican signos indicadores de dos fenómenos inseparables: falta de autoridad central y aparición de aspirantes a minicaudillos, que desde sitiales mínimos obran contra las decisiones del Ejecutivo nacional, rompen descaradamente el orden constitucional e instauran el reinado del capricho y la arbitrariedad. Una impensable “dictadura de concejales”. De allí hay apenas un paso a la violencia. La ya añeja dinámica de disgregación nacional alcanza nuevos e inesperados límites: intendentes de minúsculos distritos desafían a gobernadores y a la Casa Rosada.
Mientras tanto, aterrorizadas ante la amenaza del Covid 19 las clases medias urbanas han producido otro milagro argentino: se aferran al balbuciente y desencajado presidente Alberto Fernández, quien sólo alcanza fluidez en el lenguaje cuando insulta a ciudadanos indisciplinados (“idiotas”, “imbéciles”, los llama, desde el sillón de Rivadavia y con la bandera nacional detrás). Pocos admiten que esa indisciplina social es, aparte razones culturales de las que nadie podría enorgullecerse, un rechazo a quienes ejercen cargos ejecutivos: “¿qué autoridad moral tienen estas personas para decidir qué hago con mi vida?”, se preguntan explícita o calladamente millones de jóvenes. En las franjas arrojadas a la marginalidad o la miseria, ni siquiera existe la pregunta: nadie toma en cuenta a los funcionarios. En las clases medias, sin otro parámetro que el individualismo, la respuesta oscila entre la aceptación temerosa y el desacato irracional. Aun así, una mayoría parece respaldar las medidas oficiales que obligan a reclusión dispar, a menudo caprichosa.
Esas mismas clases medias girarán en redondo mañana, cuando la extensión del encierro se les haga insoportable. Pero está en su naturaleza social votar ayer a Alfonsín, después a Menem, más tarde a De la Rúa, luego al matrimonio Kirchner y después a Macri, para volver enseguida a lo que supusieron un refugio, del que ya comienzan a renegar.
Otro es el clima en la gran burguesía. Ésta comprueba la imposibilidad para cualquiera de sus fracciones de imponerse a las demás, como resultado de lo cual, a más de cien días de gobierno, Fernández no tiene plan económico ni equipo que pueda siquiera diseñarlo y proponerlo. Si para grandes sectores de la sociedad la irrupción del coronavirus es por ahora un atenuante que ayuda a soportar la incertidumbre económica mientras todo se agrava a ritmo descontrolado, el capital hegemónico discute con vehemencia la así denominada “opción por la salud”, en detrimento de “la economía”. Y observa, con temor cercano al pánico, hechos a la vista de todos: parálisis del equipo económico, caída vertical de la producción y el comercio, ausencia de un Ejecutivo nacional con capacidad de mando, desesperación y eventual explosión de sectores marginalizados que en situación de cuarentena no tienen posibilidad de cumplir con el aislamiento y a la vez quedan sin el acceso a tareas informales que le permiten sobrevivir día a día. En otras palabras: se paraliza el giro económico, pero no la contaminación masiva.
Ya los grandes medios de prensa han virado su orientación; comienzan a cuestionar el recurso de la cuarentena casi total y a buscar un punto intermedio entre “salud” y “economía”. En pocos días más ese alineamiento se trasladará a las atribuladas capas medias, confinadas en un departamento de 60, 80, 100 o 200 metros, según el estrato al que correspondan, situación en cualquier caso insoportable para una conciencia moldeada en el individualismo y la ventaja personal.
Imposible medir con instrumentos ciertos la conducta de la clase trabajadora. Convencida una gran parte de que es “clase media”, tenderá a comportarse como los sectores más bajos de aquéllas. Otras franjas, presumiblemente, tomarán distancia del gobierno y reclamarán sus reivindicaciones económicas, como le propone, con rara unanimidad por el suicidio, el infantoizquierdismo. Hasta la fecha no se conoce una sola declaración –ni hablar de un documento conceptual con orientaciones estratégicas- de las cúpulas sindicales, algunas de las cuales ofrecen caritativamente hospitales sindicales para atender la emergencia. Será difícil reaparecer con ropajes de dirigentes después de esta omisión vergonzosa. La mano de obra excedente, o “ejército de reserva” -como se denominaba a la masa de desocupados y subocupados cuando las palabras no eran empleadas para ocultar y engañar- estará más que nunca a la merced de maniobras políticas. No ya para votar en una elección, sino para volcar el peso de la sociedad hacia una revolución o el fascismo.
En este panorama social, el país ingresa a una segunda fase de resistencia a la pandemia mientras el mundo ilustra, con la inmediatez de nuevos medios de telecomunicación, un panorama de enfermedad y muerte.
El jueves 26 desembarcaron tropas del Ejército en La Matanza, el distrito bonaerense de mayor concentración de habitantes, máxima pobreza y rampante marginalización de seres humanos. Llevan comida a los desesperados y promesa de orden al gobierno y las franjas sociales con mucho o poco por perder. Aunque imperceptible, éste es el hito indicativo de una nueva etapa en la crisis argentina. Pero no conviene sacar conclusiones apresuradas: nadie entre estos actores, en primer lugar el gobierno, tiene la posibilidad de trazar un curso de acción. Sin base de sustentación propia, el de Alberto Fernández es un Ejecutivo librado exclusivamente a cambiantes resultantes de relaciones de fuerza interburguesas, sólo marginalmente determinadas por el elenco oficial. En medio de la tormenta internacional y nacional, Argentina navega al garete.

Teoría y política

¿Priorizar la salud o la economía? En las últimas horas se oye una y otra esta pregunta. Compelidos por las exigencias de una pandemia devastadora, la repiten todos quienes llevan la voz cantante en los medios masivos.
Al decir salud refieren a la sociedad como conjunto. Economía alude a un arcano al que entienden como la manera de obtener dinero, de pagar o recibir salarios u otras formas de ingreso monetario.
En ese esquema, optar por la salud es un camino recto y breve para obtener galardón de progresista. Es lo que hizo el gobierno. Poner la economía en primer lugar, en cambio, es prueba del más rancio espíritu reaccionario o, como gustan decir ahora, “neoliberal”. Con el transcurrir de las semanas, autores alarmados ante las perspectivas ya palpables han llegado a la conclusión de que es necesario combinar ambos términos. No se ve que den un paso más allá.
Si se trata de optar entre salud y economía, está claro que una no propende a la otra. Nadie ha cuestionado hasta el momento el absurdo de semejante dicotomía. Esto no ocurre por la torpeza de quienes incurren en ella sino porque esa es, efectivamente, la opción en un sistema capitalista. Ni tirios ni troyanos pueden admitir que, al límite, optarán por la defensa del sistema, es decir, en contra de la salud.
Hace algo más de un siglo la nueva ciencia nacida como Economía Política, perdió el apellido y, junto con él, la condición de disciplina científica. Pasó a ser apología. En lo que acaso fue la más cruel ironía de la historia, el naciente sistema capitalista, que produjo un salto gigantesco de la humanidad y con él impulsó la aparición de una ciencia que lo explicaba, a poco andar la desmanteló hasta convertirla en su contrario: un instrumento que impide incluso a sus más lúcidos intérpretes comprender el fenómeno que tienen delante. Adam Smith, quien por supuesto no era economista y como filósofo comenzó a desentrañar las leyes del capitalismo, fue negado por sus acólitos, no antes de que cantara un gallo, sino cuando el sistema ya consolidado comenzó a tener convulsiones que amenazaron su continuidad.
La Economía Política es la ciencia que estudia la relación entre los seres humanos en el esfuerzo por extraer de la naturaleza lo necesario para vivir y hacerlo cada vez en mejores condiciones.
Por el contrario, la disciplina ahora denominada Economía, impartida en las universidades de todo el mundo, enseña a garantizar la obtención de plusvalía. Cuando la inexorable ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia reaparece con inusitado vigor, la encomienda es encontrar los mecanismos para torcer la curva y sostener así el edificio tambaleante. Según la sensibilidad (y otros rasgos, a considerar más adelante) del profesional de esta función, esa masa de plusvalor será destinada en mayor o menor proporción al Estado o a manos privadas. Furibundos “estatistas” y acérrimos “neoliberales” coincidirán sin embargo en negarse a cuestionar el sistema de producción, incluso si lo ven balancearse al borde del abismo.
En otras palabras: la apología impartida en las universidades como Economía, impide comprender la realidad en todo aquello que no sea maximizar la tasa de ganancia del capital. Por eso la buena gente licenciada en esa pseudo ciencia ahora se debate entre prolongar la cuarentena para evitar muertes en escala probablemente muy elevada, o reiniciar cuanto antes la actividad para recuperar la cotidiana extracción de plusvalía y sostener así la continuidad del sistema. Está excluida en esa diatriba la posibilidad de entender que “la economía” (es decir, la producción, el trabajo manual e intelectual realizado por toda la sociedad, en la salud y la enfermedad) es la base de cualquier forma de inmunidad para la especie humana. Está igualmente excluida la evidencia de que el capitalismo enferma psíquica y físicamente a la inmensa mayoría y sólo cura a una porción para quitarle también por esa vía una parte de su trabajo, mediante la medicina privada, las así llamadas “obras sociales” de empresas sindicales o la desatención pública.

Vacuna anticapitalista o epifanía keynesiana

Estados Unidos acaba de aprobar el vuelco de 2,2 billones de dólares al mercado, en desesperado intento por frenar el descenso hacia una depresión universal. Son 2.2 millones de millones de dólares (2.200.000.000.000.000.000). Si usted asimiló el número, tendrá una idea del dislate. Si no pudo hacerlo, su idea será más precisa.
Cifras más modestas, aunque igualmente desmesuradas, debate la Unión Europea para evitar que además de la depresión, sobrevenga la invasión económica estadounidense. En latitudes menos favorecidas por la acumulación primitiva de capital, presidentes convenientemente coucheados propusieron en la reciente reunión virtual del G-20 que los más afortunados proveyeran a sus países fondos suficientes para relanzar, también al Sur del Río Bravo, economías ahorcadas por la fatídica combinación de crisis propia, coronavirus y desmoronamiento de las grandes metrópolis. Un hallazgo de intrepidez política.
Años atrás, en coincidencia con el inicio de la contraofensiva estratégica de Estados Unidos, comenzó a penetrar en franjas de la intelectualidad la idea de que para enfrentar a lo que dio en llamarse “neoliberalismo”, lucifer postmoderno, era preciso aferrarse en la coyuntura al keynesianismo. Si alguien supone que cambiar capitalismo por neoliberalismo y marxismo por keynesianismo era una operación estratégica de los ideólogos del capital, está parcialmente errado: no todos eran intelectuales comprados al contado por universidades prestigiosas. Un número considerable sucumbió a la engañifa como resultado de la debacle teórico-político universal, acentuada al extremo desde el derrumbe de la Unión Soviética. Como quiera que será muy difícil diferenciar a unos de otros, lo cierto es que desde la socialdemocracia internacional esa noción penetró en todo el mundo, en América Latina con eje en el PT de Brasil y en el peronismo a la sazón gobernante en Argentina. Funcionarios importantes de muchos otros gobiernos de la región, algunos por entonces impensables, sucumbieron a ese coronavirus ideológico que devastó direcciones partidarias, centros de estudios y equipos asesores de alto nivel. Quienes por entonces declaramos la pandemia, no tuvimos eco. Hasta cierto punto, es nuestra responsabilidad.
Ahora toca a quienes, para afrontar la crisis, eligieron como enemigo al denominado “neoliberalismo” y propusieron “fortalecer el Estado” (sin apellido, por supuesto), declarar su lúgubre error estratégico o… ¡sumarse a Donald Trump como paladín del neoliberalismo! Los más progresistas pueden aferrarse a Macron o Sánchez (“que no es lo mismo pero es igual”). No hay duda de que muchos lo harán.
Obrar con seriedad requiere, sin embargo, apartarse de todos ellos. La inyección de dólares o euros en cifras siderales a la economía mundial puede –y no es para nada seguro- posponer la depresión, pero en modo alguno logrará revertir la aceleración de la competencia interimperialista, la dinámica de desagregación y confrontación bélica entre las principales potencias y de éstas con los países subordinados, sobre todo con aquellos ricos en energía y alimentos.
El mundo ingresa a un período de crisis económica en cadena. En última instancia está el cuello de botella representado para el capitalismo por el excedente inmanejable de mercancías. Si se asume que en este sistema el trabajo humano es una mercancía y que ésta sobreabunda en volúmenes inmanejables, quienes se burlan del ínclito Trump, de Boris Jhonson o Jair Bolsonaro, deberán reconsiderar su actitud: ellos representa el ala menos hipócrita del capital, consciente de que o bien elimina a millones de excluidos del sistema, o bien serán excluidos por estos.
En una nota anterior (Coronavirus, crisis global y coyuntura regional) quedó afirmado que el colapso bursátil provenía inicialmente de la pugna intercapitalista, que llevó a Arabia Saudita y aliados en la ocasión, a chocar de frente con las petroleras estadounidenses, especialmente aquellas productoras de shale oil. Era obvio que esta nueva situación empujaba a Washington a acelerar su embestida contra el gobierno de Venezuela. Así se explica la descarada violación de las leyes internacionales por parte de Estados Unidos al denunciar a Nicolás Maduro como narcotraficante y poner precio a su cabeza. El riesgo de una invasión militar contra la Revolución Bolivariana es mayor al de otras oportunidades. Y la necesidad de actuar según una estrategia de frente único antimperialista, más urgente que nunca. Que Trump actúe según el guión de malas películas del Far West no excluye una lógica consistente en su conducta: es el acorralamiento económico y estratégico del imperialismo lo que guía los pasos del funambulesco presidente estadounidense, consagrado ahora como el keynesiano más prominente de la historia.

Un mundo post-coronavirus

Otra noción de moda es que habrá una Argentina y un mundo diferentes cuando concluya esta coyuntura sin precedentes, en la que más de dos mil millones de habitantes del planeta aceptan de buen grado permanecer en confinamiento.
Eso es verdad, puesto que si en rigor nada es igual a sí mismo, tanto menos lo será tras atravesar situaciones como la actual. Pero la idea de que el sufrimiento y las inexorables pérdidas que dejará como saldo la pandemia, pondrán automáticamente a la humanidad en un escalón superior, carece de fundamentos.
Es altamente probable que se produzcan, a término, grandes choques políticos y sociales en todos los planos. Sólo está excluido –hasta el momento y no por mucho tiempo- la confrontación de clase contra clase. Pero esto es harina de otro costal, que habrá de cernirse en otro momento.
En tanto, la lucha social espontánea y sin fronteras previsibles se incrementará. Y se abrirá un espacio extraordinariamente grande para avanzar en la conciencia y la organización de las masas. En Argentina, no sólo las clases dominantes, sino los propios sectores medios, han necesitado esta pandemia para descubrir la dimensión inabarcable de la pobreza y la marginalización a que han sido arrastradas millones de personas en los arrabales de todas las grandes ciudades del país. Ahora la burguesía despliega un esfuerzo más parecido a la desesperación para evitar que esas masas despojadas de todo descubran, por ejemplo, que las clases dominantes les temen; descubran que les llevan comida, les dan dinero le hacen promesas vacías, para que tengan el mínimo imprescindible y no se lancen a la calle.
Los de arriba todavía tienen instrumentos para ganar o al menos salir bien parados de la primera batalla. Y los de abajo todavía no rechazan abiertamente vivir como hasta ahora. Pero aquéllos en hipótesis alguna podrán ganar la guerra sin destruir por completo el entramado institucional que hoy sujeta a la sociedad. Si lo hacen, por decisión consciente o fuerza ciega de los acontecimientos, completarán el desmantelamiento del sistema político-social que viene llevando a cabo la crisis, como silencioso topo. Si el mundo tiene como primera referencia para la situación actual el colapso de 2008, en Argentina ese punto está en el estallido de 2001. A eso tiende la crisis actual, sólo que en un cuadro incomparablemente más grave que entonces. La imagen de diputados huyendo despavoridos por las inmediaciones del Congreso para que no los alcanzara la turba, no es una fotografía del pasado.

Luis Bilbao
@BilbaoL

Aunque millones no tienen para comer, el Gobierno les pagará a los grandes especuladores



El Gobierno desembolsará U$S 250 millones en intereses de deuda, representa nueve veces más que el fondo especial de $ 1.700 millones para reforzar el sistema de salud. En vez de destinar esa suma a fortalecer el presupuesto se prioriza pagar a los especuladores.
En plena pandemia y crisis social, el Gobierno sigue destinando recursos a pagar la deuda. Este martes el ministro de economía, Martín Guzmán, piensa desembolsar U$S 250 millones (equivalente a $ 16.375 millones) al pago de intereses del bono Par.
Aunque la negociación de la deuda ha perdido relevancia mediática frente al avance del coronavirus que ha transformado la realidad nacional y mundial, esta sigue más vigente que nunca. El gobierno mantiene una firme voluntad de pago, destinando millones a “honrar los compromisos” con los bonistas mientras miles de familias pierden su empleo, o ven disminuir sus ingresos por trabajar menos horas debido a la cuarentena obligatoria.
La crisis afectará a los sectores más vulnerables, pero la negociación de la deuda continúa. En este marco, el martes se pagarán los cupones de renta de los bonos Par -emitidos en la reestructuración de la deuda que cayeron en cesación de pagos en 2002– tanto bajo jurisdicción nacional como extranjera; y nominados en dólares, pesos, euros, y yenes.
Alberto Fernández en una entrevista que le dio a la Televisión Pública afirmó "los acreedores privados deben dejar de cobrar intereses a los países en deuda porque no es posible pagarlos hoy en día". Sin embargo, no cumple con sus afirmaciones, millones se destinarán al bolsillo de los especuladores.

¿A cuánto equivalen los U$S 250 millones?

Ese monto se podría destinar a aumentar el presupuesto de Salud en medio de la crisis. Los U$S 250 millones o $16.375 millones representa 9 veces más que el fondo especial de $ 1.700 millones destinado por el Gobierno para reforzar el sistema de salud, en el medio de una pandemia de magnitud sin precedentes.
También se podrían construir un hospital de 900 camas y un hospital de 200 camas, o costear 4 millones de test masivos.
Además, los U$S 250 millones equivale a casi a la mitad del gasto destinado al "Ingreso Familiar de Emergencia", que otorga $ 10.000 a 3.5 millones de hogares vulnerables. Un monto completamente insuficiente, que condena a amplios sectores al hambre y la miseria.
Mientras los recursos siguen yendo a una deuda odiosa, aún hay faltantes de alcohol, alcohol en gel no hay testeos masivos. Mucho menos camas y respiradores suficientes para disminuir el número de muertes evitables ante el pico del virus.

Comienza la cuenta regresiva para Guzmán

Coronavirus de por medio, los “mercados” dan por descontado que no se cumplirá con la fecha fijada por Martín Guzmán para acordar con los acreedores, el 31 de marzo. Esta semana continuarán las reuniones virtuales con los acreedores, y se espera que la oferta para el canje de los U$S 68.842 millones con los privados, se dé a conocer en estos días.
A pesar del hermetismo oficial, se espera que Guzmán presente una oferta “agresiva” que incluiría la extensión de plazos de vencimiento con 3 o 4 años de gracia -es decir sin pagar un solo dólar durante ese lapso- y con quita en intereses cercana al 40%/50%. Hasta el momento gran parte de la deuda a reestructurar está en manos de fondos de inversión, que teniendo en cuenta el valor de los bonos argentinos alrededor del 30% (de valor de papel o paridad), podrían acceder a la propuesta por considerarla atractiva.
Pero si los bonos argentinos siguen cayendo, debido al contexto internacional (hundimientos de las principales bolsas, de los precios del crudo y perspectivas económicas que empeoran día a día), quedaría la puerta abierta para la entrada de los buitres. Es decir, los fondos de inversión podrían desprenderse de los bonos, que pasarían a manos de los fondos buitres que tienen otra estrategia: no negociar y esperar a cobrar todo sin quita alguna, cuando pase el temblor.
Para ir cerrando, en el mundo las potencias imperialistas han avanzado en rescates históricos poniendo plata en empresas para disminuir los despidos, y algunos en subsidios sociales como respuesta a la crisis abierta. En el estado Español han prohibido despidos, en otros países se nacionalizan líneas aéreas, se reconvierten líneas de producción. Claro que buscan “salvar” este sistema de producción de un colapso mayor, y es claro que han sido responsables de esta situación de abandono de la salud pública y creciente desigualdad social.
En Argentina seguimos pagando una deuda odiosa, con recursos que deberían ir destinado a las necesidades sociales para enfrentar esta pandemia. No se puede destinar un peso más, tiene que haber un repudio soberano de la deuda externa. Llevar adelante un plan de emergencia ante la crisis, establecer la prohibición de despidos y suspensiones con rebaja salarial, la centralización de todo el sistema de salud, entre otras. Esta crisis no se tiene que descargar sobre los trabajadores y los sectores populares.

La Izquierda Diario

Coronavirus y salud laboral: las cosas que nunca cambian

La pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 vino a cambiar mucho del mundo que conocíamos. Pero hay cosas que no cambian nunca. Una de ellas es el desprecio de los empresarios por la salud de los trabajadores. Los ejemplos son cientos

Basta ver las redes sociales: hijos que maldicen porque sus padres son obligados a trabajar a pesar de ser población de riesgo. Trabajadoras que denuncian que para no morir de hambre tienen que trabajar en condiciones que las exponen directamente al contagio.
Lxs trabajadores del aeropuerto de Ezeiza son enviados a atender vuelos que llegan con cientos de infectados sin los más mínimos elementos de bioseguridad. Reclaman por su salud, las de sus familias y sus vecinos. Finalmente las mediadas de seguridad llegan.
Pero la empresa GPS, tercerizada de Aerolíneas Argentinas, despide a quienes organizan el reclamo. Como denuncian lxs trabajadores: “un día nos dijeron héroes por atender los vuelos de repatriación y al día siguiente nos despiden por pedir medidas de seguridad”.
Lxs trabajadores de Farmacity reclaman que el gigante farmacéutico adopte mediadas de seguridades básicas. Piden que se atienda por ventanilla para reducir el contacto, que se licencie al personal de cosméticos por no resultar una actividad esencial y que se reduzca el tiempo de trabajo para disminuir las posibilidades de contagio. El reclamo llega a la empresa y amenaza con despidos. Hay cosas que no cambian.
En nuestro país la ley laboral es clara. El artículo 75 de la Ley de Contrato de trabajo establece que los empleadores deben: “adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores” y que los mismos están obligados “a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo.” Es decir que el empleador está obligado a tomar todas las medidas de seguridad y de prevención para preservar la salud de los trabajadores.
Y si no cumple, el mismo artículo 75 le otorga al trabajador el derecho de negarse a seguir realizando las tareas sin que se vea afectado su salario. El citado artículo dice “El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasiones pérdida o disminución de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca”.
Esta solución ya se encontraba presente en el artículo 83 de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974. Pero, no casualmente, la dictadura cívico militar derogó el párrafo que le reconocía al trabajador el derecho de “retener” tareas si su patrón ponía en riesgo su salud o su vida. La redacción actual del artículo 75 retoma lo ordenado por la formulación que de ese instituto legal hizo la ley laboral de 1974 por lo que actualmente el derecho de retener tareas se encuentra plenamente vigente.
Pero entonces ¿como se explica que, en medio de una pandemia de carácter histórico, no se generalice la aplicación de este derecho?
En primer lugar porque en la argentina no se encuentran prohibidos los despidos. De hecho la principal empresa del país, Techint, despidió hace pocos días a 1.500 trabajadores. Entonces, quienes son obligados a trabajar sin los más elementales medios de bioseguridad, lo siguen haciendo. Y esto es así ya que, si bien la ley les otorga el derecho a retener tareas sin sufrir descuentos salariales, lo cierto es que los empleadores podrían, pagando la indemnización que establece la ley, despedir a quien haga uso del derecho de retención. De allí la importancia vital del reclamo de que se prohíban todos los despidos en la argentina que vienen levantando los referentes del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
En segundo lugar, si bien el derecho de retención puede aplicarse individualmente, lo cierto es que la eficacia del reclamo es completamente distinta si ese derecho se ejerce colectivamente. La burocracia sindical brilla por su ausencia y abandona a su suerte, en medio de una pandemia histórica, a millones de trabajadores. No se conoce, a pesar de los miles de despidos y suspensiones que se producen todos los días, que se hayan puesto al frente de reclamo alguno.
En tercer lugar, los derechos laborales son un sueño inalcanzable para los millones de precarizados y trabajadores no registrados en nuestro país. Trabajadores que se encuentran abandonados y despreciados desde hace décadas por las mayorías de las cúpulas sindicales de nuestro país.
Por último resulta indispensable la conformación de comisiones de seguridad e higiene que imponga la aplicación de protocolos, medidas estrictas de higiene y la entrega de materiales de bioseguridad adecuados a los trabajadores expuestos al contagio del Covid-19.
Los trabajadores aeronáuticos del Aeroparque Jorge Newbery están desarrollando un significativo ejemplo en ese sentido. La comisión de seguridad e higiene conformada en Aeroparque realizó reuniones con delegados y trabajadores de varias empresas (como GPS, Aerolíneas, LATAM y SERZA) y decidieron realizar una presentación exigiendo que el estado nacional garantice: test, capacitación, elementos de higiene y que se adopten medidas de bioseguridad. También exigieron un transporte especial (para no poner en riesgo al resto de los trabajadores de sectores esenciales). También exigieron que se prohíban los despidos, las suspensiones y se garantice las licencias permitidas con el goce del 100 % de las remuneraciones.
Los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) venimos acompañando esta experiencia y poniendo nuestra profesión al servicio de estas luchas que enfrentan el desprecio por la salud y la vida de los empresarios.

Carlos Platkowski
Abogado CeProDH
Lunes 30 de marzo | 17:44

lunes, 30 de marzo de 2020

No hay tal “dureza presidencial” sin prohibir los despidos



Alberto Fernández al extender la cuarentena hasta el 13 de abril rugió “voy a ser muy duro con quienes especulan con esta situación y con quienes despidan gente”. ¿Será así, es eso posible? ¿Frenará el Presidente todo despido? La cuestión de los “especuladores” la dejamos para otro trabajo, porque los precios de ciertos alimentos se han ido por las nubes sin la menor reacción oficial.

Infobae arriesga que el destinatario del mensaje duro sobre despidos es Paolo Rocca de Techint, que anunció el despido de 1.450 trabajadores de algunas de sus obras en marcha. El gobierno cita a las partes, patronal y Uocra, en el Ministerio de Trabajo para discutir el sonado tema. Por lo pronto, Miguel Ángel Toma, el exSide de Menem, miembro del directorio de Techint se despachó: “Si el Presidente quiere que no se eche a nadie que haga una ley, no entremos en valoraciones morales”. Lo que hace prever la posición patronal en la audiencia: los despidos en las obras “están amparados en la legislación vigente” y en el propio convenio Uocra que permite la inmediata desvinculación en caso de paralización de las obras.
Por otro lado, el grupo Techint, la mayor empresa del país, tiene mucho para negociar. Pretende seguir, y de hecho lo está imponiendo, con la producción de tubos sin costura para continuar con su exportación, un rubro que de esencial no tiene nada, y menos con el derrumbe de la industria petrolera a nivel mundial. Eso sí, con interés recaudatorio para las cuentas públicas.
Pero Techint es apenas la punta de un ovillo. La consultora Analytica estima que “el 64% de los aproximadamente 19 millones de trabajadores de la Argentina, unos 12,1 millones de personas, están en riesgo de perder sus empleos por las políticas para contener la expansión del coronavirus” y continúa “un subgrupo de ´muy alto riesgo´, unos 5,5 millones de personas que se desempeñan fundamentalmente como trabajadores informales, monotributistas y autónomos” (Infobae).
La propia Uocra denunció que se vendrán 100.000 despidos de continuar la cuarentena. Agreguemos que la defensa de los albañiles difícilmente venga de Gerardo Martínez, porque los trabajadores de la salud del Sanatorio Franchin de su Obra Social, en el corazón de la Capital, denunciaron el 28 de marzo despidos con fecha predatada del día 18, es decir, un día antes de la declaración general de cuarentena.
La realidad es que se han conocido denuncias de despidos en los más diversos rubros, el bingo de Pilar, tercerizadas de Aerolíneas, Cinemark, bares en Mendoza y otras provincias, 40 destajistas del 147 en La Plata por parte del Intendente Montenegro, 41 músicos de la orquesta de José C. Paz, centenares de repartidores, solo por citar algunas denuncias recibidas. La extensión de la cuarentena extenderá esta gangrena de manera geométrica, como la misma propagación del virus.
La pelea mediática con Paolo Rocca no resolverá un problema descomunal en puerta si no se dispone de inmediato una ley de prohibición de despidos. Para dar una idea, en la mismísima EE.UU., cuando solo el Estado de Nueva York había dispuesto cuarentena, se anotaron en una semana 3,3 millones de trabajadores al seguro de desempleo, una cifra inédita. En la Argentina, ya empezó una presión de la burguesía para salir de la cuarentena bajo extorsión de despidos masivos.

La UIA y Daer, un solo corazón

La cuestión está siendo discutida día a día en la reunión que la directiva de la UIA realiza cada mediodía. En distintos medios ha trascendido que los industriales, en conjunto con la CGT, reclaman que a la extensión de la cuarentena le siga una flexibilización de las actividades esenciales, que ya hoy significan el 40% de la economía.
Daer ha confirmado esta posición de la burocracia sindical. El Destape publicó su posición: “se pueden armar protocolos, algún esquema diferenciado para ciertos sectores industriales o de la construcción que no están en los sectores urbanos, hay que ir estudiando de qué manera no cae la generación de riqueza”.
Más adelante, Daer entra en la posición de concertar rebajas salariales y/o suspensiones con las empresas porque para él “el piso del recorte salarial es del 100%, hasta que uno se sienta a negociar”. Luego anticipa que hay 300 mil empresas afectadas que podrían despedir y propone “suspender la vigencia de los artículos 241 y 237 de la ley de contrato”, lo cual está por detrás de Donald Trump que ofrece créditos y subsidios a las empresas que no despidan. BAE dice que Daer plantea suspender los artículos 221 y 247. Los artículos que propone suspender Daer comprenden solamente los acuerdos de desvinculación consensuada y sus preavisos y los de despidos y suspensiones por “fuerza mayor”. No los demás.
La burocracia sindical está metida hasta las manos con las patronales. Y la exhortación moral de Alberto Fernández encubre que no hay protección a los trabajadores ante los despidos inminentes que plantea la extensión de la cuarentena y aún la salida de ella que será, en cualquier caso, traumática.
Los despidos deben ser prohibidos por ley hasta el fin de la pandemia, no de la cuarentena. Lo mismo las suspensiones sin remuneración o con rebajas salariales. El Estado debe garantizar los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores. Incluso de aquellos del sector informal. Por ello hemos planteado el seguro de $30.000 para informales, monotributistas, empleadas domésticas, desocupados y todo tipo de cuentapropistas.

Prohibición de despidos inmediata, por ley

Pero la prohibición de despidos puede abordarse también para las compañeras y compañeras que están en negro que son millones en el empleo de casas de familia, en la producción rural y en la construcción. La ley de prohibición de despidos debe incluir la estabilidad del trabajador informal que denuncie su despido, garantizando reincorporación y estabilidad laboral, lo que adicionalmente contribuirá a un blanqueo masivo de trabajadores.
El planteo del Partido Obrero, de la Coordinadora Sindical Clasista y del Frente de Izquierda en su conjunto, en el sentido de prohibir los despidos, se ha revelado de vida o muerte en esta lucha contra la pandemia. Porque, el trabajador despedido no podrá tampoco respetar la cuarentena, al igual que aquel que no tiene ingreso alguno y debe hacer frente al hambre, antes de que le llegue el virus.
El Estado debe volcar los recursos enteros de todo su potencial para garantizar este curso de acción, lo cual supone la anulación inmediata de todo pago de la deuda externa que sólo mañana, martes 31 de marzo, se llevará más de $18.000 millones entre los vencimientos en dólares y en pesos.
La clase obrera estará obligada en intervenir. Llamamos a organizar comisiones obreras de salubridad en todos los lugares de trabajo, para proteger la salud, garantizar la cuarentena, defender el salario y enfrentar todo despido. En las difíciles condiciones planteadas hay que superar la entrega de la burocracia sindical y asociar nuestra intervención a un programa de los trabajadores para enfrentar la catástrofe en la que se unen el virus de la pandemia, a la barbarie capitalista.

Néstor Pitrola

Covid-19, capitalismo y fin de la normalidad

Tomando prestado el título de la obra de James K. Galbraith, El fin de la normalidad, parece ya indiscutible que ésta se acabó definitivamente y que ahora nos hallamos en un punto de inflexión inédito en nuestra historia contemporánea y, sobre todo, en la de un capitalismo globalizado que se había impuesto como el único sistema posible.
Porque ahora es este el que ha de ser cuestionado con más contundentes razones.
Si en el ámbito científico hay debate sobre los orígenes de la pandemia, sí parece haber evidencias suficientes de que la difusión se encuentra estrechamente relacionada con “la olla a presión evolutiva de la agricultura y la urbanización capitalista” (Contagio social: guerra de clases microbiológica en China) y con factores como “la alteración global de ecosistemas asociada a la crisis ecosocial y climática, la deforestación del Sudeste asiático, los cambios masivos en el uso de la tierra, la fragmentación de los hábitats, la urbanización, el crecimiento masivo del turismo y de los viajes en avión, la debilidad y mercantilización de los sistemas de salud pública”, como explica Joan Benach: «El coronavirus és una amenaça per als barris més pobres». Un conjunto de factores, en suma, que exigen una impugnación radical del modelo civilizatorio injusto e insostenible que ha ido conformando el capitalismo a lo largo de su historia y que ha llegado a su punto más alto bajo el neoliberalismo.
Un capitalismo que ni siquiera se ha mostrado compatible con la tarea de garantizar un derecho universal tan fundamental como el de la salud. Todo lo contrario: lo ha ido restringiendo mediante el saqueo, la privatización, los recortes y la sobreexplotación de la sanidad pública y sus trabajadores y trabajadoras para ir poniéndola en manos privadas, únicamente motivadas por la lógica del máximo beneficio. Todo esto es lo que ha ido creando las condiciones del colapso del sistema que se está produciendo ahora en el mal llamado y presuntamente modélico Primer Mundo, con la consiguiente tragedia humana que estamos observando con creciente indignación todos estos días.
Así que, si antes de esta crisis cabían dudas, ya no debería haberlas para convencerse de que hemos entrado en la era del capitalismo del desastre (Klein), con la crisis climática como la principal amenaza a la vida en el planeta, pero con el que interactúan otras, como la sanitaria, junto a las derivadas de la agravación de desigualdades de todo tipo que convierten a un número creciente de personas en desechables. Y con un panorama de salida de la crisis aún peor ante la inminente entrada en una nueva Gran Recesión, probable ya antes de la irrupción del Covid-19, que llegará con mayor fuerza debido al enorme aumento de la deuda global que se está generando y con la consiguiente presión de los grandes poderes económicos transnacionales para que los Estados les rescaten de nuevo y, a su vez, éstos compitan más entre sí en medio de la inestabilidad geopolítica general.
En medio de este repliegue nacional-estatal casi generalizado, podemos encontrarnos pronto –incluso en una Unión Europa que está mostrando toda su impotencia cuando se trata de dar una respuesta solidaria, como explican Manuel Garí y Fernando Luengo Unión Europea, una nueva decepción– ante una ofensiva austeritaria neoliberal más dura que la anterior. Si bien es posible que esa nueva vuelta de tuerca vaya acompañada, en el mejor de los casos, de algunas medidas compasivas temporales dirigidas a neutralizar el malestar social, como está ocurriendo ahora, pero que no van a compensar la brutalidad del recurso a los ERTE por parte de la patronal, como se recuerda en este artículo: España se va al ERTE: el gobierno rescata a las grandes empresas con beneficios. Un malestar que ya se estaba expresando antes de la pandemia mediante revueltas populares en muchos lugares del planeta, estimuladas por las movilizaciones impulsadas desde el ecologismo y el feminismo, y que esperemos se reactiven frente a esa probable estrategia del shock, ya sea bajo una u otra variante nacional-estatal en función de las diferentes relaciones de fuerzas sociales y políticas.

Una (sin)razón del mundo en quiebra

Con todo, no va a ser fácil que un neoliberalismo que se había convertido en nueva razón del mundo (Laval y Dardot) recupere la legitimidad perdida en esta crisis. En efecto, hemos visto cómo la respuesta a la pandemia se ha mostrado incompatible con la cultura del individualismo propietario y del emprendimiento y exige buscar soluciones colectivas en defensa de lo público –a no confundir con lo estatal–, de los bienes comunes, de la solidaridad y el apoyo mutuo en los cuidados. Entre esos bienes públicos, la reivindicación de una sanidad pública, universal, gratuita, de calidad y bajo control social en cualquier parte del mundo es ahora la más urgente. Una lucha que ya se está manifestando mediante una cantidad enorme de iniciativas desde abajo que, incluso en condiciones de confinamiento y haciendo de la necesidad virtud, anuncian un salto adelante en la construcción y refuerzo de redes de auto-organización comunitaria en muchas ciudades, barrios y pueblos de todo el Estado.
También, la obligada paralización de una larga lista de actividades económicas, muchas veces bajo la presión de la clase trabajadora en torno al eslogan Nuestras vidas valen más que vuestros beneficios, como ha ocurrido en la industria o en la construcción, para ir reduciéndola a las esenciales, está permitiendo dar credibilidad a propuestas de decrecimiento selectivo –incluyendo el cuestionamiento del modelo de consumo, distinguiendo entre necesidades y falsos deseos-, procedentes del ecologismo; a la revalorización del trabajo de cuidados que viene exigiendo desde hace tiempo el feminismo; a la prefiguración, en resumen, de una economía moral alternativa frente al fetichismo del crecimiento económico y la economía política del capital.
No va a ser fácil, por tanto, para los think tank neoliberales repetir la historia de 2008 buscando culpabilizar demagógicamente a los y las de abajo por haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y convertir en su versión ordoliberal al Estado en salvador de las grandes corporaciones. El marco hegemónico está en disputa y con ello emerge la sensación colectiva de que esta crisis lo cambia todo o, al menos, debería cambiarlo. Empezando por la socialización de los sectores estratégicos de la economía, de la producción y reproducción de la vida y, por tanto, apuntando hacia una respuesta a la crisis que, frente al keynesianismo perverso que anuncian los Estados en beneficio del 1%, ponga por delante la necesidad de una redistribución radical de la riqueza de arriba abajo y Planes de Choque Social similares a los que están proponiendo más de 200 colectivos sociales en el caso español.
Habrá que poner todo el esfuerzo en impedir la vuelta a la normalidad anterior a esta crisis, exigiendo una ruptura radical con el ya viejo sentido común y forzando el desmantelamiento del conjunto de las políticas que han predominado durante la larga onda neoliberal. No se trata, por ejemplo, de que se suspendan temporalmente la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el artículo 135 de la Constitución española, sino de derogarlas, como ya han propuesto algunas fuerzas de izquierda en el reciente debate en el parlamento español.
Porque ahora sí parece evidente que el tiempo del reformismo sin reformas que ha representado el social-liberalismo ha terminado. Discursos como el de Pablo Casado están mostrando ya el temor de las derechas a que después de esta crisis se vean cuestionados todos los recortes y privilegios realizados en nombre de la preservación de la sagrada propiedad privada; y no habrá que dejarse amedrentar, sino todo lo contrario. Porque vamos a asistir a una mayor polarización de intereses, valores y razones en conflicto, y no valdrán ya las medias tintas. Habrá que proponer medidas que, de una vez por todas, conduzcan a una transición radical hacia una ruptura civilizatoria, reformas que cuestionen la lógica de este capitalismo cada vez más destructivo en el que estamos inmersos y no sirvan simplemente para un lavado de cara de este sistema.

Seguridad(es) humana(s) vs. Neoliberalismo de excepción

Existe, en cambio, otro campo de lucha más complejo y difícil de afrontar pedagógicamente a raíz de las medidas adoptadas por los gobiernos en la lucha contra la pandemia. Es el que tiene que ver con la suspensión de derechos fundamentales, derivada de la aplicación del estado de alarma o de alerta según los países. Porque, si bien está justificada la adopción de medidas de confinamiento y otras dirigidas al objetivo de frenar el contagio (aunque algunas de ellas sean consecuencia de la ausencia de una política preventiva que debía haber tenido en cuenta las alertas procedentes de al menos una parte de la comunidad científica), no lo son el recurso a un discurso belicista, con el protagonismo de altos mandos militares en ruedas de prensa y su apelación a la ciudadanía a convertirse en soldados, ni el protagonismo del ejército en tareas asistenciales que podrían haber sido asumidas por servicios de protección civil si se les hubiera preparado para ello con antelación, como argumenta Pere Ortega en El coronavirus y las fuerzas armadas.
Detrás de esa opción autoritaria está la falsa concepción de la lucha contra la pandemia como una guerra y, con ella, la intención de ir restringiendo sin proporcionalidad alguna nuestras libertades y derechos en nombre de una “unidad patriótica” (con el corrupto Felipe VI al frente) que pretende ignorar que la pandemia sí entiende de clases sociales, de géneros, de color de piel, de edades, de diversidad funcional, de territorios y de otras desigualdades. Un discurso que está sirviendo de coartada para exigir un cierre de filas total y, en particular, la exhibición y el abuso de la fuerza por miembros de las fuerzas policiales y militares en las calles e incluso, lo que es peor, el fomento de un populismo punitivo contra personas y grupos sociales vulnerables, como ya se ha denunciado desde colectivos jurídicos.
No enfrentamos, por tanto, a la amenaza real de un nuevo salto adelante en el proceso de desdemocratización que ya sufríamos antes de este estado de alarma y por eso es muy necesario fomentar desde ahora lo que Jordi Muñoz ha definido, en Tres preguntas para después de la pandemia, como una “cultura democrática de excepción” que permita contrarrestar una cultura de súbditos obedientes a un Estado autoritario y recentralizador que aspira a salir más reforzado después de esta crisis.
En resumen, en este estado de alarma debemos vigilar a quienes nos vigilan si queremos evitar que la excepción se convierta en norma y también aquí se extienda la tendencia al Panóptico digital en marcha. Un peligro nada irreal sino cada vez más cercano, como estamos viendo bajo sus formas extremas en países como China, la gran potencia que, por cierto, puede salir ganadora a corto plazo de esta crisis dentro del juego geopolítico global. Emerge un nuevo paradigma de control social de la disidencia, como denuncia el colectivo Chung, ya que “a medida que la crisis secular del capitalismo adquiera un carácter aparentemente no económico, nuevas epidemias, hambrunas, inundaciones y otros desastres naturales se utilizarán para justificar la ampliación del control estatal, y a respuesta a esas crisis funcionarán cada vez más como una oportunidad para ejercer nuevas herramientas no probadas para la contrainsurgencia”.
Todo esto en nombre de un concepto estrecho de seguridad, asimilado a la preservación del orden público en un mundo orwelliano y en la nueva economía de guerra capitalista que se nos quiere vender. Frente al mismo habrá que propugnar un concepto complejo y multidimensional de seguridades humanas (que habría que hacer extensivas a otros seres sintientes y sufrientes), como ya reivindicaba, entre otras voces premonitorias, Elmar Altvater, defensor, por cierto, de un horizonte cada vez más necesario de comunismo solar.

Jaime Pastor, politólogo, editor de viento sur
27/03/2020

Abusan del servicio doméstico en la pandemia

Lo mismo sucede con trabajadores de servicios no esenciales.

Sin el más mínimo prurito, la actriz Catherine Fulop divulgó en sus redes sociales un video en que se la ve haciendo deporte y disfrutando de la pileta en su aislamiento obligatorio en una lujosa casa. Atrás, Juanita, la empleada doméstica que trabaja allí, limpia. No fue la única. Otros personajes conocidos públicamente mostraron que se encontraban en sus casas, donde estaban también las trabajadoras domésticas. El caso extremo fue el del empresario que ocultó en el baúl de su auto a la trabajadora doméstica que emplea.
Catherine Fulop fue repudiada en las redes sociales. Estas situaciones pusieron de relieve la superexplotación y las condiciones de reducción a la servidumbre que sufre este sector de la clase trabajadora, consideradas prácticamente una posesión de los empleadores. Catherine Fulop se burla “que Alberto no se enteré” como si el problema fuera la violación de la ley y no del derecho de la trabajadora a permanecer en su vivienda.
Las recomendaciones respecto a evitar el traslado de las trabajadoras domésticas comenzaron de hecho antes que se decretara el asilamiento obligatorio, que reglamenta la no concurrencia a la casa de los empleadores de las trabajadoras de este rubro. Sin embargo, se multiplican las denuncias de patrones que irrespetan la medida y las mantienen en sus casas –u obligan a ir y volver para realizar las tareas domésticas, exponiéndolas, o restringen el acceso de las trabajadoras a sus casas por miedo al contagio. Del mismo modo, miles de empleadas domésticas fueron despedidas o suspendidas sin pago.
La precariedad del trabajo permite todo tipo de irregularidades y presiona para que las trabajadoras continúen trabajando, lo que implica recorrer largos trechos de sus viviendas en barrios pobres hasta las zonas en las que trabajan exponiendo su salud. La primera víctima fatal del Coronavirus en Brasil fue una mujer de 63 años que trabajaba a tres colectivos de distancia de la casa de su empleadora, quien se sospecha que fue quien la contagió.
Algo similar sucede con otros trabajos en los que reina la informalidad y precariedad como los jardineros, pileteros o cuidadores de casas. El Intendente de Pilar sacó una ordenanza eximiendo de la cuarentena a estos trabajadores para ingresar a los countries y echar cloro en piletas o cortar el pasto, mientras los barrios donde viven de estos trabajadores no se descacharrizan ni fumigan.
Párrafo aparte merece la de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares que como toda medida ha publicado un certificado en su página y llama a las trabajadoras al “diálogo con los empleadores”, como si se tratara de una situación en igualdad de condiciones, en lugar de lanzar una campaña pública en defensa de los derechos de quienes deberían ser sus representadas. Mientras tanto, en la página de Facebook las consultas y comentarios muestran que la situación de estas trabajadoras es desesperante.
No son tareas de cuidado de mayores, niños o personas enfermas –exceptuadas por la ley-. Las fuerzas de seguridad y un enorme despliegue represivo han sido dispuestos para la persecución a los trabajadores, pero reina la indulgencia e impunidad con quienes hacen trabajar y exponen la salud de las mujeres trabajadoras más precarizadas.

Rocío Zavaleta

Chile: por la huelga general y la cuarentena total



Frente al dictamen de la Dirección del Trabajo que habilita a no pagar los sueldos

El jueves 26, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que otorga la posibilidad al empleador de no pagar la remuneración de los trabajadores en caso de que estos se encuentren en cuarentena, no puedan llegar al trabajo por el toque de queda o estén sitiados por los posibles cordones sanitarios que se levanten.
La iniciativa de la DT se enmarca en un cuadro brutal de ajuste que está llevando adelante el gobierno en contra de los trabajadores, desestimando las advertencias de organismos internacionales sobre el control de la pandemia, para asegurar la ganancia de los capitalistas.

El cuadro de una crisis severa

No es nuevo para nadie que la economía nacional está inmersa en una profunda crisis al mismo tiempo que la salud pública está destruida, la emergencia creada por la proliferación del Covid-19 lo expone crudamente. Al mismo tiempo golpea duramente al gobierno nacional y la posibilidad de encontrar una salida a la crisis iniciada el 18 de octubre. Sebastián Piñera y la gran patronal buscó utilizar la pandemia como un salvavidas, pero lo que ocurrió fue que acentuó las contradicciones sociales y sobre todo las necesidades populares que mantiene movilizadas a amplias capas de las masas desde el 18 de octubre.
Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se han negado férreamente a declarar una cuarentena total en el país, mientras sí la declaran en algunas zonas acomodadas. Su preocupación no es la protección de la salud de la población, sino salvar el posible quiebre de la aerolínea Latam y financiar la deuda de empresas medianas con la fijación de una tasa de interés en 1%. La tentativa del gobierno, desde el inicio de la pandemia ha sido mantener la producción intacta para evitar un derrumbe generalizado de la economía, a costa de la salud obrera.
La profundización de la crisis ha significado una masiva ola de desocupados. Miles de trabajadores han perdido su fuente de ingresos por el cierre de distintas actividades, en su gran mayoría ligadas al comercio. A estos se le suman los 70.000 despedidos, durante la rebelión popular y los 370.000 despedidos por necesidades de empresa, en febrero. Según cifras difundidas por Juan Pablo Sewtt, ex director de la CPC, el coronavirus podría arrasar con un millón de empleos de aquí a junio y 150 mil pequeñas, medianas y grandes empresas podrían quebrar.
Con el coronavirus pretenden esconder que la ola de despidos es una constante, debido al nulo crecimiento del país durante años, manteniendo el desempleo y el empleo informal elevados.
El actual presidente de la CPC, Juan Sutil, señaló el viernes 27 que la paralización de la producción significaría convertir a Chile en uno de los países más pobres de Latinoamérica. Y es que la crisis a la cual asistimos amenaza con mandar por la borda todo el oasis que se ha construido en base al endeudamiento de las familias trabajadoras y la privatización de más de medio Chile desde la dictadura hasta ahora. La pandemia solo potencia las tendencias de fondo.

La independencia política como factor

Mientras el desempleo crece la posibilidad de contagio en los lugares de trabajo y el sistema de transporte aumenta. El sistema de salud público se encuentra al borde del colapso al tiempo que el gobierno se endeuda para paliar la crisis de las patronales. Ahora plantea el no pago de sueldos para quienes estén imposibilitados de ir a trabajar. La CUT y la Mesa de Unidad Social han desechado cualquier posibilidad de llamar a una huelga general para reclamar una cuarentena total.
Aun cuando la burocracia sindical ha hecho caso omiso de movilizar a las y los trabajadores por el cese completo de las actividades, la independencia política de la clase trabajadora se ha manifestado de manera vigorosa. En el hospital público de Antofagasta esta semana hubo un paro por las precarias condiciones del centro asistencial, además varios sectores de trabajadores han amenazado con la paralización si es que no se decreta una cuarentena nacional, como la unión portuaria, sindicatos mineros, trabajadores de la celulosa y los trabajadores salmoneros en el caso de Chiloé, que cercaron la isla impidiendo el acceso de Carabineros. Se suma además el hecho de que la coordinadora 8M y la coordinadora de asambleas populares están impulsando una huelga general para reclamar la cuarentena total.
En el marco de las medidas anti obreras del gobierno, es necesario que las y los trabajadores avancemos hacia una huelga general, reclamando la suspensión de este dictamen, la mantención del pago de todos los sueldos y la creación de un fondo, financiado por las empresas y el Estado, para otorgar un salario básico a quienes están imposibilitados de trabajar. Así como la isla Chiloé se ha levantado por la cuarentena total y la paralización de la actividad productiva, las y los trabajadores del resto del territorio deben avanzar hacia ese horizonte.

Sebastián Pezo
Desde Santiago de Chile

domingo, 29 de marzo de 2020

Secretos (y mentiras) con el FMI en medio de la pandemia



El sitio de Maxi Montenegro ha revelado que Guzmán “negocia con la máxima reserva una operación con el FMI para darle respaldo al plan de expansión fiscal anti crisis por el impacto del Coronavirus”.

Esta negociación corre por cuerda separada, si eso es posible, de la negociación del conjunto de la deuda con el FMI, que no es tan urgente porque los plazos de los principales vencimientos son para los próximos años y en buena medida dependerá del acuerdo o no con los bonistas privados y llevará más tiempo.
El crédito que se negocia en secreto sería de 2.500 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) que es la moneda del organismo. Eso equivale a unos u$s3.000 millones que irían a reforzar las alicaídas reservas del Banco Central de modo de dar respaldo a la emisión del gobierno como consecuencia de la pandemia y algunas de las medidas que se han tomado.
El Tesoro colocaría una letra como ya se hizo (y se agotó) por medio de la megaley de emergencias cuando el parlamento autorizó a Fernández a usar u$s 4.500 millones de las reservas del Central para el pago de deuda y evitar el default.
Este monto permitiría emitir con ese respaldo unos 200.000 millones de pesos que alcanzarían para financiar los $3.000 a los jubilados de la mínima en abril, el mismo importe a los beneficiarios de la AUH y los $10.000 a monotributistas menores, trabajadores informales, empleadas de familia y desocupados. Y todavía sobraría porque, en total, “todo el paquete de “asignación directa de ingresos al bolsillo” implica para abril un aumento del gasto público de unos $ 53.500 millones. Es alrededor de 0,25% del PBI. Una cifra que podría duplicarse de extenderse la cuarentena hasta mediados o fines de abril y el pago de estos ingresos durante mayo. Es decir, poco más de $ 100.000 millones, 0,5% del PBI” (ídem, Maxi Montenegro).
O sea que las limitadas medidas que está adoptando el gobierno se financiarían con más deuda, cuando estamos virtualmente en default por la inviabilidad del pago de la actual deuda.

¿Y los 700.000 millones que anunciaron al comienzo de la Pandemia?

Recordemos que al comienzo de la llegada de la Pandemia, Guzmán y Kulfas, ministros de economía y producción respectivamente, anunciaron un paquete que sonaba a los grandes paquetes de fondos por la crisis mundial que se están inyectando, lo cual como sabemos no ha detenido ni la recesión, agudamente agravada, ni la caída de las bolsas.
Pero resulta que en ese paquete había una serie de pájaros voladores difíciles de capturar. El grueso, $320.000 millones es una disponibilidad de créditos al 24% que las empresas tienen que tomar para afrontar la crisis, otorgado mediante baja de encajes y otras medidas del Banco Central. No hay de esto el menor informe de su viabilidad, de cuántas empresas lo tomaron y están dispuestas a comprometer sus cuentas con deuda que no saben si podrán pagar a una tasa de interés baja para una inflación del 50%, pero alta si hay que tener ese margen de rentabilidad para devolver el dinero. Es decir, el Estado no se hace cargo de los salarios como en otros países, sino que son posibles créditos de dudosa viabilidad. Algo similar ocurre con los Repro prometidos, cuyo alcance en números, ni condiciones han sido expresados.
Luego están los $100.000 millones para futuras obras públicas que es una promesa sin ningún tipo de detalle y de más que dudoso cumplimiento sobre todo en el corto plazo, porque toda la obra pública está parada y se calculan 100 mil despidos solo por este motivo. Para terminar el paquete, se informó otro importe similar en créditos Procrear, lo que directamente constituye un bolazo, porque nadie tomará hoy un crédito para ampliar una casa cuando no sabe si va a cobrar su salario, si va a tener trabajo y difícilmente quiera que un albañil llegue a su casa desde el exterior con un posible contagio, si es que el albañil traspone los controles donde no podría demostrar que cumple una actividad esencial.
En resumen, en medio de un creciente déficit fiscal financiero por el pago de deuda que en febrero alcanzó los $67.000 millones, de un marzo con $150.000 millones de vencimientos en deuda, para el modesto gasto en el financiamiento del hambre que ya había y que agrava la cuarentena, se incurre en un nuevo endeudamiento con el FMI para no alterar más aún a los nerviosos acreedores internacionales.
Ante recaudaciones cada vez más flacas, con provincias al borde de los patacones, se emite pesos, con todos los riesgos inflacionarios que eso implica, pero no para afrontar la pandemia, sino para afrontar la deuda. En tanto, se negocia secretamente con el FMI más endeudamiento. Es una política explosiva que significará privaciones imprevisibles para las masas trabajadoras.
Estas contradicciones forman parte del debate mundial y hasta se manejan plazos sin pago de deuda, pero siempre para rescatar a término al capital financiero a costa de los pueblos.
Más que nunca abramos el debate en las filas de los trabajadores y la juventud, en los grandes movimientos de lucha como el de la mujer, en los barrios, en todo el movimiento piquetero que hoy está en la primera línea de lucha contra el hambre: la anulación de todo pago de la deuda, de manera unilateral, para volcar los recursos a los trabajadores, será cada día más, una cuestión de vida o muerte.

Néstor Pitrola

En Buenos Aires el plan de Kicillof no prioriza prevenir ni curar

Organicemos los barrios, fábricas y lugares de trabajo, para defender a nuestras familias.

En la provincia de Buenos Aires, sólo hay 398 respiradores, la mayoría de ellos a la espera de arreglos de mantenimiento para su uso. Sólo en La Matanza (con aproximadamente 2,2 millones de habitantes) el 40% de la población es pobre y vive hacinada en asentamientos, sin asfalto, agua potable, o servicios de salud. Esto se multiplica por las casi 1.000 villas o asentamientos más que hay en el conurbano.
El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, un milico que también es médico, declaró que en Buenos Aires “tarde o temprano todos nos vamos a infectar” y destacó que la población más carenciada vive hacinada en casas de cartón, con una sola pieza. Por ello, desplegó a la policía bonaerense en siete centros operacionales alrededor de los focos más vulnerables.
La medicina que el teniente coronel Berni le recetó al gobernado Axel Kicillof fue desplegar un cordón sanitario para aislar a las barriadas obreras del resto de la población, no para curarlas del coronavirus, sino para contenerlas. Da respuesta así a “la preocupación por posibles hechos de violencia que abarca a todos los dirigentes de la provincia más poblada del país y no distingue oficialismo u oposición” (Clarín 21/3).
Ahora, en su puja con los intendentes -que buscan feudalizar sus territorios cerrando ingresos e imponiendo reglas propias, como presión al gobierno provincial para arrancar más recursos para sus cajas y reforzar su dominio político- el gobernador ha pedido la intervención de las fuerzas federales en la provincia y decretado la centralización del funcionamiento de la bonaerense, contra las policías comunales.
Resultado de esta estrategia la reunión de crisis frente al hambre en el conurbano, convocada en el día de ayer por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, junto a organizaciones sociales vinculadas al gobierno, la cual excluyó taxativamente al Polo Obrero y a las organizaciones piqueteras independiente del gobierno, en una ratificación de que allí lo que se discutirá será una política de regimentación y no un plan global, económico y social, al servicio de las grandes mayorías.

El conurbano, una bomba de tiempo

El “conurbano es nuestro Wuhan”, declararon varios intendentes, en referencia a la ciudad China sede originaria del coronavirus, que fue encerrada con cuarentena completa por las fuerzas armadas de ese país.
Agréguese que de los 77 hospitales provinciales, 53 requieren inversión en infraestructura, para una población de casi 17 millones de habitantes, con un 35% sin obra social.
Tampoco nos cuidan en las escuelas ni en los hospitales, porque los que allí hacen guardias, entregan bolsones ultraprecarios, y en número más que insuficiente; o atienden pacientes sin los elementos de seguridad e higiene básicos; ni en las fábricas, en las que los trabajadores de actividades esenciales son agobiados con jornadas laborales agotadoras y en las mismas condiciones de desprotección frente al virus. Llueven, incluso, las denuncias de los aprietes patronales para que sus trabajadores violen las normas de aislamiento.

Kicillof prioriza el pago de la deuda y las ganancias empresarias

Buenos Aires está quebrada por el endeudamiento de la provincia y el colapso económico, ahora agravado por el coronavirus, pero que existe desde mucho antes. Según trascendió, en la segunda quincena de marzo la recaudación impositiva cayó un 40%. Kicillof -gobernador de una provincia rica- declara ser completamente insolvente. Sin embargo, a mediados de enero, pagó el equivalente a 20.000 millones de pesos a un puñado de fondos buitre, y al día de hoy privilegia el pago de la deuda usuraria de la provincia.
Paralelamente, no toca las ganancias empresarias ni obliga a las terminales fabriles paralizadas -como las automotrices, por ejemplo- a reconvertirse para fabricar respiradores, insumos para la salud y para las necesidades populares.
Repudiamos la militarización creciente en la provincia de Buenos Aires, para reprimir los justos reclamos de los trabajadores ante este abandono.
No esperen que nos crucemos de brazos. Comités populares de salubridad pública en cada fábrica y en cada barrio. El Partido Obrero y el Polo Obrero de la provincia de Buenos Aires llaman a los trabajadores a organizar miles de comités de defensa de la salud y de las necesidades de nuestras familias.
Reclamamos la centralización del sistema de salud, público y privado, para garantizar el plan de contingencia frente a la pandemia; una reconversión industrial para garantizar la producción masiva de los elementos necesarios para el sistema de salud y el alimento; un subsidio de $30.000 a todos los que no tienen empleo formal; y la garantía a todos los aspectos relacionados con la cuarentena.
Reclamamos anular de inmediato todo pago de la deuda externa y la concentración de todos los recursos en defensa de la salud popular.

Daniel Sierra

La China de Xi Jinping: ¿emergiendo de las cenizas del coronavirus?



Con la curva de expansión aguda de la pandemia aparentemente controlada y sin registro de nuevos casos en la ciudad de Wuhan, el epicentro del Covid-19, el gigante asiático quiere acelerar los pasos para la recuperación económica y la revitalización de la golpeada imagen de la burocracia del Partido Comunista Chino en el mundo.

El gobierno de Xi Jinping busca consolidar una especie de “segunda fase” de la crisis del coronavirus en China. La prensa estatal china está salpicada de imágenes de producción de máscaras que son entregadas a otros países, de aviones chinos aterrizando en el Estado español con medicamentos, y equipos médicos chinos partiendo a otras zonas de infección para auxiliar en el combate al Covid-19. El Partido Comunista Chino y el presidente Xi-Jinping quieren dejar atrás la primera fase caótica del coronavirus, organizada por la propia burocracia en su obsesión por la estabilidad. Más que eso, quieren alentar un resurgimiento de las cenizas, aunque con métodos autoritarios, como un triunfo del régimen ante la catástrofe sanitaria en Occidente.
Con la curva de expansión aguda de la pandemia aparentemente controlada y sin registro de nuevos casos en la ciudad de Wuhan, el epicentro del Covid-19, el gigante asiático quiere acelerar los pasos para la recuperación de los históricos daños económicos sufridos, y para la revitalización de la golpeada imagen de la burocracia del Partido Comunista Chino en el mundo.
Ni el propio gobierno chino puede esconder el efecto devastador del coronavirus sobre su economía. Según el National Bureau of Statistics, órgano oficial del gobierno, la industria china se contrajo un 13,5 % en el período de enero y febrero, junto con una retracción del 24 % en las inversiones de capital. El desempleo urbano alcanzó un nuevo récord, de 6,2 %. Ese debilitamiento sugiere la posibilidad de que el PBI chino pueda haber caído casi el 15 % en el primer trimestre de 2020.
Sería la primera contracción del PBI desde 1976, cuando China fue golpeada por el devastador terremoto Tangshan. En ese mismo año moría Mao Tsé-Tung, cuya Revolución Cultural - un evento traumático para la burocracia stalinista que hizo pedazos el monolitismo del estado y puso en riesgo el dominio del Partido Comunista Chino - había erosionado la economía entre 1966 y 1975. A partir de Deng Xiaoping, los resultados económicos de China no vieron recesiones. Para Xi Jinping, que se alaba como el político chino más importante desde Mao, el golpe económico puede traer incontables problemas políticos.
Una caída económica que amenaza el corazón de las reformas “insignia” de Xi, que con la Nueva Ruta de la Seda y el Made in China 2025 dirige el tortuoso cambio de las bases de crecimiento de China, dejando de apoyarse exclusivamente en la recepción de capitales para competir por espacios mundiales de acumulación de capital. Es distinto realizar la tarea de esta magnitud en una economía en retracción que sobre una economía pujante.
Políticamente, a pesar de que vemos condiciones sanitarias muchas veces peores en los propios imperialismos occidentales, la imagen de superpotencia china fue severamente afectada. Se puso de manifiesto tanto su precaria infraestructura sanitaria como el autoritarismo rampante de la burocracia. Sin nada que envidiar al autoritarismo de los estados capitalistas occidentales como Italia, el Estado español y Francia, al comienzo de la crisis el gobierno de Xi impuso medidas policiacas para encerrar a la población de la provincia de Hubei, perseguir a la disidencia expuesta en las redes sociales (Weibo, entre otros) y dejar merced de la muerte a miles de personas, como relata el Foreign Policy, que olvidó mencionar la incompetencia de los gobiernos europeos. En negacionismo típico de la burocracia restauracionista china, resultó en el ahogamiento de las advertencias que podrían haber reducido las muertes (entre ellas la de Li Wenliang, el médico que advirtió sobre la epidemia y fue acusado por las autoridades de “propagar rumores” y luego falleció por el Covid-19).
Por más que esto moleste a los stalinistas de guardia, dotados de una ligereza intelectual siempre lista a apoyar de modo superficial todo lo que hace la burocracia china (especialmente sus “represiones correctivas” a otros burócratas), la verdad es que China fue el más extremo ejemplo de autoritarismo, con un férreo control burocrático que impedía noticias directas de Wuhan y demás zonas afectadas.
Ante estos problemas, la “segunda fase” de la crisis vivida por China trata de cubrir dos flancos de actuación, apoyados en el control temporal del Covid-19 dentro de su territorio.
La primera medida es reactivar la economía. Para evitar convulsiones internas con el retardo de la recuperación económica, Xi concentró la máquina de control del PCCh en garantizar el restablecimiento de las líneas de producción y la cooperación de los gobiernos regionales en el traslado terrestre de los trabajadores confinados en el interior del país. El periódico oficial Xinhua relató las principales directrices del gobierno en una rueda de prensa de emergencia, “en virtud de la presión descendente en la economía china”, donde Xi exigió “alentar empresas y provincias a reiniciar el trabajo y la producción de forma ordenada para disminuir el impacto negativo”. En un mensaje directo a los gobernadores provinciales, dijo que “más esfuerzos” son necesarios para destrabar el flujo normal de la producción en regiones de bajo riesgo.
Las mismas fuentes de Xinhua relatan que las grandes empresas en 19 provincias, incluyendo Shanghai, Zhejiang y Jiangsu, ya comenzaron la producción a larga escala, disminuyendo su capacidad ociosa. En Shanghai, ocho monopolios automotrices, como Tesla, y 600 fabricantes de autopartes ya trabajan con capacidad avanzada. En Wuhan, centro industrial que alberga a más de 300 monopolios extranjeros como Google, Microsoft, Apple o Amazon, Xi Jinping anunció el retorno gradual al trabajo, así como en toda la provincia de Hubei.
La segunda medida es recomponer el prestigio externo de China. Este punto es muy sensible para la burocracia china, especialmente ante los ataques racistas y xenófobos de Trump, en permanente campaña para estigmatizar a China como causante de la pandemia (bautizando al coronavirus como “Chinese Virus”). Xi Jinping fue pródigo esta semana al anunciar la solidaridad china con el mundo, exportando materiales sanitarios necesarios para el combate de la pandemia a Italia, a Serbia y a distintos países europeos. Diplomáticamente, Xi se acercó especialmente a Emmanuel Macron, presidente francés, y se mostró dispuesto a trabajar con Francia en el esfuerzo de coordinación internacional de combate a la pandemia.
El acercamiento entre China y Francia es importante para el Partido Comunista chino. Macron es el principal desafecto de Trump en la arena europea, y su imperialismo tiene una línea globalizadora opuesta al nacionalismo proteccionista de Estados Unidos. Estratégicamente, la relación entre China y Francia es una de las vías de entrada del capital chino al interior de la Unión Europea, después del enfriamiento de las relaciones con Berlín y la crisis de la gobernante Democracia Cristiana (CDU), partido de la canciller Angela Merkel, que adoptó una postura más agresiva contra la compra de activos industriales de China en Europa.

Emmanuel Macron y Xi Jinping

Estos esfuerzos de control y reactivación industrial de la economía china vienen colocando a China, de forma sorprendente, como la primera potencia en superar la crisis del coronavirus y dar los primeros pasos de normalización productiva. Según Alan Crawford y Peter Martin, de Bloomberg, el plan de Xi Jinping sería algo como una “Health Silk Road” (Ruta de la Seda de la Salud), una narrativa según la cual China habría triunfado sobre el vírus y ahora ejerce su influencia a través de la ayuda sanitaria internacional, como debería hacer cualquier potencia global. Se trata de una oportunidad de liderazgo deseado hace mucho, y que estaba temporalmente fuera del radar por los impactos iniciales del coronavirus.
Henny Sanders, de Financial Times, afirma que China puede tornarse uno de los destinos de capital más seguros en el mundo en medio de la propagación del Covid-19 hacia el Occidente. Al contrario de la Reserva Federal estadounidense y la mayor parte de los bancos centrales europeos, que redujeron sus tasas de interés a cero (o por debajo de cero), “China todavía preserva relativamente intactas sus herramientas monetarias. El banco central de China (PBoC) se resistió a inyectar miles de millones de dólares en la economía china, y todavía no redujo sus tasas de interés de referencia, lo que le permite hacerlo en situaciones más críticas”. Según Taimur Baig, jefe de la división Singapur del Banco DBS, “China podría haber inundado los mercados de liquidez para evitar cualquier tipo de problema financiero, pero eso no sería consistente con el imperativo económico chino, es decir, hacer que las empresas sean menos dependientes de préstamos para financiar su crecimiento”. Se trata de “mantener la pólvora seca” para usarla en momentos de emergencia.
El precio de los activos financieros chinos se sostuvo con mayor estabilidad que el de los mercados extranjeros. El índice de referencia chino CSI 300, como todos los índices de las principales bolsas mundiales, cayó desde el cambio de año. Sin embargo, la caída de 12 % es la mitad del valor perdido por el índice de referencia de Estados Unidos, el S&P 500. La moneda china se mantuvo estable frente al dólar y la Inversión Extranjera Directa (IED) para China volvió a ganar estímulo a principios de marzo.
Sin embargo, la integración de las cadenas globales de valor y la dependencia del comercio mundial desautoriza celebraciones precipitadas. Li Xingqian, director departamental del Ministerio de Comercio de China confesó que “En el corto plazo, el impacto del Covid-19 sobre la economía global y la cadena de producción y aprovisionamiento es inevitable, y China tendrá que trabajar para minimizar el impacto en el comercio extranjero y en el crecimiento global”.
El gran riesgo para China es ver su recuperación retrasada por los efectos devastadores que las principales economías mundiales, en primer lugar Estados Unidos, puedan sufrir. Si la crisis del Covid-19 ocupa el proscenio en el drama mundial, en los bastidores una nueva recesión mundial aun más poderosa que la de 2007-2008 parece inevitable (a tal punto que la OCDE pidió un “Plan Marshall” contra el coronavirus), y esto lo certifican pensadores tan dispares como Nouriel Roubini y Paul Krugman, Michael Roberts y David Harvey. Una nueva recesión o incluso depresión mundial puede deshacer en route todos los esfuerzos iniciales de reactivación industrial en China.

Un conflicto comercial-tecnológico en “stand-by”

Las operaciones económicas de recuperación en China son esenciales, como dijimos, para que la compleja conversión de la economía se haga en terreno favorable. En sí mismo, ya es titánico el desafío de transformar una economía exportadora de manufacturas de bajo valor agregado de la magnitud de China, en una economía basada en el mercado interno y productora de alta tecnología. La tareas es de Sísifo, y si debe ser realizada en medio de convulsiones económicas internas y externas, tiene menores posibilidades de éxito.
Pero los obstáculos no vienen solo de la economía o de la crisis sanitaria del Covid-19. La llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque dormida, tiene motores estructurales que pueden emerger durante la crisis, y no se descarta que pueda tomar nuevas formas.
El conflicto entre Estados Unidos y China es producto de la crisis económica mundial. Cuando China empezó a ser afectada en sus exportaciones por la retracción del comercio mundial, fruto de la crisis de 2008, fue obligada a concluir que el “esquema exportador” iniciado por Deng Xiaoping a fines de la década de 1970 y perfeccionado por las reformas procapitalistas de la década de 1990 ya no podría sostener su evolución futura. Esa caída económica china, explicada por la debilidad de la economía mundial (y de Estados Unidos en particular), llevó a que China opere un complejo cambio en su padrón de acumulación.
La operación consiste en reducir drásticamente su dependencia de la exportación de bienes de bajo valor agregado y acelerar el cambio de contenido de su producción hacia bienes de alta tecnología, en una economía basada en la expansión del mercado interno. Al cambio de contenido, se combinó un cambio de postura en la arena internacional: China empezó a transformarse progresivamente en competidora por espacios mundiales de inversión y por el liderazgo en tecnología de punta, con una producción cada vez más competitiva con la estadounidense. Eso acarreó una verdadera corrida por el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en la producción, con proyectos como el Made in China 2025 (según el cual China se transformaría en líder en las ramas de robótica, semiconductores, vehículos eléctricos, etc.) y la Nueva Ruta de la Seda, que ligaría a tres continentes (Asia, Europa y África) por rutas, puertos y ferrovías. Este expansionismo económico y cultural a través de la exportación de capitales trajo consigo la acentuación de la propaganda nacionalista del Partido Comunista Chino. Un resultado de este proceso en mutación en la economía mundial consistió en una especie de “ruptura” del motor simbiótico entre Estados Unidos y China, que impulsó la economía mundial en los últimos 30 años. Naturalmente, las dos economías dependen una de a otra para prosperar. Sin embargo, no pueden reeditar la complementariedad relativamente “armónica” de las décadas neoliberales, donde Washington compraba lo que China exportaba mientras que las reservas en dólares del gobierno chino auxiliaban el sostenimiento de los crecientes déficits estadounidenses.
Esta competencia de China por espacios de acumulación de capitales se transformó en un problema estructural para Estados Unidos. Aquí nos vamos acercando a los fundamentos reales y no ilusorios de la guerra comercial movida por Trump. Esto es así porque, para Estados Unidos, la expansión del capital chino sobre sus tradicionales zonas de influencia globales es básicamente inaceptable. China no tiene poderío económico y militar suficiente para cuestionar la hegemonía capitalista de Estados Unidos sobre el mundo. Sin embargo, la preocupación de Washington viene del hecho que los avances tecnológicos de China le permiten algunos desafíos parciales pero importantes en nichos industriales y sobre vastas regiones, especialmente Asia-Pacífico. Ante este escenario, Estados Unidos se pone como objetivo a partir de 2017 frenar la corrida de China en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la expansión de sus propias empresas y capitales que la posicionan com un competidor global cada vez más peligroso, y mejorar las condiciones de entrada de las transnacionales estadounidenses en China.
Este es el real fundamento que explica el actual conflicto sino-estadounidense, que es comercial en su fachada e industrial-tecnológico en su esencia. El objetivo de la “guerra comercial” movida por Estados Unidos contra China es el de frenar la velocidad del desarrollo tecnológico-industrial de China y la expansión de sus capitales. El aspecto comercial del conflicto oculta el verdadero fundamento de una política que unifica a la burguesía imperialista estadounidense: preservar la preeminencia tecnológica industrial (y por lo tanto militar) de Estados Unidos.
Desde un punto de vista estratégico, para esta corrida por la primacía tecnológica la crisis del coronavirus es una tregua relativa, pero de ninguna manera la elimina. La relación tensa entre Washington y Pekín se hace notar a todo momento. El Gobierno estadounidense está en campaña xenófoba permanente contra China, responsabilizándola por el Covid-19. Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, suele llamarlo “vírus de Wuhan”, mientras Trump prefiere decirle directamente “vírus chino”. Por su lado, China afirma que el coronavirus fue instalado por el Ejército de Estados Unidos, y expulsó de su territorio a 13 periodistas de los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post. Tal vez sea el peor momento de las relaciones bilaterales desde el acercamiento entre Nixon y Mao en 1972.
La altivez contra Estados Unidos también salpica a los vasallos de Trump, como Bolsonaro y su trupe en Brasil. Cuando el hijo del presidente Eduardo Bolsonaro reprodujo las críticas de Trump y acusó a China de “esparcir su virus”, tuvo una contundente respuesta de la embajada china. Yang Wanming, embajador de China en Brasil, atribuyó a Bolsonaro un “virus mental” en su “insulto maléfico contra China y el pueblo chino”. A pesar del trumpismo de los Bolsonaro y del canciller Ernesto Araújo, fueron rápidamente disciplinados por los militares encabezados por el vicepresidente Hamilton Mourão, que saben el carácter innegociable de la dependencia económica brasileña ante China. En este punto, las “dos cabezas” del gobierno son evidentes en el trato con el socio asiático.
Los roces entre China, Alemania y Estados Unidos están en la base de la falta de coordinación internacional para hacer frente a la combinada crisis económico-sanitaria, coordinación que estuvo presente de forma relativa durante los momentos más dramáticos de la Gran Recesión tras la caída de Lehman Brothers. Nada indica que en un momento de ascenso de los nacionalismos este escenario vaya a cambiar.

El proletariado chino y el verdadero dolor de cabeza de Xi

El infierno de la burocracia del PCCh es su inmenso proletariado. Rebeliones de trabajadores en las grandes ciudades contra el desempleo y los despidos, o incluso las protestas contra las medidas bonapartistas del régimen frente al coronavirus, pueden agravar el cuadro de caída económica y transformarlo en una tormenta perfecta.
En comparación al momento anterior al brote de Covid-19, la cantidad de huelgas obreras registradas en China es inicial. Sigue los pasos iniciales de la propia reactivación económica. Según el China labour Bulletin, la razón de las protestas obreras más recientes concierne justamente a las reducciones salariales y despidos. Obreros de la construcción que armaron en tiempo récord los hospitales de internación contra el Covid-199 en Zhoukou, provincia de Henan, protestaron contra el gobierno chino y fueron brutalmente golpeados por la policía. Trabajadores de una empresa de alimentos en Shanghai protestaron el 10 de marzo contra el atraso salarial de más de tres meses, por el valor total de 400.000 yuanes. En Pekín, varios sectores obreros protestaron en marzo contra la imposición de licencia no remunerada por las empresas de plataforma y aplicaciones de delivery, parte de los sectores más precarios de los trabajadores. Pequeños propietarios de tiendas y restaurantes, que ven sus negocios arruinados, le exigen al Estado un corte en el precio de los arriendos, un sector que emplea a 230 millones de empleados en toda China.
Las condiciones de trabajo en medio del coronavirus también movilizaron a los trabajadores de la Salud, en un hospital de la ciudad de Zibo en Shandong, contra el uso de instrumentos y utensilios hospitalarios vencidos. Las trabajadoras de la Salud están en la línea de frente en el combate al coronavirus en China, y son las primeras alcanzadas por la desidia gubernamental. Siendo más del 90 % de las enfermeras y 50 % de las médicas que están atendiendo, son las mujeres las heroínas de clase que tienen la peor protección sanitaria en los hospitales, como lo denuncia Shanghai Women’s Federation, que señala las miles de infecciones de trabajadoras hospitalarias en el tratamiento de la enfermedad.
Otra fuente de disturbios es el campo chino. Las dificultades en la siembra y la interrupción en los flujos de transporte que resultan en un retraso en el envío de la cosecha a las ciudades y en la llegada de insumos agrícolas preocupa a los trabajadores rurales, que ya viven en situación de penuria. Los conflictos laborales pueden conectarse con la lucha por las libertades democráticas de la población urbana. Cientos de activistas y usuarios comunes de las redes sociales fueron detenidos por la policía estatal por expresar el rechazo a la conducción burocrática de Xi ante el Covid-19. En la provincia de Shandong, Ren Ziyuan fue preso por criticar la actuación del PCCh ante la crisis sanitaria, mismo destino de Tan Zuoren, de la provincia de Sichuan. El profesor Guo Quan, en Nanjing, fue preso por “incitar a la subversión contra el Estado” después de publicar artículos en los que relataba estudios científicos sobre el coronavirus. Las organizaciones de derechos humanos de China calculan en miles la cantidad de perseguidos y detenidos por criticar al gobierno o divulgar estudios científicos. Ese tipo de persecución fue lo que resultó en la muerte del médico Li Wenliang, que se transformó en un símbolo de la lucha por las libertades democráticas en China. La utilización de los servicios de reconocimiento facial y dispositivos de tecnología para identificación remota también son criticados por la población. Hay incontables denuncias, reveladas por The New York Times de que los QR Codes compilarían “información de salud” de los usuarios de celulares comparten también esas informaciones con la policía.
Esas protestas iniciales revientan el discurso de éxito de Xi, y se suman a las protestas anti autoritarias que desafían su dominio, tanto en Hong Kong como en la región de Xinjiang, donde la población musulmana es históricamente perseguida por Pekín. Al contrario de lo que esperaba el Gobierno, las calles chinas siguen silenciosas y descontentas. Un ejemplo sintomático de la desconfianza de la población, víctima del autoritarismo estatal, fue que ante la presión del alcalde de Wuhan para que la población “aplaudiese la actuación de Xi Jinping en el control del virus”, tuvo como respuesta un repudio masivo en las redes sociales, obligando al gobierno central a retroceder de ese trofeo simbólico. Ejemplos como ese, anteriores a los resultados aterradores de la economía, no proyectan un camino suave para la burocracia china, y antes que nadie para Xi Jinping. ¿Podría el descontento popular y los problemas económicos dar origen a disputas internas en la burocracia? Cuestionamientos a Xi probablemente llevarían a una nueva oleada de persecuciones, en los moldes de las “grandes purgas” realizadas por Xi Jinping durante su “campaña anticorrupción” en 2017, en la que 170 ministros fueron expulsados del Gobierno y presos. El precio alto a pagar no elimina la posibilidad de fisuras internas en la burocracia, que sabe que necesita mantener altos los índices de crecimiento para hacer frente al desafío de mantener los objetivos económicos más importantes del Gobierno.
No hay dudas que la superación temporaria de la crisis del Covid-19 en China representa un alivio frente a la desaceleración económica. Pero hay que ver si la máquina de propaganda del Partido Comunista chino logra sus objetivos en medio de la mayor crisis económica de China en 80 años.

André Acier
Lunes 23 de marzo | 15:35