Los pactos sociales del pejota

Los antecedentes históricos de la receta que repiten los Fernández

Los medios, los burócratas sindicales, las cámaras patronales hablan del pacto social de Alberto Fernández como la viga maestra de la política del gobierno nacional electo. Sin embargo, la primera en plantearlo fue Cristina Kirchner, cuando habló de la necesidad de un “Pacto Ciudadano”.

A 40 días de que deba asumir el gobierno electo, sin consulta ciudadana alguna, el pacto social ya se está cocinando a fuego lento, entre las patronales, la CGT y las Ctas y los Fernández.
El “pacto” congelará salarios luego de una carestía sideral y una inflación que superará el 60 por ciento, avanzará en la modificación a la baja de todos los convenios, y atará cualquier aumento salarial futuro a la productividad.
Ahora se ha conocido que Alberto recién “estabilizará” los precios luego de que los sueldos sean “aumentados” por decreto sólo un 20 por ciento, una verdadera estafa.
Así lo reconoció Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien dijo que “parece lógica y razonable la posibilidad de que se plantee un congelamiento de salarios” y “una posible reforma laboral”(“Hagan Algo”, 7/10).
Roberto Baradel, secretario general del Suteba, declaró también que irá a plantear sus reclamos al Pacto Social , que todavía no existe y para el cual carece, obviamente, de mandato alguno.

No es la primera vez

Pero el pionero fue Juan Domingo Perón. En su segundo gobierno, con Alfredo Gómez Morales como ministro de economía, puso en marcha el "Plan de Emergencia Económica" de 1952. Los ejes fueron aumentar la productividad obrera; la austeridad en el consumo y la reducción del gasto público. Congeló por dos años los salarios, que cayeron en términos reales el 25 por ciento, suspendió las obras públicas, los planes de viviendas y el subsidio al consumo, y realizó una apertura económica, eliminando controles y restricciones que, en sus palabras, “afecten las inversiones de largo aliento”. También subsidió al agro, estableció una legislación en favor de las inversiones extranjeras, especialmente norteamericanas, y negoció contratos petroleros leoninos con la Standard Oil California.
Esta política se repitió con el Pacto Social de 1973, primero con Cámpora y luego con Perón e Isabel Perón y López Rega, firmado por el gobierno, la CGT y la Confederación General Económica (CGE) que, luego de 18 años de gobiernos antiobreros, congeló otra vez los salarios y las paritarias por dos años, junto a un “congelamiento” trucho de precios.
Como señala el historiador peronista Juan Carlos Torre, advertidas “las empresas incrementaron anticipadamente los precios, antes de que éste tomara posesión” (en Ensayos sobre Movimiento Obrero y Peronismo). Los salarios, en cambio, fueron aumentados sólo un 15 por ciento, cuando la inflación acumulada de ese año superó el 60 por ciento.

Que la tercera sea la vencida

El pacto social de 1973 saltó por el aire, por contradicciones económicas explosivas –un viento de cola, si se las compara con las tensiones que hoy debe enfrentar Alberto-, pero fundamentalmente por la reacción obrera en su contra. “Si bien el Pacto Social había suspendido las negociaciones colectivas (paritarias) , esto no sucedía con los conflictos laborales (…) debido a la imposibilidad de negociar abiertamente ingresos superiores a los ofrecidos por el gobierno, los trabajadores procuraban obtenerlos de manera indirecta, reclasificación de tareas, equiparación de estatutos, reinterpretación de los contratos de trabajo” (Torre, ídem).
El Partido Obrero y sus agrupaciones sindicales, junto al Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo, ha denunciado el carácter del “pacto” de Alberto. Con ese capital político, llamamos a los trabajadores a organizarnos para derrotarlo, por la reapertura de las paritarias, salario igual a la canasta familiar indexado por inflación, prohibición de despidos y jubilación igual al 82 % móvil, extensión de los planes sociales a todos los desocupados y defensa de todos los convenios laborales.

Daniel Sierra