La rebelión popular continúa

El último fusible de Piñera en la picota

El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” constituye la última maniobra al alcance de la burguesía para impedir la caída del gobierno

La tentativa de ‘pacificación del país’, emprendida por la burguesía y todo el arco político chileno con la firma del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, el viernes 15 por la madrugada, se encuentra cuestionada por las movilizaciones y combates callejeros que diariamente se siguen produciendo en Chile a lo largo y a lo ancho del país. Desde el mismo 15 por la tarde, cuando centenares de miles volvieron a ocupar las plazas del país y a enfrentarse con las fuerzas de seguridad reclamando la caída de Sebastián Piñera, quedó en evidencia que el “acuerdo” no logró su principal cometido: poner fin de la rebelión chilena.

El último fusible

El acuerdo nombrado constituye la última maniobra al alcance de la burguesía para impedir la caída del gobierno. Piñera intentó desactivar la rebelión retrocediendo con el aumento al boleto del subte, otorgando un pliego más vasto de reivindicaciones sociales, declarando el estado de emergencia y el toque de queda, y después destituyendo a todo su gabinete. Todo fracasó. El paro nacional activo del martes 12 y la combatividad de la jornada obligaron al gobierno a pedirle la escupidera a la ‘oposición’.
La ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio acudieron al pedido del presidente chileno, dando lugar a una reforma constitucional tutelada por éste y completamente amañada. Eso en el caso de que la reforma se haga, pues el acuerdo que acaban de firmar establece la realización de un plebiscito para abril, en el cual se terminaría de definir si se procede o no a la convención constituyente. En el plebiscito se definiría, a su vez, si los representantes de la convención serán electos en su totalidad o si la mitad de ellos serán los actuales parlamentarios. De imponerse en el plebiscito de abril el sí a la reforma, la convención recién comenzaría a sesionar en octubre de 2020 y se desarrollaría a lo largo de nueve meses, con la posibilidad de tres meses más de extensión. Finalmente, ¡las reformas que surjan de la convención serían sometidas a un nuevo plebiscito y al actual parlamento! Es decir, los partidos del régimen se reservan la posibilidad de vetar las reformas que emanen de un proceso constituyente ya de por sí amañado.
La ‘oposición’ ha visto en el rescate a Piñera su propio salvoconducto, ya que la rebelión cuestiona a todo el régimen social y político (“no son 30 pesos, son 30 años”). Pero su compromiso con un gobierno completamente jaqueado por la rebelión popular ha llevado a la implosión, por ejemplo, del Frente Amplio. Y su ex candidata a presidenta ha sufrido el escrache y repudio de los manifestantes. Por eso, ante la continuidad de las movilizaciones y de la rebelión, sectores del PS, del Frente Amplio y el PC pretenden disimular su colaboracionismo con el gobierno impulsando una “acusación constitucional” contra el presidente. Se trata de un intento de tomar distancia del gobierno y de parlamentarizar la lucha por la salida de Piñera -una vía completamente muerta, ya que es sabido que no contarán con el apoyo necesario.

Por la huelga general

La Unidad Social, el reagrupamiento que congrega a más de un centenar de organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles de distintas tendencias políticas, amenazó con la realización de un nuevo paro nacional activo para esta semana. Finalmente, la dirección de la Unidad Social suspendió la medida y se habla de que podría realizarse la semana próxima. Es claro que la dirección de la Unidad Social (las organizaciones de masas que se encuentran orientadas por el Frente Amplio y el PC) apuesta al desgaste. Pero el simple hecho que exista un coqueteo con la convocatoria a un nuevo paro nacional activo, refleja el cuadro convulsivo en el que se encuentra el movimiento de masas y la presión que ejerce sobre sus direcciones.
La clave de las claves pasa por la profundización de la rebelión popular, impulsando la huelga general indefinida y las asambleas populares y de trabajadores. Sería la forma de asestarle un golpe decisivo y final al gobierno de Piñera, lo que significaría un salto cualitativo en la situación política en beneficio de las masas. La caída de Piñera es la precondición para que exista una Constituyente libre y soberana, es decir, una Constituyente convocada por las organizaciones de las masas en lucha.

Pablo Giachello