¡Vamos por la media sanción ya!
El tema del aborto ha sido impuesto en la agenda política capitalista por las mujeres y sus grandes luchas, que no se limitan a la gran ola verde de 2018 sino que vienen de muy atrás, con las grandes gestas contra los femicidios desde 2015, y mucho antes con las mujeres que no cedieron a las alianzas de las fuerzas patronales con la Iglesia y reclamaron -aun en condiciones muy difíciles- por el derecho al aborto bajo todos los gobiernos.
El Congreso de la Nación actual ya se ha pronunciado al respecto y la actual composición de la Cámara de Diputados, que tiene vigencia hasta el 10 de diciembre, lo hizo a favor de este derecho. Esto nos lleva a proponer a que antes de las sesiones extraordinarias no solamente se traten la Ley de Alquileres y la de Góndolas, sino que también se trate la ley de IVE presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Esto nos aseguraría una media sanción que no sabemos si podremos obtener con la próxima conformación de la Cámara.
De la clandestinidad a la legalización
Alberto Fernández comenzó sus alocuciones como candidato presidencial rebajando la importancia del reclamo y planteando que “la cuestión del aborto no era central”. Estas declaraciones le valieron reproches y malestares de mujeres de su propio espacio político. Luego pasó toda la campaña electoral diciendo que iba a abordar el tema por etapas, primero la despenalización (sic) y luego el aborto legal. Esto también dejó planteada una tensión en el movimiento.
Nuestra corriente se encargó durante toda la campaña de mostrar la falacia de esas declaraciones, que aún están vigentes como planteo de abordaje del tema por parte de Fernández.
En causales muy importantes el aborto está despenalizado hace 100 años y sin embargo mujeres de todo el país (solo las pobres y desprotegidas) son perseguidas judicialmente y van presas. Desde 1994, con la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica con rango constitucional, que considera el comienzo de la vida humana desde la concepción, se abrió paso a la avanzada judicial contra mujeres pobres acusándolas de homicidio agravado por el vínculo. Esta tendencia se reforzó con la reforma del Código Civil y Comercial del kirchnerismo, que reafirmó y precisó la formulación reaccionaria sobre el inicio de la vida humana. Despenalizar eliminando el artículo del Código Penal referido al tema aborto -que no se usa para perseguir a las mujeres- es un maquillaje para encubrir la realidad y nada más.
En su intervención en la UNAM, en una ciudad que tiene legalizado el aborto desde 2007, Alberto Fernández se manifestó nuevamente sobre el tema, en favor de la despenalización y de que “el Estado garantice su práctica en condiciones de asepsia”, y planteando que el aborto es “una cuestión de salud pública”.
Sus declaraciones sobre el aborto estuvieron precedidas por las del ex embajador en el Vaticano bajo el gobierno kirchnerista, Eduardo Valdés, en el programa ‘Pasaron cosas’ de Radio Con Vos. Allí, luego de repetir que considera a los embriones como personas, ratificó que no quería ver a mujeres presas por esto. Mientras intercambiaba con los periodistas sobre si Bergoglio podría visitar a una Argentina que avanzara sobre el aborto, planteó que éste es un proceso “irreversible” e hizo referencia a que el aborto es legal en el país donde está radicado el Estado Vaticano, Italia.
El desarrollo de estas opiniones están directamente relacionadas con varios factores que están en el centro de la agenda capitalista del momento: la necesidad de avanzar en los planes de ajuste y de compromiso con el FMI, tal como manifestó Alberto Fernández en el diálogo que mantuvo con el allegado a Donald Trump. La inquietud que reina en los gobiernos latinoamericanos por la sucesión de rebeliones populares desde Puerto Rico hasta Chile -en todos los casos ligadas justamente a las exigencias del FMI y del capital financiero sobre estos países- y la capacidad de desarrollo de un movimiento de lucha callejera que ha tenido en el pasado reciente la temática de la mujer, lo lleva a Fernández a preparar una batería de “propuestas” como la del Ministerio de la Mujer, que está llamado a ser un organismo de cooptación del movimiento.
Gran parte de la ola verde votó a Alberto Fernández con enormes expectativas en que el aborto legal sea consagrado bajo su gobierno. Es una paradoja para la fuerza política que efectivizó el entrelazamiento de la iglesia con el Estado, llegando a convertir provincias enteras en territorios manejados por el clero, como ocurre en Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, o Santiago del Estero -donde esta alianza se forjó bajo los gobiernos pejotistas y fue continuada por los radicales kirchneristas.
La crisis capitalista no da tregua, y cualquier gobierno que quiera afrontar la próxima etapa de ajustes y acuerdos con el FMI, mirando el cuadro de efervescencia de América Latina, deberá hacerlo evitando que la mecha corta de los pueblos latinoamericanos se prenda por aquellas temáticas que claramente ya han demostrado ser de interés popular. Recordemos que el Chile de Piñera, hoy incendiado, es el país que luchó por la reforma educativa bajo el gobierno de Michel Bachelet para liberarse del Estado del capital financiero, que durante 30 años dejó a más de 2 millones de personas endeudadas con bancos a través del Estado para pagar por el acceso a la educación universitaria.
Las declaraciones de un presidente electo que lo primero que hizo fue reunirse con la Conferencia Episcopal y que anuncia un plan de asistencia social de la mano de curas y pastores (declaraciones de AF y Daniel Arroyo -su próximo ministro de desarrollo social) muestran que, a pesar de la fatalidad de tener que avanzar con el aborto, la separación de la iglesia del Estado no está en los planes. Lejos de eso, esas iglesias son claves en el desarrollo de los planes de gobierno.
Los y las principales responsables de aplicar leyes -en un país donde prima la descentralización del acceso a los derechos- son los gobernadores, todos enemigos de este derecho, desde la Santa Cruz de Alicia Kirchner hasta la Formosa de Gildo Insfrán, pasando por el gobernador más cercano a Alberto Fernández, el torturador de niñas Juan Luis Manzur. Esto no puede ser considerado menor si se tiene en cuenta que fueron los gobernadores -a través de la prerrogativa que les asiste por la descentralización educativa instaurada por Carlos Menem que los posteriores gobiernos mantuvieron y profundizaron- los que evitaron la aplicación de la educación sexual científica y laica o los que bloquearon en sus provincias abortos no punibles. Hay una lucha en curso y es fundamental mirar todo el cuadro en profundidad.
Puede venir entonces alguna variante de aproximación sobre el aborto legal, estrechando aún más lazos con la iglesia que tiene el monopolio de la educación en salud en varias provincias, a la que se los gobiernos otorgan los cargos claves para bloquear abortos legales, como las jefaturas de obstetricia, y que tiene y tendrá más penetración en el aparato judicial. Esta combinación ha dado por resultado que en países como España, Italia y hasta Uruguay sea bloqueado en los hechos el acceso al aborto a través de la figura del objetor de conciencia. Es una pelea democrática, y como tal debe ser vista en su dinámica de desarrollo y no como una cuestión estanca.
Parlamento y aborto: vamos por la media sanción ya
Este derecho no será aprobado por decreto sino por el parlamento en el que el presidente electo se encuentra en minoría en el próximo periodo, y en el que aún no se conoce la posición sobre tema aborto de casi el 15% de quienes conformarán la nueva cámara. Al día de hoy, no se tiene registro público de las posiciones al respecto de esta temática de 32 diputados y diputadas electas y de 5 senadores, aún después de que durante más de un año fue el tema excluyente de la política en nuestro país. El silencio no es salud, más si analizamos que en el armado de listas la intervención de las iglesias tuvo un peso enorme. No olvidemos que en el Senado el aborto se impidió con el voto de 12 senadores del pejota-kirchnerismo que habían entrado por las listas que encabezaba Scioli, entre los que se encuentra la panquequeada de Silvia García Larraburu -a la que se premió desde el Frente de Todos dándole la cabeza de la lista de diputados de Río Negro. Para llegar hasta el final en nuestra lucha hay que descubrir las maniobras más que enamorarse de las palabras.
Esto nos lleva a avanzar ahora mismo sobre un derecho postergado durante 100 años y sometido a todo tipo de maniobras y usos políticos que pagaron, a través de los años, miles de mujeres, fundamentalmente pobres, con cuerpos mutilados, con la muerte y con miles de niños y niñas que quedaron sin sus madres y a los que el Estado ha abandonado luego de ser responsable de la muerte de sus madres. Esto se ve incluso en el caso Ana María Acevedo, que es el que más lejos llegó en materia de acusación al Estado.
Todo lo que ha ocurrido y lo que está pasando es el resultado de la lucha de las mujeres en las calles. Esta marea que nos ha llevado hasta acá será la que nos garantice el aborto legal y su posterior cumplimiento frente a un Estado que se resiste a abandonar el tutelaje clerical que le reporta la contención social que necesita para avanzar con sus políticas de ajuste, hambre y precarización laboral.
¡Viva la ola verde! Vamos por el aborto legal y la separación de la iglesia del estado.
Vanina Biasi
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