La agonía de una transición “ordenada”

Panorama político-sindical

Aumentan las cuotas de los colegios privados un 19%, el pan 12%, las naftas 5% y probablemente otro tanto en diciembre. Murió el plan de “Precios esenciales”, 64 productos congelados desde abril y “Precios cuidados” aumentaron un 38%.
Los vencimientos de bonos llegan a U$S 1.651 millones este mes y a U$S 2.540 en diciembre. Sólo por el bono Discount se deben pagar unos U$S 600 millones en el último día del año.
Vencimientos de la deuda en dólares con los bonistas: 1.800 millones entre noviembre y diciembre y 9.200 millones en los primeros cinco meses de 2020. Total: 11.000 millones a corto plazo.
Los ahorristas sacaron de los Bancos más de U$S 12.000 millones en las últimas diez semanas.
Diez días antes de las elecciones se registraron remarcaciones en productos de la canasta básica de entre 15 y 30%.
La inflación de setiembre saltó a 5,9%, con un acumulado de 37,7% en los primeros nueve meses del año. Las proyecciones para 2019 oscilan entre 57% y 61%, con una inercia que derrama un piso del 50% para 2020.
El impacto de la devaluación post PASO se expresó con fuerza en septiembre, así el índice de producción industrial manufacturero cayó 5,1% respecto a igual mes de 2018. Dentro de los sectores industriales, las divisiones más golpeados en términos interanuales fueron: “Otro equipo de transporte”(19,0%); “Prendas de vestir, cuero y calzado” (18,2%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”(16,2%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”(13,7%); “Sustancias y productos químicos”(12,3%); “Productos de metal” muestra una disminución de (9,4%); “Maquinaria y equipo”(8,7%) e “Industrias metálicas básicas” (8,3%).
Al calor de la crisis económica la industria anota 17 meses consecutivos en baja. El acumulado de los nueve meses de 2019 presenta una disminución de 7,8% respecto a igual período de 2018.
En igual sentido, el índice elaborado por el Indec que mide la actividad de la construcción confirmó un hundimiento del sector de 8,5% respecto a igual mes de 2018.
El consumo masivo en general cayó el setiembre 13,4%, según la consultora Nielsen. Con una baja de 7,4% en los súper y caídas de entre 14,5% y 17,9% en autoservicios, kioscos, almacenes y perfumerías.
Según un informe de las consultoras Focus Market y Scantech, que releva comercios de hasta 500 m2 (formato express, chinos y almacenes), los precios en octubre subieron 59% en forma interanual, con el mayor aporte de cuidado personal (69%) y artículos de limpieza (65%). Aunque el último salto del dólar de $ 57 a $ 63 todavía no se trasladó a los precios, explica Damián Di Pace, experto en consumo y titular de Focus Market.
De acuerdo al director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, ante la falta de certezas se vienen produciendo remarcaciones preventivas con miras a un eventual congelamiento. Esa cobertura está generando subas de precios generalizados, según admiten fabricantes y cadenas comerciales.
Pese a que Alberto Fernández sueña con repetir el contexto económico que tuvo la presidencia de Néstor Kirchner, la chance de que eso ocurra es reducida. La economía global se desacelera, continúan las tensiones entre EE UU y China, los precios de los commodities se han reducido a la mitad y por ahora Brasil no muestra señales de recuperación.
Además en 2003 no se pagaba deuda, los precios internacionales respondían y no teníamos inflación. La situación actual es más compleja. Por lo tanto, Econviews prevé una caída del 2% del PBI en 2020.

Paro nacional docente en solidaridad con los maestros de Chubut

CTERA anunció paro nacional docente para este viernes en repudio a la represión policial a docentes chubutenses que protestaban frente a la Casa de Gobierno en Rawson contra el descuento masivo de sus sueldos, decretado por el gobernador Mariano Arcioni, y que afectó a quienes están de paro, quienes no, y quienes tienen licencias por embarazo o enfermedad. El Secretario General de ATECh, Santiago Goodman, fue golpeado, detenido y luego liberado, pero imputado por «atentado» y «resistencia a la autoridad». El jueves agitado terminó con la renuncia de Federico Massoni, ministro coordinador del gabinete.
La renuncia del ministro era un reclamo de larga data de parte de los gremios estatales y docentes, debido a las declaraciones y accionar de Massoni.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) también se sumó al paro nacional docente de 24 horas «en repudio por la represión en Chubut y por la ilegal detención del compañero Santiago Goodman», expresó el gremio. Lo mismo anunció la Asociación Gremial Docente (AGD) UBA en Conadu Histórica: «¡Mañana docentes universitarios nos solidarizamos con la lucha de nuestres compañeres!», expresó y convocó a concentrar a las 10:00 en el Obelisco porteño.
Equipos directivos de las principales localidades de la provincia anunciaron el cierre de las escuelas para este viernes, y una masiva movilización desde las 10:00 en la ciudad de Rawson, capital provincial.
Se cumple la decimosexta semana consecutiva de paro docente por retraso en los pagos de los haberes y parálisis de la obra social, entre otras problemáticas. Si bien el gobierno de Chubut ratificó el miércoles la continuidad del pago escalonado en cuatro cuotas para los empleados públicos provinciales, que debería comenzar este viernes con los agentes que cobran menos de 40.000 pesos, y cuyo sueldo se acreditaría el sábado, el ministro de Economía provincial, Oscar Antonena, admitió que no hay previsiones sobre el medio aguinaldo que debería pagarse en diciembre.
Ese modo de liquidar los sueldos y el no pago de los aumentos acordados en paritarias son dos de los puntos centrales que impulsan las medidas de fuerza de estatales y docentes en particular. Pero el que precipitó las protestas de este jueves fue el descuento de los días de paro.
Durante la protesta de la mañana del jueves, los forcejeos frente a las vallas que rodeaban la sede del gobierno provincial terminaron con la violenta detención de Santiago Goodman, maniatado en el piso por cinco agentes. Esposado, el secretario General de ATECh fue conducido al interior de la gobernación, mientras los policías disparaban gases lacrimógenos contra los manifestantes.
La situación chubutense se agrava porque la empresa Genneia, proveedora de energía eléctrica informó que despidió a 810 trabajadores en el parque Eólico Chubut Norte III y IV, cerca de la ciudad de Puerto Madryn.
La compañía decidió suspender las actividades el 31 de octubre y a partir del 1º de noviembre despidió a los 480 trabajadores de las firmas subcontratistas Milicic y Nordex más los 330 operarios de la compañía Pretensados SA. Genneia aduce esta medida por falta de financiamiento, luego de que el Gobierno impuso el cepo cambiario.
En un comunicado que lleva la firma de su secretaria General, Sonia Alesso, y de su secretario general adjunto, Roberto Baradel, la CTERA volvió a exigir de parte del gobierno de Chubut “una urgente solución a los problemas que viven los trabajadores de la educación”.
Además, se reclamó la devolución de los descuentos por días de paro aplicados por la gestión de Arcioni y “el pago de todas las deudas” con los maestros.
Asimismo, reclamaron «la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente» y denunciaron «la campaña mediática en su contra por parte de algunos medios que responden políticamente al gobierno derrotado en las elecciones».
Alesso y Baradel también expresaron que desde la clausura de la paritaria nacional se observó «una caída abrupta de los niveles de inversión educativa, ya que por primera vez desde 2010 la inversión en el área estará por debajo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) que exige la Ley 26.075 y, en 2019, caerá al 5,2 %, en el mejor de los casos».
Los dirigentes explicaron que durante cuatro años hubo «desfinanciamiento» de los Fondos Nacional de Incentivo y que «el aporte estatal al salario de los docentes provinciales está congelado desde julio de 2016 en 1.210 pesos por cargo, por lo que teniendo en cuenta la inflación ocurrida desde entonces se perdió el 10,2 % del poder adquisitivo».
También afirmaron que aumentó la conflictividad y que se redujo el Fondo de Compensaciones Salariales para que las provincias pudiesen actualizar los mínimos, y que «no hubo discusión ni aplicación de políticas públicas pedagógicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, a fin de ofrecer una educación de calidad», puntualizaron.

Despidos

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación comunicó que los trabajadores decidieron en asamblea anteponer una medida cautelar para no sufrir nuevamente los despidos en la planta alimenticia Alco Canale de Catamarca. Si bien los empleados de la fábrica fueron reincorporados, decidieron realizar esta medida ante la Justicia para frenar la sangría interminable de cesantías en la fábrica.
Esta decisión se llevó a cabo luego de debatirlo en una asamblea y para resguardarse de futuras decisiones de la patronal que realizó las reincorporaciones a pesar de sus intereses. Los dueños de la empresa tuvieron que volver a tomar y revertir la decisión de los despidos.
El representante legal del sindicato informó en la asamblea con los trabajadores que en las próximas horas presentarán una medida cautelar en la Justicia ordinaria. Los empleados consideran que las condiciones de los despidos fueron «ilegales».
Los 42 trabajadores despedidos de Arcor San Luis permitieron la entrada a sus ex compañeros en la planta, ubicada en el Parque Industrial Norte de la capital puntana, y, luego, con quema de gomas y barreras humanas, impidieron la entrada de camiones.
«Estamos haciendo un bloqueo total en los portones», dijo Miguel Benaventes, delegado gremial de Arcor San Luis, quien agregó que «el pago de la indemnización no es una solución para los trabajadores».
Las autoridades de la empresa mantuvieron una nueva audiencia en el marco del programa Relaciones Laborales con representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
Arcor se comprometió a abonar el 100% de las indemnizaciones a los empleados despedidos la semana pasada, dando marcha atrás con la decisión comunicada de pagar solo el 50%.
El gremio anticipó que continuará la lucha para pedir la reincorporación de los despedidos hasta el lunes 11 de noviembre, cuando se realizará una nueva audiencia en Relaciones Laborales para continuar con la negociación.
Los trabajadores de Kimberly Clark realizaron el martes pasado un papelazo en Plaza de Mayo reclamando por la reapertura de la planta de Bernal, con los 200 trabajadores en sus puestos. El viernes se movilizaron desde Constitución a la Secretaría de Trabajo. Piden que el presidente electo, Alberto Fernández, y el gobernador electo, Axel Kicillof, los reciban de inmediato para buscar una salida favorable para las familias que vienen peleando por su sustento.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) bonaerense presentó días atrás, junto a legisladores, un Proyecto de ley de anti despidos para el sector. Desde el gremio advirtieron que unos 600 maestros fueron apartados de sus cargos durante este año. Calculan que creció un 50% con respecto a 2018.
Tras más de seis meses de conflicto y con dos fallos judiciales que ordenan su reinstalación, los trabajadores despedidos de la metalúrgica Electrolux realizaron una acción para visibilizar su pelea y torcer el brazo de una patronal que sigue actuando de forma ilegal. Cortaron la Av. Ovidio Lagos a la altura de la Circunvalación.
"La acción fue acordada en una reunión en la sede de AMSAFE Rosario, de la que participaron referentes de la Asociación Clara Anahí, familiares de ex detenidos, integrantes de la Ronda de las Madres de la plaza 25 de mayo, el propio AMSAFE Rosario, el Frente de Organizaciones en Lucha y los partidos que conforman el Frente de Izquierda Unidad: PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST", dice su comunicado de prensa.
Además del corte del jueves, la reunión multisectorial definió volver a reunirse la semana entrante para delinear nuevas medidas y sumar más espacios que se quieran solidarizar con la pelea de los despedidos.
Trabajadores de la Coca Cola y la Comisión de Mujeres se hicieron presentes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ubicada en Lavalle 1554 para luchar por sus puestos de trabajo.
"Como es de público conocimiento, los trabajadores de Coca Cola venimos sosteniendo una pelea contra los despidos persecutorios y discriminatorios desde el año 2015", dijo un trabajador. Realizaron una radio abierta a la que se sumaron trabajadores de Kimberly Clark, Ansabo y tercerizados de Latam.
Al final anunciaron que realizarán otras actividades como una peña para juntar dinero para el fondo de lucha para los compañeros despedidos, una acción frente a la sede central de Coca Cola Company y que participarán del Encuentro Obrero convocado por la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de Zona Sur el viernes 15.
Los trabajadores de Mendicrim pidieron el acompañamiento en el marco de una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de Lincoln (Saavedra y 9 de julio), convocada para este miércoles 6 de noviembre. Ese día finalizó la conciliación obligatoria y podrían quedar efectivos los despidos.
El gobierno de Cambiemos se despide con la destrucción de 157.424 puestos de trabajo del sector privado formal respecto de cuando asumió en diciembre de 2015. La cifra se encuentra lejos de los 1,25 millones de empleos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que se crearon con la gestión macrista. Para llegar al número que brindó el funcionario no alcanza ni con computar a los monotributistas, los empleados públicos y el servicio en casas particulares. Las peores caídas del empleo formal tuvieron lugar en comercio, industria, transporte, actividad inmobiliaria y construcción, mientras que hubo una compensación en el registro de monotributistas y personal doméstico. Junto con la pérdida de puestos, el salario general en cuatro años se contrajo 19% en términos reales.

Paritarias

Los cuatro sindicatos que agrupan a los trabajadores de la actividad ferroviaria permanecerán en “estado de alerta y sesión permanente” frente al fracaso de otra negociación con funcionarios del Ministerio de Transporte, que determinó una nueva audiencia para el 19 de noviembre.
Los dirigentes se reunieron con los representantes del Ministerio de Transporte y de las firmas Sofse, Adifse, BCyL (Líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza) y Dechaf, pero no hubo avances en las negociaciones para actualizar «el poder adquisitivo de los trabajadores respecto de los índices inflacionarios», afirmaron los gremios.
Por este motivo, el 31 de octubre se decidió un plan de lucha con asambleas, a fin de informar a los trabajadores sobre el estado de las negociaciones. Comenzaron el 1º de noviembre, pero Producción y Trabajo dictó de forma inmediata la conciliación obligatoria y no hubo avances posteriores.
El acuerdo salarial definitivo que están reclamando los sindicatos corresponde a las paritarias del período abril 2019-marzo 2020, luego de que en septiembre convinieron el pago de una suma no remunerativa extraordinaria y por única vez equivalente al 6,5 % del haber total bruto conformado (incluyendo viáticos) sobre las escalas vigentes ese mes.
Fue en ese momento cuando sindicalistas y empresarios acordaron retomar las reuniones a partir de la publicación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de septiembre último para continuar las paritarias.
En la Noche de los Museos, los ferroviarios encararon una protesta por el uso político del mismo. Los trabajadores de la Federación Ferroviaria Argentina, encabezados por Delicia Codigone de la Unión Ferroviaria y Omar Maturano de La Fraternidad, tomó en forma simbólica por más de una hora el histórico predio del Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz, ubicado en Av. Libertador a metros de la cabecera de Retiro, para «reafirmar su pertenecía a todos los ferroviarios y exigir su devolución al ámbito de la empresa ferroviaria».
La actual gestión, bajo la órbita de Guillermo Dietrich, finalizó la obra edilicia y transfirió el primer y el segundo piso a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y a la ADFI SE., dejando para el Museo la planta baja y el entrepiso, «espacio insuficiente para la exhibición de sus colecciones, el archivo y la biblioteca, la mayor parte de la cual permanece depositada precariamente», denunciaron.
«La Federación Ferroviaria Argentina encara su negociación paritaria incluyendo dentro de ella la defensa irrestricta del Museo Ferroviario, su puesta en valor y la vigencia innegociable de nuestra Memoria y Sentimientos Ferroviarios», sostuvo el líder de La Fraternidad.
Los trabajadores de prensa escrita reclaman el pago del bono de $ 5.000 en una sola cuota, que vaya al sueldo y no se absorba en futuros aumentos, entre otras iniciativas tendientes a recuperar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación y la devaluación. En este marco, el miércoles 6 de noviembre, hicieron un plenario abierto de delegados en Editorial Atlántida, ubicada en Azopardo 565 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los trabajadores de El Cronista continuaron el miércoles con el plan de lucha, reteniendo tareas de 13:00 a 16:00, sin actualización de la web y el retiro de firmas.
La jornada de lucha del miércoles convergió con las acciones de los trabajadores de Clarín, que hicieron retención de tareas y apagón de monitores en dos turnos, también por reclamos salariales ligados al bono de 5.000 pesos.
También con los compañeros de Diario Popular, que se declararon en asamblea permanente por distintas reivindicaciones, todas ligadas al salario.
“Saludamos las iniciativas de las distintas redacciones, como las que ya se llevaron adelante, entre otras, en Publiexpress y Perfil y estaremos el miércoles en las puertas de Atlántida, donde a las 14:00 los trabajadores de la editorial harán una asamblea, que continuará con un plenario de delegados abierto a todos los compañeros del gremio que se quieran sumar”, señalan en un comunicado.
Los docentes porteños nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ademys realizaron el martes un paro de 24 horas en reclamo por la apertura de las paritarias y en rechazo a la designación “a dedo” de Horacio Rodríguez Larreta en los concursos docentes. La medida comenzó con una movilización a las 8:00 en el Polo Educativo del barrio de Saavedra.
“Nos ofrecen 29% y la inflación está en el 50%. Perdemos 21 puntos y no lo aceptamos. Un maestro que arranca cobra $25.000 y la línea de pobreza está en $35.000. Somos pobres», señaló el secretario general de UTE, Eduardo López, al explicar los motivos de la medida de fuerza y aseguró que «los salarios del 90% de los maestros están por debajo de la línea de la pobreza» cuando «hace 4 años la mayoría de los docentes de la Ciudad estábamos arriba de la línea de pobreza».

«Daer y la CGT durante cuatro años fueron cómplices»

Si bien el objetivo del plenario de la CGT de este viernes, con la presencia de Alberto Fernández, es comenzar a bosquejar un proceso de reunificación de la Central en el marco del pedido del presidente electo al sindicalismo, lo cierto es que las diferencias entre los distintos sectores volvieron a exhibirse a menos de 48 horas del encuentro.
Días atrás, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, dio a entender que no asistiría al plenario de la CGT, al avisar que no había sido invitado, tras lo cual la conducción de la Central aclaró que no se enviaron notificaciones porque «todos saben que hay reunión» el viernes.
Superado este presunto «malentendido», todo indicaba que Moyano finalmente acudirá al plenario, o al menos enviará a su hijo Pablo en su representación, mientras que otros dirigentes del entorno del camionero también asistirán, incluidos los de la Corriente Federal, el grupo de gremios cegetistas que se alejó de la conducción, integrado por los Bancarios de Sergio Palazzo, entre otros.
«Vamos a ir, creo que Hugo va a ir. Vamos a ir todos, en apoyo a Alberto», sostuvo Carlos Municci, secretario general de la Asociación Personal Superior de Energía (APSEE) e integrante del sector de la Corriente Federal.
No obstante, el dirigente admitió que persisten las fuertes internas que volvieron a expresarse con fuerza durante el mandato de Mauricio Macri, en el que la Corriente Federal y el moyanismo dieron un portazo ante la conducción de la CGT con el reclamo de mayor «dureza» en su relación con la gestión de Cambiemos.
« El movimiento obrero está muy complicado, el movimiento obrero no es tan fácil de unificar como es la política. Existen varias fracciones, el MASA, el Frente Sindical, la CGT, la Corriente. Prometimos que el viernes vamos a concurrir, para que Alberto sepa que el movimiento está unido, lo cual no quita que dentro de la interna sindical discutamos» , planteó Municci.
Al respecto, volvió a apuntar duro contra la conducción de la CGT, donde tallan fuerte los «gordos» e «independientes»: «Daer y la CGT durante cuatro años fueron cómplices de esta situación. No es un ataque, es un análisis. La CGT permitió la reforma previsional, el pago a los buitres, la deuda con el FMI, la Ley de despidos que vetó Macri, se le robó un atril por primera vez en la historia en un acto», disparó.
El titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy habló de cara al proyecto de unidad del movimiento obrero e indicó: “La unidad de la CGT es difícil de imaginar, en mi opinión es una estructura caduca, con todo respeto a quienes la defienden y sostienen”.
“Creemos que sumarse a la CGT es un camino de la unidad pero que debe haber más porque hay millones de trabajadores que están por fuera del sindicalismo tradicional, construir nuevas formas de organización y participación y hay que integrar en nuevas propuestas de participación política”, explicó.
Por otro lado, se refirió a las declaraciones de del titular de UPCN, Andrés Rodríguez, quien había asegurado que no iban a pedir bono de fin de año por lo complicado de la crisis: “Los estatales no tuvimos cláusula gatillo, es una necesidad que se dé la recomposición salarial ya sea con un bono o un aumento extra”.
Respecto a las demandas desde el Estado, expuso: “Tenemos como prioridad reincorporar a los trabajadores despedidos, el restablecimiento de programas de gobierno que favorecían a los sectores populares y fueron cerrados por Macri, pleno funcionamiento de la paritaria y pase a planta permanente en el Estado”.
También Jorge Reynoso, secretario general de Camioneros y de la CGT San Martín de La Rioja, anunció que mediante un petitorio, solicitaron al gobierno provincial, que pague un bono de 12.000 pesos para fin de año.

Moyano y Palazzo vs Galperín

La Federación de Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, advirtió que denunciará penalmente al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público y lo harían responsable en caso de un eventual accidente de trabajo a partir de la vigencia de un convenio laboral autorizado por el funcionario entre la empresa Mercado Libre, que lidera Marcos Galperín, y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga.
En julio pasado, Moyano impugnó en la Secretaría de Trabajo el acuerdo que suscribieron Mercado Libre y el gremio de Carga y Descarga por el encuadre sindical de 80 operarios en una planta de logística ubicada en Villa Madero.
El trato, sin embargo, fue homologado por Sica en un «trámite exprés», según denunciaron los camioneros y empujado por el propio Galperín.
En su presentación, Moyano advierte sobre «un pacto fraudulento y espurio entre el ministerio, una empresa fantasma y un sindicato sin representación».
Inicialmente, el nuevo convenio se aplicó a 80 operarios de Mercado Libre que se desempeñan en la planta de Villa Madero. Sin embargo, hace algunos meses ya alcanzaría a 320 y a fin de año podría abarcar a unos 600 trabajadores, según informó el gremio de Carga y Descarga.
También el enfrentamiento entre Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, y el sindicalista Sergio Palazzo podría resurgir en las próximas semanas, pero ya no en forma de declaraciones cruzadas o indirectas vía Twitter. El secretario general de la Asociación Bancaria prepara un extenso documento sobre el sector fintech en Argentina que será dado a conocer dentro de diez días. “Estamos en los detalles finales”, informó Palazzo. El objetivo del escrito es presentarlo al próximo Gobierno, para avanzar en un encuadramiento laboral de los trabajadores de las fintech, por la vía del Ministerio de Trabajo.
La discusión entre Palazzo y Galperín comenzó en julio de este año. El sindicalista había dicho que pretendía que “todos los trabajadores de las fintech se encuadren como trabajadores bancarios, si es que prestan servicios financieros”. La declaración fue rechazada por Galperín, de Mercado Libre, y por la Cámara Argentina de Fintech, que en un comunicado aseguró que el pedido era “anacrónico” y que las empresas fintech no realizan actividades bancarias. El mismo presidente, Mauricio Macri, se había sumado a la discusión al asegurar en una entrevista que Palazzo tenía “actitudes prepotentes y patoteras”.
Palazzo volvió a hacer referencia al tema durante el Coloquio de IDEA de Mar del Plata, que reunió a los empresarios más importantes del país. Pero esta vez, el foco no fue en la afiliación o no de los trabajadores a La Bancaria, sino en la regulación de las plataformas donde hay operaciones con dinero. Y también insistió en corregir cuestiones impositivas: “Hay empresas que valen más de 28.000 millones de dólares y pagan 15% de Ganancias, mientras un trabajador paga hasta el 35%”, aseguró. La idea fue reforzada en un comunicado a fines de octubre, en el que aseguró que la ausencia de regulaciones genera prácticas desleales con las entidades bancarias. En este punto, el sindicato y los bancos coinciden: tanto la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), como la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), emitieron comunicados que piden igualdad regulatoria y fiscal. “Todos aquellos que ofrezcan servicios financieros como préstamos y medios de pago tienen que estar alcanzados por las mismas reglas, para competir con las mismas condiciones, más allá de la tecnología que se use”, indicaron desde Adeba.
Resta conocer el impacto político que podría desencadenarse. Palazzo compartió con el presidente electo Alberto Fernández un almuerzo la semana pasada en el que hablaron del rol de la banca pública y de la importancia de llegar a un acuerdo social. A su vez, Fernández recibió a Galperín la misma semana en la que el empresario le solicitó una reunión, tras su triunfo en las elecciones primarias. Y durante su viaje a México, visitó Globant, otras de las empresas del sector de la economía digital, fundada por Martín Migoya, que junto a Galperín, fueron los empresarios que más apoyaron la candidatura de Macri.
El sector fintech está conformado por 223 empresas, un 68% más que el año pasado. Emplea a 9.500 personas, un 58% más que en 2018. El mayor porcentaje de firmas se da en créditos y pagos digitales, según datos provistos por el economista Ignacio Carballo.

Vialidad paralizada hace 12 días

El jueves se realizó en la sede central de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de la calle Av. Jujuy 1074, una conferencia de prensa encabezada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) que conduce Graciela Aleñá. Allí ratificaron la continuidad de la retención de tareas del sector administrativo que tiene un acatamiento total en los 24 distritos de Vialidad Nacional de todo el país y paraliza las obras viales hace 12 días. Denuncian un “ataque” del Gobierno de Mauricio Macri ante la decisión oficial de no reconocer ni abonar el pago del ítem salarial co-responsable contable que adeudan a trabajadores del sector desde Octubre de 2016.
El gremio fue notificado de manera «oficial» a través de la Gerencia de Recursos Humanos del organismo público que por decisión del Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete «no se reconocerá la deuda salarial ni se abonará el adicional de ‘corresponsable contable’ que los trabajadores reclaman desde 2016».
El no pago de esos ítems salariales provocó que el sector administrativo de Vialidad Nacional declarase una retención de tareas desde el 24 de octubre último.
“Tal vez lo que este Gobierno no nos perdone, son nuestras dos denuncias penales por las que fueron imputados el Ingeniero Javier Iguacel y el Ministro Guillermo Dietrich, por actos ilegales y de corrupción, uno por sobreprecios y otra por la prórroga ilegal de las concesiones viales”, recordó la sindicalista y alertó: “No sabemos con qué se va a encontrar el próximo gobierno que venga. Así como han desaparecido expedientes de la denuncia que hemos realizado en la ruta 8 que involucra a IECSA, no dudamos que van a desaparecer muchos expedientes más, donde seguramente muchos funcionarios hoy estén involucrados en casos de corrupción”
“Nunca les preocupó cuando cerraron nuestras cinco escuelas técnicas, cuando despidieron sin causa a nuestros 52 compañeros, quienes quisieron ingresar al organismo y les cerraron la puerta en la cara, y muchos de nosotros tuvimos que juntar sus pertenencias y alcanzárselas a la puerta porque no los dejaban ingresar. La verdad que el nivel que ha tenido la administración y el gobierno con los trabajadores es más que lamentable”.
“Es mentira cuando dicen que la culpa de que las empresas no cobren es por la medida de los compañeros. Las empresas no vienen cobrando hace casi un año, y eso es lo que debió salir a decir la Administradora de Vialidad Nacional, y que hay más de 100 obras paradas hace más de ocho meses por falta de pago o porque se han neutralizado las mismas de común acuerdo”, finalizó la dirigente.

Polémica entre investigadores

La científica Sandra Pitta, investigadora del Conicet que integra el grupo de intelectuales que apoya al presidente Mauricio Macri, volvió a quedar en medio de una polémica tras una serie de declaraciones que hizo sobre el Conicet y la dictadura. Consultada por la financiación del Conicet, la científica afirmó que la etapa de mayor inversión pública del organismo fue «durante el proceso». También dijo que el gobierno de facto desfinanció las universidades públicas porque allí estaban los “jóvenes que podían ser peligrosos” y que aumentó la inversión del Conicet luego de “limpiarlo de rebeldes”.
La referencia usada por la investigadora en biotecnología vegetal despertó las críticas y las reacciones de diversos organismos. Los primeros en responder fueron los propios trabajadores del Conicet, que asociaron las declaraciones a un discurso “negacionista y represivo”. «Esta científica no es representativa de ninguna manera a los trabajadores de Ciencia y Tecnología ni de la comunidad científica en general”, afirmó Victoria García, delegada de la Comisión de Derechos Humanos de ATE Conicet.
Según la dirigente, las expresiones de Pitta representan una falta de respeto hacia los dos trabajadores del organismo que fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura: Dante Guede y Martín Toursarkissian. Además, aclara la trabajadora, vuelve para atrás sobre un debate ya saldado en la sociedad. “Las declaraciones son peligrosas porque trae argumentos muy oscuros que ya fueron saldados y no podemos retroceder. Con ese discurso negacionista y represivo se quiere desacreditar que la mayor inversión en Ciencia la hicieron los gobiernos kirchneristas”, agregó.
La comunidad científica refutó también los datos brindados por la investigadora. “No es verdad que la inversión en Ciencia que se hizo durante la dictadura sea mayor a la de los últimos años. Además de falso, lo dicho es engañoso porque el sistema científico era mucho más chico”, explicó Jorge Aliaga, físico del Conicet y ex decano de la Facultad de Exactas.
La inversión en Ciencia y Tecnología creció sostenidamente a lo largo de los años hasta triplicar entre 2012 y 2015 su número en términos nominales. En relación al PBI, el presupuesto fue ganando o perdiendo participación pero siempre se mantuvo en mejores términos que los de 1976. La mayor caída del presupuesto de ciencia ocurrió en 2003, luego de que el país atravesara una de las mayores crisis económicas y sociales desde el regreso de la democracia.
El ex decano de Exactas puso el foco, sin embargo, sobre otro aspecto de los dichos de Pitta, algo que a su entender es más grave que la información errónea en cuanto a los datos del presupuesto. “La lectura que se desprende de sus dichos es la defensa a un sistema científico más chico, concentrado y de elite. Es parte de las críticas que dicen que a partir de 2012 la plata faltaba en el organismo porque estaba entrando demasiada gente y si hay muchos investigadores, el dinero no alcanza para todos”, agregó.

Aeronáuticos

En el salón Moreno del quinto piso del edificio “Senador Alfredo Palacios”, la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FPV-PJ), presidenta de la Comisión de Industria y Comercio, junto a los senadores por Neuquén, Marcelo Fuentes (Bloque FPV-PJ); por Santa Cruz, Ana María Ianni (Bloque FPV-PJ); por Chubut, Nancy González (Bloque FPV-PJ) y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Solanas (Proyecto Sur) puntualizaron que “es necesaria declarar la emergencia aerocomercial por el plazo de 120 días.
Participaron de la audiencia, entre otros, representantes de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) y de la Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA).
Los gremios aeronáuticos criticaron la actual política aerocomercial, reclamaron por mayores condiciones de seguridad, así como la creación de una comisión permanente del Congreso para regular la actividad.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizó este martes una movilización en el interior del Aeroparque Jorge Newbery para reclamar por la situación que atraviesan los trabajadores de Andes y Avian. Las protestas encabezadas por el titular del gremio, Pablo Biró, no afectaron los vuelos programados. El reclamo no está vinculado a la paritaria sectorial sino al riesgo de pérdida de trabajo. “Las dos empresas adeudan hace varios meses salarios y están al borde de quedar en la calle”, señaló APLA en un comunicado al cuestionar la política aerocomercial del gobierno de Cambiemos. “Mientras Avian se encuentra concursada y no paga salarios hace siete meses, esta semana Andes anunció la suspensión de las operaciones tras no abonar los sueldos desde junio”, señaló la entidad sindical.
Tras haber aprobado gremios de empresa en las low cost, el Gobierno ahora reconoció uno de pilotos para Latam. Es el último paso para tratar de desguazar el sindicato de pilotos que lidera Pablo Biró, uno de los más férreos opositores al macrismo.
El ministro de la Producción y el Trabajo, Dante Sica, habilitó la creación de la Unión de Pilotos de Aviadores de Latam, un sindicato exclusivo por empresa y que surge a partir de la interna promocionada desde el Gobierno que fracturó a la Asociación de Pilotos (APLA), que encabeza Pablo Biró.
La creación del nuevo sindicato se conoció en el Boletín Oficial, a partir de la resolución 1138/2019. Les otorga un plazo de diez días a los impulsores de la nueva organización para conformar la entidad.

Ley de alquileres

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles y consensuó un dictamen único para que el Proyecto de ley de alquileres pueda ser votado por el Congreso antes de fin de año, luego de tres años de idas y vueltas. Había tres proyectos en danza que la oposición y el oficialismo lograron unificar en uno. Entre los puntos en los que hubo acuerdo se destaca la extensión del plazo del contrato de dos a tres años y la creación de una fórmula que se actualizará en base a un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central. El objetivo es que el texto pueda tratarse en el recinto el 20 o 27 de noviembre, junto con la Ley de Góndolas, para luego pasar al Senado.
Los legisladores decidieron unificar los proyectos de Lipovetsky (PRO), de Agustín Rossi, jefe del bloque FpV-PJ, y de Felipe Solá, titular del interbloque Red por Argentina. En el encuentro de este miércoles por la tarde estuvieron presentes representantes de inquilinos, propietarios e inmobiliarias.
Además, los proyectos apuntan a reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y no poder pedirles más de un mes de adelanto, en lugar de los dos meses de depósito que se piden hoy. También había coincidencia en la necesidad de ampliar los tipos de garantías. Finalmente, todos esos puntos fueron incorporados en el proyecto único.
En el caso de las garantías, el proyecto establece que el locatario podrá proponer al locador al menos dos de las siguientes garantías: garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. “Hoy nos estamos ocupando del acceso de un derecho básico de las personas que es a un techo y en este proyecto que estamos debatiendo acá hemos empezado a encontrar algunos caminos», aseguró diputado del FpV, Adrián Grana.
Son 8 millones de personas las que se encuentran en situación de inquilino. A partir de la falta de datos oficiales y para dar cuenta de los costos que tiene hoy alquilar, la Federación Nacional de Inquilinos realizó una encuesta para medir el impacto de los aumentos para las familias inquilinas.
La consulta, con más de 5.000 respuestas, arrojó que un inquilino destina el 45% de sus ingresos al pago del alquiler, sin contar expensas, impuestos y servicios. Si se consideran todos los gastos, mantener una vivienda alquilada ocupa el 60% o 70% de un salario promedio.
Los datos desglosados por provincias indican que en Córdoba se destina mayor porcentaje del sueldo en alquiler con un 46,7%. Allí conformaron una cooperativa de inquilinos para reclamar por una Ley de Alquileres. La «Cooperativa de Inquilinxs de Córdoba» (Coopinco) tiene 27 asociados, y se creó hace dos años.
«Las dos propuestas más importantes que tenemos es la Ley de Alquileres, viene desde hace un tiempo considerable, y la creación del Ministerio de Vivienda, que surgió hace poco tiempo. Creemos que el próximo gobierno puede -porque además estaba en su plataforma de campaña- tener una respuesta favorable a este planteo», expresaron.
El SÁBADO 9/11 A LAS 16:00 EN PARQUE ESPAÑA (Av. Caseros y Av. Amancio Alcorta) convocan a una Gran Asamblea por el Derecho a la Vivienda Digna, a fin de pensar una agenda de lucha para revertir la historia. “Teniendo en cuenta la desfinanciación de la Ley 341, que no permite la posibilidad de establecer maneras colectivas y de autoconstrucción para habitar la Ciudad y que en CABA existen 140.000 viviendas ociosas, mientras que 7.251 personas viven en la calle y 500.000 se encuentran en emergencia habitacional. Todos los años lamentamos muertes por frío en la ciudad más rica del país. Las casas y terrenos vacías, especialmente las del Estado, deben ser habilitadas para un uso social y no especulativo”, resume la convocatoria.

Mario Hernandez

Fuentes: Clarín, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Diario Popular, La Nación, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, APU, Página12, Redacción Canal Abierto, RedacciónEDA.