Chile: después del paro nacional

El lunes se inició, en Chile, un paro sectorial protagonizado por portuarios y sectores de la Salud. El paro se hizo general el martes, cuando se sumaron profesores, trabajadores de la educación y del sector público, además del movimiento contra el sistema previsional (NO+AFP), y se extendió hasta el miércoles. El paro de los portuarios, un sector de vanguardia del movimiento obrero chileno, fue general, a tal punto que puso en jaque las exportaciones. En el norte chileno pararon algunos sectores de la industria, pero el gran ausente fue el proletariado minero, que a diferencia del gran paro del 12 de noviembre no se sumó a la medida. La jornada del martes, contó con una movilización de 50 mil trabajadores por el centro de Santiago y movilizaciones en todo el país, y por la noche tuvo lugar un cacerolazo, con eje en la denuncia de la represión.
La dirección de la Unidad Social, que se encuentra alineada políticamente con el Partido Comunista y el Frente Amplio, se encargó de demorar la convocatoria a este nuevo paro nacional y se ha mantenido firme en su rechazo a la pelea por echar a Piñera, que es el grito de las masas en lucha desde hace más de 40 días. El contenido que el bloque sindical de la Unidad Social le imprimió al paro general fue un pliego de reivindicaciones sindicales, entre los que se incluye la petición de salarios y pensiones mínimas de 500 mil pesos chilenos, el reconocimiento de la negociación colectiva por rama y el respeto al derecho a huelga, entre otras cosas. Y el fin de la represión y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, más “democrática y representativa” de la que se está ‘cocinando’ entre los partidos tradicionales.

Ofensiva represiva

A la par que se preparaba y se desarrollaba el paro nacional, en el curso de la última semana aparecieron dos denuncias de organismos internacionales señalando la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas. Un informe de Amnistía Internacional, conocido el jueves 19, en donde se denuncia que “la intención de las fuerzas de seguridad es dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y la violencia sexual”, desató un día de furia que se extendió hasta la madrugada del viernes. A ese informe se le sumó, este martes 26, otro de Human Rigths Watch (HRW), en el cual se señala que “hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos”.
El gobierno, que ha sentido los golpes de las denuncias, se mantiene en su línea de reestablecer el “orden público”, ante el hecho de que el clima de agitación y movilización popular sigue vivo y latente. Por eso ha enviado, el miércoles 27, cuatro proyectos al Congreso para “detener la violencia”: ley antiencapuchados, ley antisaqueo, ley antibarricadas y ley de resguardo de infraestructura crítica por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Cuenta para ese objetivo no sólo con el apoyo de toda la derecha chilena, sino incluso también con gran parte del centroizquierda. Más de 80 referentes del PS han salido a respaldar a los carabineros y a condenar a los “grupos extremistas y antisistémicos”.

Perspectiva

Es claro que con la estrategia que levanta la dirección de la Unidad Social no se logrará dar una respuesta a los reclamos de los trabajadores y sólo podrá existir, en el mejor de los casos, una Constituyente amañada, como la que surgió del “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. Para que la rebelión avance y para que no alce la cabeza la ofensiva represiva, es necesario imprimirle al movimiento de lucha una dirección clara. La clave pasa por levantar bien en alto la exigencia de que caiga Piñera, porque sólo de esa manera podría abrirse paso la perspectiva de tener una Constituyente libre y soberana, es decir convocada por las organizaciones de las masas en lucha. Para eso, es necesario impulsar una huelga general por tiempo indeterminado, que coloque al movimiento obrero al frente de la rebelión. Es necesario organizar los pronunciamientos de las asambleas de trabajadores, territoriales, populares y estudiantiles en esa dirección.

Pablo Giachello