Aldo Rico, Enrique Venturino y Gustavo Breide Obeid dirigiendo el levantamiento en Campo de Mayo
Aquel fin de Semana Santa la gente salió espontáneamente a las calles para impedir que se consumara el primer levantamiento carapintada.
El 14 de abril de 1987 el mayor de Inteligencia, Ernesto “Nabo” Barreiro, se negó a concurrir ante la Justicia Federal por cargos de torturas y asesinatos. Junto a otros 130 militares se amotinaron en el Comando de Infantería de Córdoba. Así comenzó el primero de una serie de levantamientos carapintadas.
El conflicto se generalizó el 16 de abril, cuando el levantamiento carapintada se extendió a otros cuarteles del país. El teniente coronel Aldo Rico, a cargo de un regimiento en Misiones, pasó a liderar los reclamos de los militares desde la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
Los carapintadas, a poco de sublevarse, aclararon que no intentaban dar un golpe militar y que sólo pedían respeto por las Fuerzas Armadas. Rico, vocero de la rebelión, trasmitió los reclamos al gobierno de Alfonsín: el cese de las citaciones judiciales a quiénes han enfrentado a la subversión; el fin de la campaña de desprestigio, que según ellos realizaban los medios contra los militares; el relevo del jefe del Ejército, Ríos Ereñú y el resto de la cúpula castrense, porque entre otras cosas los hacían responsables de la rendición en Malvinas; incremento del presupuesto militar y por último que ninguno de ellos fuera sancionado por el alzamiento.
Si bien la voz de mando del levantamiento la dio el Mayor el Nabo Barreiro (recientemente juzgado por los atroces crímenes cometidos en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba), el núcleo de la rebelión se trasladó a Campo de Mayo, donde el Teniente Coronel Aldo Rico, fue el portavoz de los carapintadas. La base del levantamiento fueron los oficiales y suboficiales genocidas que no se beneficiaron con la ley de Punto Final. A pesar que el alzamiento contó con muy poco apoyo público entre los responsables de las tropas, las Fuerzas Armadas se negaron a reprimir a los militares rebeldes. El General Alais, a cargo de la tarea, en cuatro días no “logró” llegar a destino.
¿Cuál era la situación de los militares antes de este levantamiento?
Antes de traspasar el poder al nuevo gobierno constitucional, el gobierno de facto del general Reynaldo Bignone pactó con la Multipartidaria (integrada por el PJ, la UCR y el PC entre otros) una transición ordenada y así evitar que la dictadura cayera por la movilización de las masas y sancionan la ley 22.924, conocida como Ley de Pacificación Nacional o Ley de autoamnistía a través del cual pretendían quedar impunes de los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura cívico-militar.
En las elecciones de 1983 el candidato de la UCR Raúl Alfonsín logró derrotar electoralmente al peronismo con el 52 % de los votos, representados por Ítalo Luder. Los partidos de ambos candidatos, que habían integrado la multipartidaria, se diferenciaban en algo: Alfonsín en campaña prometió anular la ley de autoamnistía, y juzgar a los militares (bajo la teoría de los dos demonios). Este fue uno de los factores que le permitió el triunfo.
Pero la intención de Alfonsín fue responder al reclamo de las masas por juicio y castigo, sin afectar a las Fuerzas Armadas como institución, sino recomponerlas. Después del Juicio a las Juntas, donde cinco de los nueve altos ex jefes militares fueron condenados, pretendían clausurar las acciones penales contra los genocidas. El verdadero propósito de la UCR no era juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad sino dar signos de recomposición institucional, limpiar la imagen de la Justicia de los partidos como el PJ y la UCR que colaboraron con el golpe y sobre todo el de las Fuerzas Armadas y dar los primeros pasos hacia el “punto final”.
Pero a fines de 1985 se abrieron más de 1.200 causas judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ante los fallidos intentos de que no avanzaran estas causas, el 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que estableció el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley". A excepción de los responsables de secuestro de recién nacidos. La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos permitió continuar con los juicios. Esto fue uno de los disparadores que provocó el estallido de la crisis de Semana Santa de 1987.
El 16 de abril
Aquel fin de Semana Santa espontáneamente la gente salió a las calles y coparon la Plaza de Mayo y la de los Dos Congresos; y estaban dispuestas a llegar hasta Campo de Mayo para impedir que se consumara la extorsión de los militares.
Ese mismo día, desde el Palacio de los Dos Congresos y ante la multitud reunida, el presidente Raúl Alfonsín expresó: “No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza… Ningún ciudadano puede negociar con la Justicia ni con ningún otro poder del Estado sobre su situación procesal”.
Tres días después, el domingo de Pascua un sector de manifestantes llegó hasta las puertas de Campo de Mayo y coreaban “si se atreven, les quemamos los cuarteles”; en tanto, en la Plaza de Mayo, una multitud aguardaba que Alfonsín volviera de Campo de Mayo, unas horas más tarde salió del Cabildo. Las palabras presidenciales fueron: “Felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden”. La CGT, los dirigentes empresarios, la UCR, el peronismo, el Partido Comunista garantizaron el pacto de impunidad y firmaron el Acta del Compromiso Democrático que Alfonsín pactó con los militares.
Mientras tanto en una conferencia de prensa Aldo Rico, jefe de los sublevados, expresó: “Nos hemos puesto de pie y hemos logrado nuestro objetivo” y prosiguió “(…) Llegamos a un acuerdo con el Presidente, en su calidad de comandante en jefe, porque estábamos autolimitados en nuestros objetivos. El Presidente dijo que no somos golpistas y esto es así. (…) Esta medida aparentemente desmedida fue la única forma de llamar la atención de las autoridades. Este que está aquí es el verdadero Ejército Nacional que se limitó para no enfrentarse al pueblo que lo insulta”. Hacia el final Rico expresó: “Estos combatientes lucharon contra la subversión y en las Malvinas. Engañados o no, hicieron muchas cosas, pero pensaron siempre en el servicio de la Nación. Dimos un ejemplo. El Presidente y los políticos lo entendieron. Dimos el puntapié inicial de una verdadera reconciliación del país” (La Nación, lunes 20 de abril de 1987).
Lo que la realidad demostró fue la capitulación de Alfonsín ante las presiones de los restos del poder militar. Un mes y medio más tarde, el 4 de junio, sancionan la Ley de Obediencia Debida.
El rol de la UCR y el PJ
Una vez más el objetivo del radicalismo fue desmovilizar a quienes querían pelear contra los carapintadas y pactar con los militares. En este propósito fue acompañado por el Partido Justicialista y la CGT, que teniendo la capacidad de movilizar se negaron a hacerlo. Si además de movilizar hubieran llamado a una huelga general se podría haber derrotado a los carapintadas y a los militares que secretamente los secundaban y, abortar de este modo, la extorsión a obtener mayor impunidad. En cambio apoyaron a Alfonsín en la capitulación ante los militares y su política de desmovilización.
Como lo dijo Rico en su rol de portavoz, y que hoy lo repite cada vez que lo acusan de golpista, el alzamiento carapintada no tuvo por objetivo perpetrar un golpe militar.
El Partido Militar, que durante gran parte del siglo XX tuvo el poder suficiente de realizar golpes e incidir en la vida política nacional, había perdido legitimidad y poder, pero tenían fuerza para poner en vilo a un gobierno que intentó disciplinarlos. Aún golpeado y desprestigiado por los crímenes de la dictadura y la capitulación frente a las tropas inglesas, los militares querían sostener su autonomía y se negaban a tener procesados por eso continuaron una serie de levantamientos. Será recién el gobierno de Menem el que le dará la estocada final al Partido Militar. Reprimió a los carapintadas, desfinanció a las Fuerzas Armadas, anuló el servicio militar y envió tropas a las misiones de la ONU. En definitiva reconvirtió a las Fuerzas Armadas en lo que pedía Estados Unidos: que nunca más se atrevieran a llevar adelante ninguna aventura antiimperialista como en Malvinas y que sirvieran a las necesidades imperialistas. Así lo continúan haciendo hasta hoy.
Los ex carapintadas que hoy pululan en el poder
En 2017 Aldo Rico participó del programa Intratables. Allí, cuando un panelista lo increpó por haber integrado el grupo de sublevados, exclamó “¡¿un grupo?!, a nosotros nadie nos reprimió”.
Por entonces volvió a repetir que “no se arrepentía” de los levantamientos, es más, planteó que "si los soldados no hubiéramos derrotado a los subversivos, (Raúl) Alfonsín no hubiera sido presidente. En ese sentido estamos tranquilos porque derrotamos al enemigo". Cabe recordar que Rico fue intendente en dos oportunidades de San Miguel, también fue candidato del kirchnerismo y ahora coquetea abiertamente con el macrismo.
Otro de los carapintadas que cobijó el kirchnerismo fue Sergio Alejandro Berni, el Secretario de Seguridad de Cristina conocido por comandar las represiones a los trabajadores de Lear en los cortes de la Panamericana del año 2014. Berni intervino en los levantamientos de Semana Santa alzándose desde el Regimiento de Rospentek, en el extremo suroeste Santa Cruz.
Pero no son los únicos carapintadas que continúan teniendo alguna cuota de poder y de visibilidad pública. El ex director de Aduana Juan José Gómez Centurión que fuera nombrado en el cargo por Macri y aliado de Lilita Carrió formó parte del grupo de los carapintadas que se levantó en abril de 1987 y un año después, en Monte Caseros. Años antes (como Rico) había combatido en Malvinas como paracaidista. Gómez Centurión fue repudiado por las organizaciones de DD.HH y partidos de izquierda por sus dichos negacionistas cuando afirmó que en el marco de la dictadura hubo “excesos” ocurridos en la “guerra justa contra la subversión” y negó que hubiese habido un plan sistemático de exterminio. Además aseguró que "no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras" refiriéndose a la cifra de desaparecidos sostenida por los organismos de derechos humanos.
Como vemos, los gobiernos constitucionales que le siguieron a Alfonsín, pasando por Menem hasta el Kirchnerismo y ahora al macrismo, no sólo le allanaron el camino para la recomposición de las Fuerzas Armadas como institución sino que también utilizaron a muchos ex carapintadas para cumplir funciones públicas en espacios claves de la política garantizando el pacto de impunidad que continúa al día de hoy.
Rosa D'Alesio
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