La mediatización por parte de las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad del abuso de una alumna de un colegio secundario de la Capital –que había tenido lugar durante una toma estudiantil–, reafirmó hasta qué punto el Estado es enemigo de los derechos de las mujeres y del movimiento estudiantil en su conjunto.
La compañera, menor de edad, fue vulnerada en su derecho a la privacidad –había solicitado que no se hiciera pública la denuncia– y es revictimizada al mediatizarse su situación sin su consentimiento y publicitarse a escala nacional su abuso, con el fin pérfido de atacar la gran lucha del estudiantado contra la avanzada antieducativa.
Los medios afines al gobierno de la Ciudad se han servido rápidamente del caso de la compañera, publicitado por el Rector de la institución, como herramienta para demonizar al movimiento estudiantil, sus legítimos reclamos y medidas de lucha. Esta operación no se da en cualquier contexto, sino en el marco de un ascenso del mismo con un mes de ocupaciones de colegios contra la reforma educativa y reclamando educación sexual.
Los que lanzan estos ataques contra el estudiantado son los mismos que batallan contra la educación sexual en los colegios y hacen causa común con la curia contra el derecho al aborto.
La violencia de género en todas sus formas es un fenómeno social presente en todos los ámbitos de la juventud en particular y de la sociedad en general. Por esto mismo, el movimiento secundario se ha movilizado una y otra vez reclamando en las calles al Ministerio de Educación NiUnaMenos, exigiendo una política preventiva para erradicar la violencia a la cual están expuestas cotidianamente las compañeras dentro y fuera del colegio.
Nacieron, producto de la iniciativa de las estudiantes, comisiones de géneros en los colegios que batallan para arrancarle a las autoridades y al gobierno una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género, la eliminación de los códigos de vestimenta machistas y discriminatorios, la creación de gabinetes de asistencia gratuita a víctimas y la implementación de protocolos que garanticen su derecho a denunciar, a la privacidad y al abordaje pedagógico de ambas partes.
Las autoridades y el Estado son los responsables de la situación de violencia que se propaga en la juventud, ya que se han negado en forma sistemática a abordar esta problemática en las comunidades educativas con cambios materiales concretos y han dejado que las denuncias por abusos y violaciones entre adolescentes se sigan acumulando. Justamente la atención puesta por el Rector del colegio en este caso en particular, al haberse desarrollado el abuso en una toma, contrasta con el ninguneo a víctimas de otros casos de la institución.
Las y los estudiantes debemos organizarnos con nuestros padres y madres y junto a los trabajadores y trabajadoras de la educación de manera independiente de Estado para arrancarle todos nuestros reclamos.
Luna Palmada (Plenario de Trabajadoras- Secretraría de la Mujer FUBA)
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