“Esto no es un proceso de transformación, sino de tercerización, de privatización encubierta del sistema de salud”, comentó Alfredo Olivera de Radio “La Colifata”.
Desde el 20 de abril el Hospital Borda funciona sin suministro de gas. El corte afecta a 500 personas internadas en la institución que no tienen acceso a condiciones alimentarias y sanitarias dignas. La empresa Metrogás dijo que el problema no se puede arreglar hasta este lunes por los feriados de semana santa. El gobierno porteño no propuso soluciones alternativas. Tanto la muerte del interno Flanklin Guarachi el 7 de abril a causa de un incendio en una de las habitaciones del Servicio 8 del hospital, como el corte del suministro de gas el miércoles pasado, son entendidos como las dos patas de un mismo hecho: “el vaciamiento” del Hospital Borda.
El miércoles 20 se suspendió el suministro de gas en el Hospital Borda, el viernes 22 internos, externados, voluntarios y enfermeros cortaron la calle Ramón Carrillo para exigir que se solucione el problema que afecta a 500 personas que están internadas en la institución.
“El viernes al mediodía nos dijeron que iban a traer calefactores eléctricos, el tema es que esto es imposible porque las instalaciones eléctricas están en un estado caótico. Todo esto tiene que ver con el vaciamiento que quiere hacer el gobierno de Macri, quieren cerrar el hospital, buscan peros para sacar a los pacientes”, explicó Julio , paciente externado del Borda.
Al igual que de limpieza y seguridad, del abastecimiento de comida se ocupa una empresa privada que funciona en la cocina del hospital en pésimas condiciones sanitarias. “A la cocina no se puede entrar por el olor, utilizan el sótano como depósito, se inunda y se descompone lo que tienen ahí abajo”, comentó Nelly, acompañante terapéutica-voluntaria del Borda. “Es incomible lo que nos dan, hoy comí ravioles crudos, también están dando ensalada y fiambre. No nos podemos bañar, el personal de guardia que dejó Metrogás por el fin de semana largo considera que no es una situación de emergencia. Acá no hay animales hay personas que tienen derechos”, explicó Julio.
“El Borda está en su peor momento, las condiciones edilicias están cada vez más deterioradas; los baños son insalubres, pierden las cañerías y no se limpian; no hay matafuegos en ningún servicio, hace dos semanas murió un interno calcinado en un colchón”, explicó Nelly.
Tanto la muerte de Flanklin Guarachi el 7 de abril a causa de un incendio en una de las habitaciones del Servicio 8 del hospital -espacio al que se lo había trasladado por el cierre del Servicio de adicciones por parte del gobierno porteño- como el corte del suministro de gas el miércoles pasado, son entendidos como las dos patas de un mismo hecho: “el vaciamiento” del Hospital Borda.
A esto se le suma la considerable disminución de internos: “de mil doscientos pacientes en poco tiempo quedaron quinientos, hay muchos compañeros que no sabemos a donde están, no supimos nada más de ellos. Sabemos que a algunos los trasladaron a una clínica en Junín, pero de los demás no sabemos nada. Hace un año y medio acá había mil pacientes”, explicó Nelly. Parte de los internos fueron enviados a instituciones psiquiátricas privadas donde continúa la lógica del encierro y la exclusión social. “Esto no es un proceso de transformación, sino de tercerización, de privatización encubierta del sistema de salud”, comentó Alfredo Olivera de Radio “La Colifata”.
Existe otra manera de entender el tratamiento psiquiátrico: la desmanicomialización, “que no consiste en reacondicionar el hospital y que quede lindo y perpetuar el encierro de los pacientes por diez, veinte, o cuarenta años”, explicó Olivera. “No queremos el cierre del Borda, sino que funcione como un hospital de día y que la locura sea tratada de manera ambulatoria como cualquier enfermedad”, comentó Daniel, integrante del Frente de Artistas del Borda.
La desmanicomialización implica no sólo que todas las instituciones psiquiátricas cambien la forma de tratar los problemas mentales sino que el Estado garantice la inclusión social a partir de alternativas de vivienda y trabajo. La nueva Ley de Salud Mental 26657, sancionada en el 2010, va en este sentido pero no está reglamentada por lo cual, hasta el momento, no se perciben cambios en la manera de encarar el tratamiento.
ANRED
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