El abogado de Pedraza fue defensor del genocida Viola

María del Carmen Verdú, abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y miembro de la CORREPI, nos relata las novedades en torno a la causa.

¿Cuál es el estado general de la causa?
El jueves 30 de marzo comenzó en la Sala I de la Cámara del Crimen la audiencia en la que las defensas de Pedraza, Fernández y Alcorcel, los últimos detenidos por el crimen de Mariano, iban a pedir el sobreseimiento y la libertad. Pero el martes 5 la Cámara confirmó el procesamiento y la prisión preventiva.
Ese jueves las calles de tribunales estaban repletas de vallas, camiones de asalto, centenares de policías de grupos especiales e infinidad de uniformados. La audiencia empezó con el abogado de Pedraza y Fernández tratando de fundar que son dos blancas palomitas injustamente acusadas.
Repasemos quién es el elegido por la Unión Ferroviaria para defender a su máximo jefe. Se trata de Carlos Daniel Froment, quien tiene un nutrido currículum. Profesor de la UBA, en la carrera de posgrado de la Facultad de Derecho. Se especializa en delitos económicos, como la evasión impositiva, tema sobre el que da cursos y conferencias y escribió varios libros. Parece ser eficiente, ya que figura entre los mejores veinte “abogados de la City” en la encuesta de la revista Apertura de 2010.

Froment, junto a José Manuel Orgeira, fue defensor del genocida Roberto Viola en el juicio de las Juntas. En el menemismo, con el que tuvo fuertes lazos, defendió a varios ministros, como Erman González, en la causa de las armas.
¿Qué planteó como defensor de Pedraza?
Froment no pudo desarmar el conjunto de hechos que prueban que Pedraza y Fernández mandaron a su patota a atacar a los tercerizados y a las organizaciones que los acompañaban el 20 de octubre. Tampoco pudo desmentir que el Secretario General de la UF es un empresario multimillonario, vinculado a las empresas que tercerizan para explotar más y mejor a los trabajadores.
En la audiencia también intervino el abogado del patotero Uño, tratando de defender al perito de parte, el mediático Locles, que para embarrar la cancha le dio varios golpes a la bala que mató a Mariano frente a los peritos oficiales.
El doctor Oscar Igounet tampoco es cualquiera. Es hijo de un abogado y general del Ejército, con el que escribió en 1985 un libro sobre el Código de Justicia Militar. Su hermano, militar como el padre, fue edecán de Carlos Menem. Y él, además escribió varios libros y artículos defendiendo a las FFAA por su valor en la “guerra a la subversión”.
Después de la correcta intervención técnica de los abogados de la madre de Mariano, y antes de la igualmente prolija exposición del fiscal Fiszer, les respondimos Claudia Ferrero y yo, en nombre de Elsa y Nelson.
Dejamos de lado los tecnicismos para centrarnos en lo que había que decir sobre la patota, sus jefes de la UF, sus vínculos con el gobierno y las empresas, los acuerdos de Pedraza con el ministro Tomada y el secretario Schiavi, el rol de la policía.
Cuando terminamos, el abogado de Favale, que estaba en el público, sin darse cuenta que un compañero nuestro estaba al lado, le comentó al oído a su asistente “éstas -por Claudia y por mí- hicieron un alegato tremendamente político”.
Nos fuimos orgullosas del involuntario halago. Nuestra posición “tremendamente política” muestra que vamos por el buen camino, apuntando al corazón de esta causa. Más allá del objetivo puntual de mantener presos a los asesinos (a lo que jamás renunciaremos) señalamos que cuando el Estado reprime directamente, o con su aparato de uniforme o tercerizando la represión con las patotas de la burocracia sindical (empresarios ellos mismos) no estamos enfrentando un hecho aislado sino un capítulo más en la confrontación ineludible entre explotadores y explotados.
¿Cuál es la situación de cómplices como la Policía Federal y las autoridades de la UGOFE?
Respecto de los policías, la causa paralela armada para despegarlos de la investigación original, hace semanas espera que la jueza Wilma López resuelva si llama a declarar como imputados a varios policías, entre ellos el comisario Ferreyra, jefe de la División Roca, varios de sus subordinados y los jefes de los distintos grupos que estuvieron en el lugar, facilitando el ataque y la impunidad de la patota.
Uno de ellos, el subcomisario Premuda, eludió la indagatoria. Hace unos días murió en un extraño hecho que fue presentado como un “intento de robo”. Demasiado oportuno, a nuestro gusto.
A los otros, como el comisario Ferreyra y los oficiales Póvolo, Domecq y Farías, los venimos viendo a diario como testigos de cargo contra trabajadores y militantes que no se resignan a que UGOFE y la burocracia les marquen el paso.
En el juzgado federal de Quilmes, por ejemplo, tramitan dos causas con imputaciones por graves delitos, como extorsión, daño, lesiones, interrupción del servicio ferroviario, interrupción del tránsito vehicular, atentado y resistencia a la autoridad, que el juez Armella reprocha, en un caso, a tres trabajadores de la Agrupación Causa Ferroviaria y un dirigente del PO; y, en el otro, a 12 vendedores ambulantes y dos militantes de la TPR. En ambas causas, las dos apeladas ante la Cámara Federal de La Plata, el corazón de la acusación son las “tareas de inteligencia” y los “testimonios” de varios de esos policías, copartícipes del asesinato de Mariano.
Y en la Ciudad de Buenos Aires un fiscal acaba de pedir la elevación a juicio de la causa iniciada contra un trabajador ferroviario de la Agrupación 4 de Octubre, “Neno” Abella, por el delito de “daño” en perjuicio de UGOFE. El 21 de octubre de 2010, al día siguiente del ataque de la patota, el compañero pintó “Pedraza asesino” en el piso del hall de Constitución durante la movilización de centenares de compañeros. En las tres causas la denunciante es UGOFE, a través de uno de sus gerentes (el director D’Antiocchia, que parece que esa es su tarea encomendada), empresa cuyos directivos son, hasta hoy, los más protegidos entre todos los responsables del crimen de Barracas.

LVO