El ministro de planificación federal, Julio de Vido, se encontró en México con autoridades de a empresa minera canadiense Goldcorp, quienes le anunciaron inversiones en Argentina por 850 millones de dólares para la explotación minera en Cerro Negro. Lo que no dicen es que merced a la vigente ley de actividad minera, promulgada durante el menemismo, la empresa obtendrá ganancias y beneficios inimaginables y dejará a la región con daños ambientales irreparables. Cerro Negro es uno de los principales yacimientos de oro del país, está situado en el flanco noroeste del Macizo del Deseado, a unos 130 kilómetros de la localidad de Perito Moreno y a 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial.
Se profundiza el saqueo (Diario Hoy)
El Gobierno nacional estrecha los lazos con las multinacionales mineras, y profundiza así el proceso de entrega de los recursos no renovables. Escándalo por la mina Cerro Negro de Santa Cruz, uno de los yacimientos de oro más importantes del país.
El progresismo que dice encarnar el Gobierno nacional se esfuma cuando se analiza la estrecha relación entre la administración kirchnerista y distintas corporaciones económicas, como las multinacionales mineras que actúan como si la Argentina fuese una suerte de Potosí (el yacimiento boliviano vaciado por el imperio español en los siglos XVI y XVII) de la posmodernidad.
El último capítulo de la entrega lo escribió ayer el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien ayer recibió en el Distrito Federal de México a autoridades de , yacimiento de oro y plata ubicado en la provincia de Santa Cruz. Es decir, en el pago chico de los Kirchner.
Se trata, en realidad, de una inversión ínfima en comparación a las utilidades que tendrá está empresa canadiense con recursos no renovables y con el peligro de que haya graves perjuicios al medio ambiente.
"El Gobierno sigue con la idea de utilizar los recursos naturales bajo el marco de la actual ley minera, algo que significa un verdadero saqueo. La gestión de Menem vendió las joyas de la abuela y el de Kirchner las joyas de los nietos, complicando la situación de los recursos de futuras generaciones", le dijo a Hoy el exdiputado nacional Mario Cafiero. Y agregó: "En la actividad minera se explotan recursos no renovables. No se pagan cánones adecuados, y si los pagan, son bajísimos".
Cafiero también manifestó que "los minerales se exportan sin clasificación y refinación. Se debería exigir como mínimo una industrialización en el país".
Goldcorp compró la mina de Cerro Negro a mediados del año pasado, en un proceso que se habría realizado en un marco de fuerte hermetismo. La concesión y explotación fue criticada por organizaciones ambientalistas, sobre todo por el uso del agua (el yacimiento está ubicado a 130 km del lago Buenos Aires), en momentos en que aún se espera por la promulgación de la nueva ley de Glaciares, que se aprobó luego del veto presidencial (impulsado por las corporaciones mineras) de la anterior ley que había sido sancionada por las dos cámaras.
Cerro Negro es uno de los principales yacimientos de oro del país, mientras que la firma compradora es la segunda empresa minera más grande del mundo. Según las estimaciones, de esta mina se pueden extraer 2,54 millones de onzas de oro o 71 toneladas, y 23,56 millones de onzas de plata.
El proyecto minero de Cerro Negro, de 215 kilómetros cuadrados, está situado en el flanco noroeste del Macizo del Deseado, a unos 130 kilómetros de la localidad de Perito Moreno y a 900 kilómetros de Río Gallegos, la capital provincial.
Las verdaderas razones de las multinacionales
Lo que no informó el Gobierno nacional, en sus estrambóticos anuncios de ayer, son las verdaderas razones que hacen que este tipo de multinacionales esté operando en la Patagonia. Estas compañías, tal como sucede con la también canadiense Barrick Gold en San Juan (que está poniendo en jaque a los glaciares de esa provincia, una de las principales fuentes de agua dulce del país), tienen un importante amparo político para extraer y enviar al exterior recursos no renovables por un valor real de miles de millones de dólares, dejándole poco y nada a nuestro país.
Para colmo, gozan de privilegios impositivos de características infames.
A saber: cada nuevo emprendimiento minero, durante los primeros cinco años, no paga impuestos, y por treinta años no se modifican las cargas impositivas. Eso no es todo: tampoco pagan impuestos municipales ni provinciales (Ingresos Brutos, sellos, habilitaciones, Automotor), como así tampoco el impuesto al cheque. Y hasta se les reintegra el IVA en la etapa de explotación y en los bienes que importan. Tampoco pagan impuestos a los combustibles, ni por minerales extraídos, ni por maquinarias o vehículos.
Recurren a la Justicia por la entrega
En diálogo con Hoy, la diputada nacional Fernanda Reyes (Coalición Cívica) afirmó que recurrirán a la Justicia para denunciar los escandalosos beneficios que está otorgando el Gobierno nacional para la explotación minera en Cerro Negro y otros lugares del país.
"Jorge Mayoral (secretario de Minería) está al frente de todo este tipo de emprendimientos, por eso no me extraña que se lleve a cabo esta explotación", como la de Cerro Negro, dijo Reyes. Y agregó: "Nosotros hicimos una denuncia a Mayoral, por tener participación accionaria en una empresa que comparte domicilio y directores con la Barrick Gold". "Esto se suma a la actitud de la Presidenta -cuyo Gobierno tiene una impronta muy fuerte en megaminería- y también al hecho de que en San Juan no se haga nada con la ley de Glaciares", concluyó.
Otros beneficios para las mineras
Gracias al amparo político del Gobierno nacional, las multinacionales mineras no pagan derecho de importación ni tasas aduaneras. Y reciben subsidios a la exportación. Además, si exportan desde puertos patagónicos, se les reembolsa entre el 5 y el 12%.
La normativa vigente establece que las regalías que las mineras le deben dar al Estado son, en principio, el 3%. Pero como se descuentan los gastos, se reducen hasta el 1%. Además, pagan retenciones por sus exportaciones de tan sólo el 5%, y lo hacen a simple declaración jurada. Ningún organismo público interviene como auditor.
Agencia Walsh
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