Cuba denuncia en la ONU la absolución de Posada Carriles en los tribunales de Estados Unidos

Cuba solicitó a la 0NU que distribuya como documento oficial de Naciones Unidas una denuncia de su Cancillería contra la absolución del terrorista Luis Posada Carriles en una farsa judicial en Estados Unidos.
La petición fue hecha por la misión permanente de la Isla ante la organización mundial al secretario general de la o­nU, Ban Ki-moon.
En un comunicado de prensa, esa representación diplomática destacó que luego de tres meses de farsa judicial en Texas, el jurado solo necesitó tres horas para declarar inocente al connotado terrorista.
Posada Carriles fue absuelto de 11 cargos de perjurio, fraude migratorio y obstrucción de procedimiento, acusaciones irrisorias comparadas con la magnitud de sus atentados terroristas, subraya la nota.
Agrega que no importaron las pruebas irrefutables sobre su participación en la cadena de atentados con bombas perpetrados en 1997 en La Habana, ni su responsabilidad en la voladura de un avión de Cubana de Aviación en 1976, con 73 muertos.
Sin embargo, denuncia que mientras Posada Carriles es exonerado, Cinco antiterroristas cubanos cumplen una condena colectiva de 99 años, más dos cadenas perpetuas, en Estados Unidos.
Señala que durante los casi 13 años que llevan en prisión, esos hombres han sufrido todo tipo de trato inhumano y degradante en cárceles norteamericanas.
La absolución de Posada Carriles es un insulto a los hijos sin padre, las viudas y las madres que lloran debido a la estela de muerte dejada por ese terrorista, sostiene la nota de la misión cubana ante la ONU.
La declaración de la Cancillería apunta que Washington conoce la participación de Posada Carriles en el atentado contra la nave de Cubana de Aviación, de la campaña de bombas contra centros turísticos y de sus planes para atentar contra Fidel Castro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba preguntó además si Washington será capaz ahora de desarrollar otro proceso contra Posada Carriles por terrorismo o proceder a su extradición a Venezuela, país que la solicitó hace ya más de cinco años.
El texto asegura que Estados Unidos está obligado jurídicamente a acceder a esa petición por ser signatario de convenios internacionales y en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la o­nU. (PL)