Desde 2003 hasta el día de la fecha más 1.600 jóvenes han muerto producto de la tortura, el gatillo y la muerte bajo tutela; y una decena murieron en protestas populares bajo el accionar policial.
Los ministros de Seguridad del país, los jefes de las policías provinciales y los titulares de las fuerzas federales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, convocados por la ministra de Seguridad Nilda Garré, participaron el jueves 29 de marzo del “Consejo de Seguridad Nacional”.
Uno de los objetivos de dicha reunión fue la firma de un acta-acuerdo en la que se establecieron las bases de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas. Es decir, la coordinación de métodos y aunamiento de criterios para reprimir y legitimar la protesta social.
Entre otros ítems, el acta establece que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta; que siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones; se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases; las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos; todo el personal policial debe estar identificado y esa identificación debe verse claramente sobre el uniforme; se prohíbe la utilización de vehículos no identificados; todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos.
Ismael Jalil de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) manifestó a Red Eco que estas medidas suenan más a un reposicionamiento de la cuestión mediática ya que la cuestión de esencia es que con la idea de que se controla el suministro de las balas o las postas de goma se evita lo que vino pasando aun con disposiciones que ya están vigentes.
Jalil se refiere a disposiciones como las tomadas en julio de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó que la Policía Federal actuara sin armas en las manifestaciones. O a la resolución establecida en 2006 en la provincia de Buenos Aires que impide el uso de postas de plomo en manifestaciones y hace responsable al jefe del operativo por lo que ocurra. A su vez, la ley 24.059 de Seguridad Interior adoptó, en 1991, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Resolución 34/169) establecido por la Asamblea General de la onU en 1979. A partir de 2003, el entonces presidente interino de la Nación, Eduardo Duhalde, mediante el decreto 637/2003, estableció que la enseñanza de dicho Código y su implementación serían de carácter obligatorio para todas las Fuerzas de Seguridad nacionales.
En su introducción, el Código de Conducta menciona que: “además de exhortar a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que defiendan los derechos humanos, entre otras cosas prohíbe la tortura, declara que debe usarse la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y pide la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia”. En su artículo 2° expresa: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”.
Con estas normativas vigentes, sólo cabe agregar un dato más para confirmar el carácter publicitario de este “Consejo de Seguridad Nacional” promovido por la ministra Garré, desde 2003 hasta el día de la fecha más 1.600 jóvenes han muerto producto de la tortura, el gatillo y la muerte bajo tutela; y una decena murieron en protestas populares bajo el accionar policial.
Red Eco Alternativo
MÁS PODER DE FUEGO Y MÁS PRESUPUESTO PARA REPRIMIR
El gobierno soltará a las calles argentinas 2.000 policías federales, antes abocados a otras tareas, que recibirán, además, un aumento de $1.000, junto a otros 7.000 hombres que harán horas adicionales. Scioli, el gobernador peronista, aumentó un 32% el presupuesto en seguridad. Cristina les dio a los federales 110 patrulleros de última tecnología, equipados por los israelíes, expertos en esto de la represión.
Esto sucede mientras, según datos oficiales, se reciben 15 denuncias diarias por “irregularidades” de la policía federal. En la ciudad de Buenos Aires, hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarías allanadas por protección de prostíbulos. Se pasó a disponibilidad al comisario Lompizano, jefe de las comisarías porteñas, porque en el video que entregó a la justicia del asesinato de Mariano Ferreyra faltan nueve minutos de filmación, entre 13.30 y 13.39, justo cuando se retiraron los patrulleros y sonaron los disparos.
En la causa paralela contra la policía, el fiscal pidió la indagatoria a cinco oficiales superiores, Mansilla, Ferreyra, Conti, Garay y Villalba, por haber dirigido el ocultamiento y “extravío” de pruebas en el lugar del hecho.
En Calafate, dos custodios de Cristina Kirchner y un policía local salieron a buscar a quienes les robaron tres pistolas 9 mm de su puesto de vigilancia en el chalet de la Presidenta. Detuvieron a dos personas, los subieron a una camioneta, los golpearon y les pusieron una bolsa de nylon en la cabeza mientras les preguntaban por las armas.
Ya hace un año que el fiscal general adjunto de Pergamino procesó a seis uniformados porque se quedaron con el dinero de los vales de combustible destinados a la búsqueda de la familia Pomar. Ahora, están prófugos.
En Baradero, otros cuatro policías, entre los que figura un ex jefe departamental, son buscados por integrar una banda mixta de piratas del asfalto que robaba camiones con fertilizantes y vendía la carga en comercios que recibían protección policial a cambio de dinero.
En cuanto a la policía Metropolitana, en la causa por la represión y los asesinatos en el Parque Indoamericano, a pesar de no poder usar balas y postas de plomo y ser esto así declarado por Montenegro, la justicia le encontró en los depósitos de armas y municiones, en Chacarita, 98 cartuchos con proyectiles calibre 12/70 y la documentación de una compra por un total de 300 iguales, que data del 14 de octubre. Esas balas son compatibles con las escopetas que utilizaron los uniformados en la represión en Villa Soldati casi dos meses después.
La mitad de los asesinados por el estado desde 1983 lo fueron por su gatillo fácil. Los fusilados en La Cárcova , en Baradero, en el Parque Indoamericano, sólo son una muestra más, no la excepción. La Policía y la Gendarmería militarizan nuestros barrios queriendo meternos miedo, subiendo a los trenes, a los colectivos, manoseando a nuestros jóvenes cuando los revisan, fraguando actas donde mienten impunemente y nos arman causas.
Hay 55.000 policías en la provincia de Buenos Aires y Scioli piensa incorporar este año un 20% más. Cerca de 60.000 policías Federales, entre 6.000 y 9.000 Gendarmes en el Gran Buenos Aires, cerca de 3.500 en la Policía Metropolitana de Macri.
Todas planean a futuro, incorporando cada vez más vehículos particulares a sus fuerzas. La Metropolitana incorporará en el trienio 2010/ 2012 un 42% de unidades sin visualización alguna como de la policía.
Cuanto mayor es la relación de la policía con la persecución y la muerte de nuestros jóvenes, con los delincuentes, cuanto mayor es la relación con los negocios clandestinos como prostitución, trata de mujeres, de menores, tráfico de drogas, robos, desarmaderos, etc, mayor es el número de policías que agrega el estado. Es que los negocios por izquierda que realizan y que los hace millonarios (a pesar, por ejemplo, que un comisario de la Bonaerense , sólo de sueldo básico recibe $14.330 ) los mantiene contentos y prestos a reprimir cuando el estado lo solicita. Policías y gobierno de turno se lavan las manos mutuamente, el jabón lo suministra la justicia y la toalla la arriman los punteros políticos.
A esta policía los gobiernos la premian con aumentos, equipos, protegiéndola de la gente cuando hace falta mandándola a otros destinos, permitiéndole que siga manejando sus negocios porque la necesita para reprimir y asesinar a los que se organizan para enfrentarlos.
CORREPI
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