Con relación a la violencia institucional que azota a la comunidad mapuche de Villa Mascardi, acusó que “la violencia que hay en Villa Mascardi la dejó Bullrich. En su gestión, en septiembre de 2017, se ocupa Villa Mascardi; en noviembre se hace el desalojo, dos días después hay una inspección y se descubre que la comunidad no había sido desalojada y en esa situación terminan matando a Rafael Nahuel". "Hoy tenés a la misma gente, al chico muerto -un mártir- y más terreno ocupado", concluyó. La ministra da rodeos, porque Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por un agente de Prefectura Naval, presumiblemente Javier Pintos, hace ya más de tres años, y el crimen sigue impune.
En cuanto a Santiago Maldonado, la ministra, nuevamente, apela a subterfugios: "Bullrich intentó proteger (a la Gendarmería) de una denuncia que luego tuvo derivas. Hubiera sido mejor que se ocupara de una investigación interna para ver qué había pasado en ese operativo y resolver hacia adentro la actuación de la Gendarmería", dijo la ministra, reivindicando el operativo de desalojo pero criticando su “falta de profesionalismo”. Ahora, ¿estamos ante un reconocimiento de que la muerte de Maldonado está efectivamente relacionada con el operativo de Gendarmería? El caso sigue impune, y la realidad supera al relato: en un año de gestión, el ministerio de Frederic, frente a la lucha incansable de la familia Maldonado para que haya una investigación en regla y al emplazamiento de la CIDH al gobierno para que dé respuestas, sólo presentó una denuncia contra Noceti –ex jefe de gabinete de Bullrich- y dos gendarmes por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, encubrimiento agravado y abuso de autoridad. Pero la denuncia no incluye una imputación contra Patricia Bullrich, dado que Noceti era su subordinado, ni a la totalidad de los efectivos de gendarmería que actuaron bajo las órdenes de un funcionario sin autoridad, ni les atribuye la causa de la muerte. La podredumbre de las fuerzas represivas es abonada por todos los gobiernos. A Frederic lo que le importa -y en esto coincide con Berni y Bullrich- es rescatar al aparato represivo para usarlo como ariete contra el pueblo trabajador, como en Guernica.
Frente a la pregunta en relación a la división entre “garantistas” y “punitivistas”, sostuvo que es una discusión "pseudoideológica", y se distanció de Verbitsky y del CELS, a quienes se atribuye el lobby por su nombramiento. "No me puso Verbitsky en el Ministerio de Seguridad; me puso Alberto Fernández. (…). Sin embargo, Frederic abreva en la doctrina de Verbitsky-Garré de la “seguridad democrática`, donde los conceptos de ´prevención´, ´monitoreo´, patrullaje o “profesionalización” de la fuerza encubren un trabajo sofisticado de espionaje y fisgoneo sobre el movimiento popular. La inspiración de la “moderna” ministra debe encontrarse en las usinas de la DEA y otras agencias imperialistas.
Aunque la ministra calificó a la “doctrina Chocobar” de “doctrina Bullrich”, y dijo oponerse a la baja de la edad de imputabilidad, mostró su catadura represiva al referirse a Berni, de quien dijo “respetar la opinión y trabajar de forma coordinada”. De ese modo, echó tierra sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, asesinado por la policía bonaerense de Berni. Como se ve, el gatillo fácil y la persecución contra la juventud tampoco respeta “grietas”, aunque pueda haber diferencias entre cómplices.
Ana Belinco
23/12/2020
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