El Indec acaba de publicar un informe correspondiente a la distribución de los ingresos en el tercer trimestre del año, que arroja que casi un 80% de los trabajadores percibió ingresos por debajo del costo de la Canasta Básica Total, que en septiembre llegó a unos $47.215 y actualmente se ubica en $51.776. Se trata de una muestra del ataque a los salarios que, con complicidad de la burocracia sindical mediante, también se cobró más de un millón de empleos en un año.
Otro dato llamativo es el reconocimiento del gobierno de que al menos uno de cada cinco trabajadores no alcanzó el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, el cual por esas fechas se encontraba en escasos $16.875.
Se trata de las estadísticas referidas a unos 7.436.363 asalariados de las 31 principales concentraciones urbanas del país. Cuando tomamos los números de la población total –sin distinción de origen-, según el ingreso familiar per cápita, sale a la luz que el 10% más pobre de la población participa del 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 32,1%.
Además de esto, la situación se agrava para las mujeres, en cuanto que tomados los ingresos de todo tipo, el ingreso promedio de las mujeres es sensiblemente menor que el de los hombres, ubicándose en una media de $29.578 contra $38.438.
El ajuste y la burocracia sindical
Estas cifras dejan completamente expuestas las consecuencias de un año signado por las políticas de ajuste contra el pueblo trabajador.
A los planes previos de avanzar en una reforma laboral precarizadora se sumó el uso de la pandemia como un pretexto de las patronales, el Estado y la burocracia sindical para hacer pasar cientos de miles de despidos y condiciones laborales a la baja.
Un ejemplo de esto es que el índice de los salarios registró un aumento del 31,8% interanual para septiembre, produciendo una pérdida de casi el 6% del poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación para el mismo periodo.
Cuando se hace una distinción entre los ingresos laborales y los no laborales se nota la brecha que separa a unos de otros, con una fuerte incidencia de los recursos volcados a los segundos; sin embargo, esto no ha servido para reducir los niveles de pobreza, preparando las condiciones para un nuevo salto hacia atrás cuando esos recursos “excepcionales” dejen de impactar en estadísticas debido a su progresiva eliminación.
Por otra parte, muchos de estos fondos han ido a los bolsillos de los patrones y capitalistas, manteniendo una elevada brecha entre la participación de los pobres y de los ricos en los ingresos totales.
El informe del Indec exhibe un ingreso salarial promedio de $34.206, con el 60% de los trabajadores por debajo de este monto, lo que debería más que preocupar a las direcciones sindicales de la CGT y las CTAs, llamadas al silencio y a la parálisis absoluta.
Quienes sí han recogido el guante han sido los compañeros del Sutna y el sindicalismo combativo, que el pasado 18 de diciembre pusieron en pie una importante movilización para manifestarse contra el ajuste, el saqueo a las jubilaciones, por la eliminación del impuesto al salario, reclamando un paro y un plan de lucha para derrotar la ofensiva patronal.
El mismo mensaje que ha sido colocado en la tribuna que montó el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso de la Nación, el pasado martes 22, denunciando el robo a los jubilados y las consecuencias de la orientación fondomonetarista de este gobierno y la oposición patronal, en vistas a una salida política de los trabajadores contra los gobiernos saqueadores y hambreadores.
Marcelo Mache
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