Jubilaciones, la gran caja del gobierno, las patronales y el FMI

Con el concurso de los diputados de Córdoba y del ´interbloque´ que encabeza el mendocino Ramón, el Gobierno arrancó el dictamen de comisión para llevar al recinto su proyecto de ´reforma jubilatoria´, que ya cuenta con media sanción del Senado. Su tratamiento, previsto para el 29 de diciembre próximo, coincidiría con la votación de los senadores sobre la legalización del aborto. Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda presentaron sendos dictámenes por minoría, con 36 y 2 firmas, respectivamente. El del oficialismo juntó 42. l proyecto oficial establece una actualización trimestral de los haberes basada 50% en la recaudación y 50% en la evolución de los salarios registrada por el índice RIPTE. No incluye un piso de actualización vinculado a la inflación, pero sí un tope de 3 puntos de incremento respecto de la recaudación, en caso de que la evolución de los salarios sea mayor.

La ´nueva fórmula´ representa un retorno a la que rigió durante buena parte de los gobiernos K. El kirchnerismo fue el gran liquidador del régimen previsional argentino, aunque el relato kirchnerista diga lo contrario e incluso pinte a Boudou como un abanderado de los jubilados, por la estatización de las AFJP cuando era ministro de Economía. La estatización convirtió al Fondo de Garantía de Anses en el tacho de basura de la deuda externa a cambio de dólares y pesos frescos, según el bono, lo que ha ocasionado una pérdida de 50 mil millones de dólares al sistema previsional.

 Los gobiernos K generalizaron una jubilación mínima de indigencia -hoy en $19.000-, que actualmente cobra el 75% de los jubilados. Las sucesivas moratorias incorporaron a millones de trabajadores y trabajadoras al sistema, que no pudieron completar los aportes por desocupación o trabajo no registrado, en estos niveles asistenciales. Esta política acható la estructura de ingresos – el mínimo, que cobraba el 20% de los jubilados en 2005, hoy abarca al 85 por ciento. El sector superior se vio gravado por el impuesto a las Ganancias. Asimismo, los funcionarios de la ANSES dilataron por años la ejecución de los fallos judiciales favorables a los jubilados en materia de ajustes. Todavía se acumulan decenas de miles de sentencias favorables pendientes de cobro. 

 Con la estatización de las AFJP, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se convirtió en la caja de los acreedores internacionales. Los aportes patronales derogados por el menemismo nunca fueron repuestos. Como consecuencia de todo esto, Anses se financia en forma creciente por medio de impuestos, y ha pasado a integrar el Presupuesto, o sea dejado de ser un sistema autónomo, dirigido por jubilados y trabajadores. La recaudación de la ANSES, esencialmente fiscal, financia la moratoria y todas las prestaciones asistenciales del periodo hasta hoy, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo y todas las demás. De este modo, el régimen previsional ha desaparecido; en su lugar hay una caja de asistencia. Asimismo, el FGS se convirtió en el principal financista del Estado, que llenó sus arcas de papeles y bonos sin valor de un Tesoro quebrado. Los funcionarios caracterizaban a este vaciamiento como una deuda ´intra-estatal´, que podría ser refinanciada infinitamente. Ahora ni esto: han dejado de refinanciarse a valor par a su vencimiento, para ser vendida a valor de mercado – un 65% inferior al valor de face o nominal. 

 La derogación y reemplazo de la fórmula K, durante las agitadas jornadas de diciembre de 2017, fue acordada entre el gobierno Macri y los gobernadores. Actualizaba los haberes por inflación, pero salteaba un periodo su aplicación, lo cual representó un manotazo de $100.000 millones a los fondos jubilatorios. Encima de esto, el desborde de la inflación representó otra merma a los jubilados, que cobraban por inflación pasada. Al asumir el binomio FF, la ecuación macrista fue suspendida. Desde entonces, la actualización fue reemplazada por sumas fijas. Como resultado de esto, los jubilados llevan acumulada una pérdida del 15 al 20% de su poder de compra y se disparó una nueva tanda de litigios. La ´nueva fórmula´ apunta, además, a frenar los reclamos judiciales. Apenas fue designado como ministro de Economía, Martín Guzmán selló el hundimiento de las jubilaciones, al decir que su ajuste “es inflacionario”.

 Los argumentos del oficialismo para defender esta enésima confiscación siguen siendo vergonzosos. El banquero estalino-kirchnerista Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que “Argentina necesita salir de dos trampas que son la indexación y la dolarización. No hay dudas (¿?) que en este gobierno se van a generar salarios que le van a ganar a la inflación y va haber incremento de la recaudación impositiva por la vía del crecimiento y de la reforma impositiva” (Clarín, 24/12). A pesar de esta convicción se ha negado a indexar por inflación en el caso de que los índices de la nueva ley, incluido el salario, marquen debajo de ella. Ocurre que también los salarios se indexan por debajo de la inflación, por ejemplo en las paritarias, 7 por ciento, sumas fijas y no remunerativas en los gremios privados. 

 La burocracia sindical no ha dicho una palabra sobre este atropello. Por el contrario, cuando ha abierto la boca, ha sido para proclamar su apoyo. Es el caso del jefe de ATE Nacional, “Cachorro” Godoy. A diferencia de 2017, ninguna de sus vertientes ha convocado a movilizar en su repudio. 

 El activismo autoconvocado, las comisiones internas, seccionales y sindicatos combativos que han protagonizado luchas muy significativas -en los gremios de la salud, metalúrgicos, plásticos- aun bajo la pandemia; la huelga victoriosa de Minerar contra Loma Negra; la vigorosa huelga de los obreros de las agroexportadoras en los puertos santafesinos, son los destacamentos de avanzada de la clase obrera en las luchas que preanuncia el 2021.

 El 29, todos a las calles – por el aborto legal y por la derrota de la ´contra-reforma previsional´. 

 Jacyn 

 26/12/2020