En los últimos días, Cristina Fernández de Kirchner llamó en dos oportunidades a «repensar» la organización del sistema de salud. Lo hizo tanto en el acto del gobierno de Kicillof del pasado viernes como en el encuentro nacional de salud organizado por Soberanía Sanitaria este fin de semana. Las declaraciones llegan a 9 meses de iniciada la pandemia, con un ajuste en salud de por medio y un paquete de medidas de ataque a los trabajadores en marcha.
En este sentido, dijo que «tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente». En el acto, también aclaró que «no quiere decir no contemplar los intereses de los privados».
La salida de la burguesía
Es claro que la imposibilidad de ocultar el fracaso en la gestión de la cuarentena implica para el gobierno la necesidad de plantear una salida que muestre cierta iniciativa para la próxima etapa.
En este sentido, un punto que se tocó fue el de la distribución del presupuesto entre las provincias. «La pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan. Tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado». Como si fuese una novedad, CFK apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires y el hecho de que solo 3 de cada 10 personas que se atienden en el sistema de salud público son porteñas. Para ella, esto significaría entonces que los hospitales de la Ciudad deberían moverse a lugares donde se necesiten más y con ellos sus recursos. Lo que redundaría en una privatización mayor de la atención de salud en la Ciudad.
Aún teniendo eso en cuenta, la realidad es que los hospitales de la Ciudad viven un desabastecimiento tremendo. Es por eso que los profesionales de la salud (con los residentes, concurrentes y Enfermería a la cabeza) vienen llevando adelante grandes luchas desde el año pasado por mejoras salariales y en sus condiciones laborales. Esto se agudizó después del congelamiento de las paritarias en un año donde estuvieron en la primera línea de defensa contra el Covid-19, en muchos casos sin la protección correspondiente, lo que culminó en cientos de ellos contagiados.
Por lo tanto, una reducción de la partida de la salud pública de la Ciudad en pos de una «mejor redistribución del presupuesto» no garantiza nada. Es cierto que los recursos para las provincias están muy por debajo de los de la Ciudad, lo que no deja de significar que la salud en su conjunto está devaluada producto de años de maltrato por parte de los gobernantes, desde el peronismo hasta el macrismo. El presupuesto de ajuste de Larreta acompaña esta orientación sin chistar.
También, en esta oportunidad, Cristina parece apuntar a las obras sociales. Al menos esa fue la lectura que hizo el exministro y exsecretario de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, quien apoyó a CFK y sumó al debate que las «dos terceras partes de las obras sociales son inviables y siguen solo por cuestiones más políticas», mientras atacaba al ya devaluado presupuesto de salud al resaltar que es ineficiente aunque se gasta el 10% del PBI. El conjunto de la burguesía prepara el terreno para el ajuste que se viene.
Las obras sociales han actuado históricamente como moneda de cambio. Sin dudas, una reorganización del sistema de salud y de las obras sociales será utilizado como ofrenda o castigo para la burocracia sindical.
Más allá de las internas que se den, lo cierto es que es un mensaje que muestra de lleno el fracaso de la política llevada adelante. El gobierno coqueteó durante los primeros meses de pandemia con la centralización del sistema de salud hasta que los privados movieron la ramita y no se volvió a tocar más. Hoy, en la puerta de un rebrote, son esos mismos sectores los que reclaman la intervención estatal para salvar sus propias cajas con subsidios y demás rescates, pero que demuestra lo quebrado de un sistema que no se sostiene ni desde lo privado ni desde lo público, salvo descargando el agotamiento del mismo sobre los trabajadores de la salud.
En este sentido, en 9 meses de pandemia no se han tocado los principales problemas del sistema de salud. El pluriempleo de sus trabajadores (que implica que luego de largas jornadas de trabajo en el sector público continúen su día en el sector privado para llegar a fin de mes), la falta de elementos de protección y la tasa de profesionales contagiados (que llegaba al 14% en junio, hoy en 4,3% del total) junto con los salarios de miseria son el reflejo de lo que significa el manejo de la pandemia bajo control de los capitalistas.
Y se ve en los números. Los gobiernos nacional y provinciales no han hecho la inversión necesaria para esta etapa y por ese camino continúan. Es así que el presupuesto 2021 plantea un ajuste en términos reales del 9% si se lo compara con la partida destinada en el 2020, cuando la pandemia no está terminada y se avecina la segunda ola de contagios.
Hoy, como en la era k, son los trabajadores quienes reciben el conjunto del ajuste sobre sus espaldas. La falta de personal de salud,que debe soportar condiciones laborales agobiantes y salarios de miseria, de la mano de más de 40 mil muertos y más de un millón y medio de contagios pone sobre la mesa nuevamente la necesidad de una centralización real del sistema de salud bajo gestión obrera.
La centralización de los trabajadores
Nuestro planteo va por la vereda de enfrente de las políticas kirchneristas.
Va de la mano de la lucha de los residentes y concurrentes, de la mano de enfermería en su pelea por el pase a la carrera profesional.
Va de la mano de una planificación centralizada que ponga a disposición del conjunto de la población los recursos del sistema de salud argentino, público, de las obras sociales, de las universidades nacionales y privado, mediante un comité formado por especialistas (epidemiólogos, sanitaristas) y representantes de trabajadores electos en los lugares de trabajo para articular la política a llevar adelante en esta nueva etapa de la pandemia, junto con la nacionalización del financiamiento del sistema de salud. A esta centralización deben sumarse los laboratorios y públicos y privados.
A su vez, la centralización no puede llevarse adelante sin un aumento inmediato del presupuesto de salud y la eliminación de los negociados a costa de la privatización de la salud. Aumento de salario ya para el personal acorde a la inflación.
La lucha por este planteo debe ser tomada directamente por los trabajadores, en primer lugar quienes integran el sector de la salud, pero también por el conjunto de la clase obrera y sus organizaciones.
Lucía Miguez
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