Es sugestivo que el Ministerio de Economía no haya publicado nada oficial, ni siquiera una foto, luego del encuentro que Martín Guzmán mantuvo con varios de los popes de la burguesía argentina. Claro, los medios coinciden en que fue una reunión «franca», no un acto protocolar. Es previsible que oculten a la población el contenido real de los compromisos que están tejiendo, porque estos incluyen nuevos zarpazos a las jubilaciones, tarifazos y otros ataques contra el pueblo.
Del cónclave participaron empresarios de la calaña de Héctor Magnetto del Grupo Clarín, Paolo Rocca de Techint y Alfredo Coto, además del director general de la Asociación Empresaria Argentina Jaime Campos, Carlos Miguens (de la mayor generadora eléctrica, Sadesa), Enrique Cristofani (del banco Santander), Federico Braun (supermercados La Anónima), María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud) y Alberto Grimoldi (de la marca de indumentaria que lleva su apellido). Un dato interesante es que participó, casi en calidad de armador, el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga. Parece que el planteo de la carta de Cristina Kirchner, acerca de la necesidad de una gran acuerdo nacional, encontró receptores.
Los titulares periodísticos destacan al unísono que el punto de consenso es la necesidad de acelerar un acuerdo con el FMI. De hecho, que el organismo actúe como auditor del gobierno de Alberto Fernández había sido un tema recurrente en el reciente coloquio de Idea. Pero eso lleva al problema fundamental de que para implementar el programa fondomonetarista hace falta un acuerdo político. Es incluso una exigencia del propio Fondo, que reclama que el plan tenga «viabilidad política». Pero aún cuando todos están de acuerdo en eso, la situación es compleja.
Carlos Pagni sostiene en su columna de La Nación que «Guzmán dijo que si él les diera la razón a todos generaría desconfianza, porque tienen intereses contradictorios» y que Miguens reconoció que «el problema es que nosotros también estamos divididos».
Esto es evidente cuando el ministro se comprometió a bajar el déficit fiscal debajo del 4% del PBI, es decir que ejecutará un ajuste mayor al previsto en el Presupuesto 2021. Pero esa exigencia general de la clase capitalista choca con las demandas de subsidios que las patronales piden cada una para su sector. Vale en particular para el grupo Techint, que se llevará jugosos desembolsos en el marco del Plan Gas 4.
Ello tiene expresión en los conflictos entre las distintas fracciones políticas del armado oficial, que se agudizan al calor del fracaso del rumbo económico y de las crecientes tensiones sociales. Al mismo tiempo, no son menores las fisuras en la oposición, entre el ala «intransigente» de Macri y Bullrich, y el bando de Larreta, Vidal y el radicalismo que brega por montar una variante centrista que se candidatee como alternativa del fracasado macrismo.
Por eso, el gobierno prevé tijeretazos en forma directa sobre los ingresos de los trabajadores. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto previsional presupuestado para el año próximo se ubica 40.000 millones de pesos por debajo de lo ejecutado este año. Esto se deriva no solo de mantener el robo de la movilidad jubilatoria sino de la sanción de una ley que ate la actualización de los haberes a la recaudación, además de recortar un 7,3% las asignaciones familiares, 6,7% las pensiones no contributivas y 26,1% en las prestaciones del Pami. Los tarifazos en los servicios públicos son otro capítulo del plan.
Pero los empresarios insisten en que en necesario recomponer la confianza para generar un clima de inversión, y terminar con el cuadro de desorganización económica. Guzmán les prometió que no hará falta una megadevaluación para ello, pero no convence acerca de cómo lo logrará cuando siguen cayendo las reservas internacionales netas y los depósitos en dólares. El único punto de apoyo claro es, de nuevo, un drástico ajuste fiscal, para cumplir con la nueva meta de reducir fuertemente la emisión monetaria, y cubrir el déficit con deuda. Un plan típico de los «economistas ortodoxos».
La preocupación que alude el ministro para intentar evitar una devaluación es no obstante comprensible: una estampida inflacionaria, en medio de una agenda de ajuste, podría decantar en un estallido social. El repudio popular al brutal desalojo de Guernica, que descolocó a la pata «progresista» del Frente de Todos, es un indicio de que esta política conduce a choques frontales con las masas. A eso viene el reclamo, desde Kristalina Georgieva a Cristina Kirchner, de poner en marcha un acuerdo nacional. Es probable que el papel del sacerdote en la reunión haya sido advertir sobre el clima social.
Es el sentido del presunto Consejo Económico y Social que el gobierno busca poner a flote en base a una agenda de «encuentros sectoriales», en el marco de la cual ya se mantuvieron reuniones con empresarios de rubros estratégicos como la agroindustria, la construcción, las automotrices y las petroleras, con la venia de la burocracia sindical. En medio de la incertidumbre que genera la crisis nacional y la depresión económica internacional, el punto neurálgico donde confluyen es en mayores exenciones para los capitalistas y un «aumento de la productividad», que no sería resultado de la inversión si no su estímulo, y por lo tanto partiría de una ofensiva contra los salarios y los convenios colectivos de trabajo.
Los trabajadores deben tomar conciencia del contenido antiobrero y antinacional del «gran acuerdo nacional» que se teje a sus espaldas. Los «miserables», como los definiera el propio presidente, son los destinatarios del llamado oficial a la unidad, y todo para darle sustento al pacto con el Fondo Monetario Internacional. Como en Guernica, la verdadera grieta es la que separa al pueblo trabajador del gobierno y los defensores del capital. Para darle una salida, es necesario darle a esa grieta de clase una expresión política. Es la perspectiva que plantearán las tribunas que el Partido Obrero va a levantar el sábado 14 de noviembre, y que propone que sea asumida como tarea central por el Frente de Izquierda – Unidad.
Iván Hirsch
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