Cuando sellaron la reestructuración de la deuda externa con los bonistas, Alberto Fernández y Martín Guzmán lo celebraron como una paso hacia la «sustentabilidad» de las obligaciones financieras del Estado argentino, como parte de un proceso de reversión del megaendeudamiento que habrían heredado del macrismo. En realidad, tenemos que según los informes de la Secretaría de Finanzas en los últimos once meses la deuda pública creció casi 20.000 millones de dólares, hasta rozar los 334.000 millones (un 75% en moneda extranjera). Esto, a pesar del pago religioso de los vencimientos de intereses con el FMI y otros organismos internacionales, y de los bonos del Tesoro en pesos.
El dato importa para graficar una situación que irá agravándose, ya que el gobierno se comprometió a dejar de financiar el déficit fiscal mediante transferencias del Banco Central, es decir mediante emisión monetaria. La hoja de ruta sería recurrir a la toma de nueva deuda en pesos para refinanciar los vencimientos y cubrir además el rojo de las cuentas públicas.
Es un fraude que se presente a esta deuda nominada en moneda nacional como «sustentable», porque al estar linkeada al dólar o indexada por inflación el gobierno carece de la posibilidad de licuarla mediante una devaluación del peso. Las últimas rondas de colocaciones financieras no solo no lograron satisfacer los objetivos oficiales, sino que mostraron que los capitalistas solamente están dispuestos a tomar títulos resguardados ante una depreciación del tipo de cambio o de una aceleración inflacionaria. En octubre, por ejemplo, casi la mitad de los 6.750 millones de dólares de deuda emitida estuvo atada a la cotización del dólar (en el mes el incremento neto del endeudamiento fue de 960 millones de dólares, restando los pagos realizados).
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el propio canje de deuda incrementó en 1.000 millones de dólares la hipoteca. Para colmo, una vez reestructurados, la Anses y el Central salieron a malvender bonos en su poder para deprimir la cotización del contado con liqui. Ahora además se negocia el nuevo programa con el FMI, pero las tratativas fueron lubricadas todo el año con el pago puntual de los vencimientos trimestrales de intereses con el organismo, los cuales en lo que va del año consumieron casi 1.000 millones de dólares de las reservas. A eso hay que sumar también los pagos al resto de los organismos internacionales.
Es una deuda que va a seguir creciendo a pesar de los pagos, ya que incluso si el gobierno lograra renegociar los vencimientos de capital con el Fondo -a costa de las llamadas «reformas estructurales» que empezaron con el robo jubilatorio-, el año que viene recurriría a desembolsos de entidades multilaterales como el BID y el Banco Mundial para seguir «honrando» los intereses con el FMI. En 2021, se calcula que más de 4.700 millones de dólares serán pagados a organismos internacionales con nueva deuda. Es una verdadera farsa la aseveración del presidente acerca de que «el ajuste los hacemos al dejar de pagar intereses».
Así, tenemos que en lo que resta del año se destinarán más de 7.700 millones de dólares a pagos de deuda. Si bien el 90% de ese monto se cancela en moneda local, lo cierto es que a este ritmo serían cubiertas con la emisión de nuevos bonos indexados al dólar o la inflación. Tenemos la misma dinámica de retroalimentación del endeudamiento que tanto critican los voceros oficialistas a la gestión de Macri. En realidad, durante todas las últimas décadas la nación debió cargar con una hipoteca creciente a costa de rescatar sucesivamente una deuda fraudulenta y usuraria, reestructuraciones inclusive.
Agreguemos a todo esto que está activada una verdadera bomba de tiempo, con el monumental pasivo que carga el Banco Central. La bola de nieve de las Leliq y pases sigue creciendo, así como siguen aumentando las tasas de interés al compás de la inflación que va en ascenso. Si este año los bancos habrán cobrado gracias a este negocio unos 600.000 millones de pesos, con las nuevas tasas en 2021 se llevarán al menos un billón de pesos. Ello siempre y cuando las previsiones del Central, de que los índices de precios subirán 52%, no derive en nuevas alzas de tasas. El «giro ortodoxo» de Guzmán y el equipo económico del gobierno solo cierra con un ajuste de dimensiones estratosféricas. Se comprende entonces por qué desde Kristalina Georgieva hasta Cristina Kirchner ven necesario un acuerdo nacional para ejecutarlo.
Este ajuste del gasto público no permitirá, como afirman los funcionarios, evadir una devaluación. Parte del programa que se negocia con el FMI -y que tiene sus anticipos en la nueva confiscación de la movilidad jubilatoria, el anuncio de tarifazos y la eliminación del IFE– es un depreciación del peso que permita achicar la brecha cambiaria. Para los que viven de su trabajo será un golpe por partida doble.
Nada de esto, como vemos, redundará en la pregonada «sustentabilidad» del endeudamiento del país. Las recurrentes crisis de deuda de la Argentina son expresión de la vileza de este mecanismo de expoliación de la nación por el imperialismo, y de la decadencia secular del capitalismo criollo dentro de la crisis capitalista mundial. Más aún, mientras descargan el ajuste sobre la población trabajadora el país atraviesa una mayor primarización productiva para recaudar divisas y cumplir con los vencimientos.
Por eso, el proyecto de ley de Guzmán para que la toma de deuda por encima del Presupuesto deba pasar por el Congreso es una cortina de humo. En todo caso, apunta a que todos los bloques políticos dejen sus huellas digitales en el programa fondomonetarista en ciernes. Es en efecto el punto en el cual confluyen las cartas cruzadas de los senadores oficialistas y opositores. Contra este régimen de hambre y saqueo, la izquierda debe elevarse como alternativa política en base a enfrentar el pacto con FMI.
Iván Hirsch
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