El gobierno de FF prometió en campaña electoral un aumento del 20% para resarcirnos de la pérdida que sufrimos con el macrismo, y que para esto dejaría de pagar los intereses usurarios de las Leliq. Puras mentiras. Gobierno y FMI son un solo corazón en defensa de los intereses de una clase social capitalista incapaz de resolver los problemas más elementales de la población. Un gobierno que frente a la pandemia repartió miles de millones de pesos a empresarios y financieras que lo usaron para especular contra el peso. La miseria de los jubilados se agudiza por la constante desvalorización del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) cuyos fondos el gobierno lo utiliza para los pingues negocios de empresarios y patrones. Para trabajadores y jubilados solo hubo migajas.
Ahora, en función de los acuerdos con el FMI el gobierno propone establecer una nueva fórmula por ley, sujetando el reajuste de haberes, el 50% a la recaudación impositiva y el otro 50% a la variación del salario (RIPTE), esto en un marco de paritarias a la baja sumado a la exención de aportes a las patronales a la previsión social con el consecuente vaciamiento de las cajas. Además, es una fórmula que tiene tope y no tiene piso. Se plantea que los cálculos resultantes tienen como limite la recaudación de la ANSES pues los aumentos, si los hay, no pueden superar lo que resulte de la recaudación del organismo, es decir si hubiese un aumento del 10%, pero la recaudación de ANSES fuera de un 7%, el cálculo se toma por la variable más baja. Además, toda fórmula está calculada sobre el haber mínimo de indigencia de $18.100.
Con la continuidad de esta política el 50% de los trabajadores no podrá obtener su jubilación. Los que están en blanco porque no llegan a la cantidad de años de aportes debido a los despidos y suspensiones; y los trabajadores en negro, porque no aportan. Algunos podrán obtener la miseria que otorga la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor), hoy en $14.000.
El ataque a los jubilados es un ataque contra todos los trabajadores. Por esta razón hemos lanzado una Campaña Nacional contra la Reforma Previsional con pronunciamientos de comisiones internas, sindicatos y organizaciones sociales.
Planteamos: un haber mínimo del 82% móvil de la canasta familiar (hoy, en CABA, de $100.000) a jubilados pensionados y rentas vitalicias; por un PAMI y ANSES dirigido por afiliados y trabajadores, por protocolos en defensa de la salud de los adultos mayores, por la restitución de los aportes patronales, no al pago de esta deuda usuraria.
A tres años de la rebelión de diciembre del 2017, proponemos a todas las organizaciones de jubilados y trabajadores ocupados y desocupados un acto frente al Congreso Nacional y en cada localidad, con fecha a designar.
Charly Petrillo – Jubilados Clasistas
15/11/2020
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