La “ley de los 1.000 días” apunta, dice, a "bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.
El plan “está pensado con asignaciones, derechos y ampliaciones de beneficios que ya existían y que no alcanzaban a trabajadoras y trabajadores en la informalidad, o en la economía social o popular", según explicó la ministra de Mujeres y Género Gómez Alcorta (Télam, 17/11).
Más claro: se excluye de beneficio adicional o específico a las trabajadoras en relación de dependencia. Para ellas no ha mil días. Aunque “la mitad de los salarios del sector formal de la economía argentina están por debajo de la línea de pobreza” (Infobae, 22/11).
Pero aún en el caso de las trabajadoras precarizadas o desocupadas, los beneficios son apenas una módica ampliación de lo que ya reciben. Quienes cobran la AUH recibirán la asignación por nacimiento y adopción que hasta ahora no cobraban ($3.540 por única vez). La Asignación Universal por Embarazo ($3.540) pasa de seis mensualidades a nueve. Y las madres de hijos menores de tres años recibirán una vez al año la “asignación por Cuidado de Salud Integral, equivalente a una AUH” ($3.540) por cada hijo.
El Programa anuncia la “provisión gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia”. Entre los “insumos”, se mencionan “medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez”. La provisión gratuita de medicamentos esenciales ya está prevista por el Plan Remediar sin límite de edad, del mismo modo que las vacunas que integran el Plan Nacional de Vacunación. Nada nuevo bajo el sol. El programa establece mecanismos para facilitar la documentación del recién nacido -unos 10.000 niños por año no son inscriptos, explica- y de chicos indocumentados. Y garantiza que “se informe a las mujeres y otras personas gestantes, sobre su derecho a una vida libre de violencia física, psicológica, obstétrica e institucional y que se les brinde información sobre los dispositivos de atención y denuncia existentes” (sic). ¡Se informe!
En la Argentina, según Unicef, el 62,9 % de los menores de 14 años son pobres. Más de 8 millones de chicos. Y de éstos, 2.400.000 viven en hogares indigentes, su familia no alcanza a comprar los alimentos básicos. Pasan hambre (Página/12, 5/8).
“Una persona embarazada podrá cobrar un total de $31.860 que se dividiría en los pagos mensuales y el pago a fin de año con la presentación de la Libreta Nacional de la Seguridad Social (El Cronista, 18/11). Los recursos que “articula” el plan de los mil días, como se ve, no llegan muy lejos.
La exigencia de una maternidad y una infancia saludables bajo el capitalismo va ligada a que la madre -y el padre- tengan un trabajo bajo convenio, un salario sobre la línea de pobreza y una vivienda decente, con agua potable. Que las escuelas tengan vacantes, espacio suficiente y docentes bien pagos. Que el sistema de salud funcione. El derecho a interrumpir un embarazo o a no tener hijos es indisociable del derecho a la maternidad y a que el peso de la crianza no recaiga exclusivamente sobre la madre de familia. Más claro: que el Estado garantice la salud, la educación, la vivienda y la recreación de los chicos. Brutales utopías para un régimen social que se desmorona y que destina todos sus recursos al salvataje del capital.
La proliferación de las tomas, las nutridas movilizaciones del movimiento de desocupados -que integran mayoritariamente mujeres- y la lucha por el salario en toda la geografía nacional muestran que la familia obrera sabe perfectamente qué necesita. Nada de eso entra en los planes de un gobierno signado por el derrumbe económico, impotente ante la crisis humanitaria y social.
Olga Cristóbal
24/11/2020
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