El paso del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio al Distanciamiento Social no solo trajo una reducción en las restricciones, sino también el retorno de la mayoría de las actividades y, con esto, de los trabajadores a sus puestos. Con la excusa de la habilitación para trabajar, el gobierno aprovecha para suspender la cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
En este sentido, la titular de la Anses, María Fernanda Raverta, dijo que el IFE 4 «todavía está sin definiciones» y que «se encuentra en una etapa de evaluación». Sabemos lo que significa esto para un gobierno que realizó la primera entrega de $10 mil pesos recién en junio, cuando la cuarentena comenzó a finales de marzo y el grueso de los trabajadores se encontraba sin cobrar su salario desde hacía dos meses, ya sea por haber sido despedido, ser monotributista o trabajar de manera informal.
Sin embargo, el retorno a los puestos de trabajo no es una solución al problema del «parate económico» que, según el gobierno, fue la razón para dar el ingreso la primera vez. ¿Cuáles son las condiciones a las que los trabajadores vuelven a sus puestos? Sin la posibilidad de usar el transporte público (ya que este sigue siendo para las actividades esenciales) ni protocolos sanitarios que contemplen su seguridad y no el mantener las ganancias de las patronales. Y eso sin mencionar el recrudecimiento de la pobreza pisándole los talones.
Incluso aunque se mantuviera el ingreso, la «etapa de evaluación» de la que habla el gobierno hace referencia a la disminución en la cantidad de destinatarios del mismo. En un primer momento, los inscriptos al IFE 1 fueron más de 11 millones de personas y, los destinatarios, menos de 8 millones. Sin embargo, ya en junio (apenas empezaba su entrega) veíamos los primeros recortes y endurecimientos de las restricciones.
El recorte al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) también es algo probable. Luego del escándalo que significó que las patronales con condiciones más que suficientes para pagar los salarios aplicarán y recibieran el subsidio, el séptimo cobro sería para aquellos sectores que el gobierno considere más críticos. Pero esto no quita que esté atado al mísero aumento del salario mínimo, vital y móvil y que nunca se haya transformado en una herramienta que evite el millón de despidos y suspensiones que se vieron durante la cuarentena. A esta política abonan las burocracias sindicales, quienes entregaron todas y cada una de las paritarias llevándolas por debajo de la inflación calculada para 2020 e incluso, en algunos casos, cerradas hasta nuevo aviso.
Evidentemente, el final de la cuarentena estricta está lejos de terminar con la crisis económica que hace que la mitad del país se encuentre por debajo de la línea de la pobreza y que arrasa con las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que sí está cerca es la política económica y social del gobierno de la dictada por FMI, con quien ha trazado un plan de ataque al conjunto de la clase obrera en pos de que sea ella quien pague dicha crisis.
En este sentido, es necesario que los trabajadores rechacemos esta nueva arremetida y vayamos por un plan de lucha por un salario mínimo, vital y móvil igual a la canasta básica familiar ($45 mil), el cobro integral del IFE para todo aquel que lo requiera, un seguro al parado de $30 mil y la real prohibición de los despidos y suspensiones.
Lucía Miguez
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