En el transcurso de la pandemia, el gobierno de Larreta aprobó la “ley de emergencia” en la Legislatura -valiéndose de su mayoría propia- que le permitió congelar los salarios de trabajadores y trabajadoras municipales. En el caso de la docencia porteña, esto también significó un incumplimiento del acta salarial, que estipulaba el 7% de aumento para julio. Para “paliar” esta situación, el GCBA anunció el pago de un “bono incentivo” o “bono covid” (que figuraba como asignación estímulo en los recibos de sueldo), equivalente a $2.500 por cargo – y un importe apenas mayor para las conducciones escolares. En la última reunión salarial, a principios de noviembre, convocada entre gallos y medianoche, el gobierno dio un nuevo giro y procedió a discontinuar el pago del bono. A su vez, anunció que se pagará el 7% pactado para julio… ¡pero sin retroactivo! con el salario de diciembre. Esto represente aproximadamente $35.000 de salario de bolsillo para la docencia de la Ciudad.
Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, según los datos del IPCBA (Índice de Precios del Consumidor de Buenos Aires), una familia tipo necesitó, en septiembre, $73.000 para poder cubrir sus gastos básicos vinculados a los servicios y el consumo. Según informes del CESyAC, si se incluye el alquiler, fueron necesarios al menos $100.000. Significa que para un docente de la Ciudad ya no alcanza ni siquiera con trabajar dos cargos para reunir el valor de la canasta que precisa la subsistencia de su propia familia.
Luchemos por el salario
La cuestión salarial se da en el marco de un ataque furibundo hacia la docencia por parte del gobierno porteño -con el aval de Nación- para forzar el retorno a la presencialidad en las escuelas. El último capítulo de esta secuencia lo protagonizó la propia ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña, al realizar declaraciones contra el trabajo docente, la organización gremial y la escuela pública en general.
Pero el problema del salario no es sólo porteño. Nicolás Trotta acordó con los cinco sindicatos nacionales (sin mandato de la docencia), en el mes de junio, el pago de un insuficiente bono de $4.800 a pagar en cuatro cómodas cuotas. La paritaria nacional fue suspendida y “reemplazada” por el cobro de estas cuatro miserables sumas fijas y en negro, consolidando una pérdida salarial frente a la escalada inflacionaria e incumpliendo paritarias ya firmadas en diferentes provincias. Casi cinco meses después, el ministro de la CGT declaró en la sede de UDA que convocará a la paritaria nacional antes de que termine noviembre.
El reclamo de reapertura de paritarias sigue vigente, sobre la base de un salario unificado nacional. Planteamos: aumento de emergencia del 50% al básico. Aumento del 50% en todas las escalas. Garantía salarial de $35.000 para los docentes sin cargo. Salario igual a la canasta familiar. Defensa de nuestro régimen jubilatorio. Asambleas distritales y unificada de la docencia por la lucha por el salario y nuestras condiciones laborales.
Flor Palombo
26/11/2020
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