Desde 1996 –cuando votó su propia Constitución– la soberanía del distrito siempre se invocó para llevar adelante el remate de tierras públicas, operaciones económicas con la renta del suelo, impuestazos contra los vecinos o la creación de cuerpos burocráticos propios. En cambio, los “límites” de esa autonomía aparecieron siempre a la hora de consagrar derechos para quienes trabajan o viven en la CABA –por caso, un salario o jubilación mínimas que cubran el costo de la canasta familiar en el distrito. La autonomía tampoco apareció a la hora de gravar particularmente al capital financiero o comercial radicado en la Ciudad, y que goza de una renta económica extraordinaria por el hecho de encontrarse situado en el centro económico del país. Siempre se decía, entonces, que el estado porteño “no podía discriminar a las empresas instaladas en el distrito”, un argumento que no reconoce grietas entre los actuales representantes del oficialismo porteño y los del gobierno nacional.
Pero ahora, resulta que los mismos que no querían castigar a los bancos han resuelto castigar a los usuarios de los bancos, es decir, a la población que cuenta con tarjetas de crédito emitidas en el distrito. Lejos de cualquier pretensión de consumo suntuario, las tarjetas son el vehículo de compra de miles de trabajadores que las tienen asociadas a sus cuentas sueldo. La insuficiencia del salario los ha empujado a financiar por esta vía –y a costos extorsivos– el consumo corriente. A esa carga financiera, se le añade ahora el impuesto de Larreta.
El gobierno porteño ha restaurado también un impuesto a la tenencia de Leliqs, que los bancos ya han anunciado que trasladarán al costo del crédito.
El gobierno PRO, afín a criticar el agobio impositivo en el ojo ajeno, ha decidido continuar con la indexación del ABL. También lo hará con otros tributos, que –como el de ingresos brutos– evolucionan al compás de los precios. A pesar de esta escalada confiscatoria, los gastos previstos en la Ciudad para el 2021, en términos reales, serán un 15% inferiores a los del año que pasó. La obra pública –que involucra a hospitales y escuelas– ha sido fuertemente reducida, y se anticipa un ajuste de salarios por debajo de la inflación.
La pandemia ha dejado planteada la necesidad de un reforzamiento decisivo del sistema sanitario: el presupuesto 2021, por el contrario, deja a sus trabajadores en la indefensión laboral y salarial. Tampoco hay respuesta al reconocimiento profesional del otro pilar de la salud, la enfermería.
Larreta ha presentado a este plan de ingresos y gastos como “presupuesto de contingencia”. Se refiere, de este modo, a que los ingresos están sujetos al destino del juicio por el recorte de la coparticipación federal a manos del gobierno nacional, que está en manos de la Corte. Pero las medidas confiscatorias, en materia de impuestos y recortes de gastos, no son para nada “contingentes”. El gobierno le ha trasladado las costas del recorte nacional a las enfermeras, médicos, maestras y vecinos del distrito, no a las corporaciones capitalistas instaladas en él.
Además, los números de la CABA ocultan otro ingreso “contingente”: el de las operaciones inmobiliarias a costa del suelo y el espacio público. Es el caso de Costa Salguero, cuya rezonificación –para la erección de torres de altura y un vasto complejo de negocios– se encuentra bajo trámite legislativo. A la orilla de la Ciudad –y por afuera del presupuesto– Larreta calcula los recursos a ingresar por esa enajenación de tierras, que debe recibir, por parte de la Legislatura, la varita mágica de su rezonificación. La renta extraordinaria de esa rezonificación será financiada, otra vez, por el pueblo de la Ciudad. En este caso, con la pérdida del derecho al aire y a los espacios verdes de carácter público.
El presupuesto 2021 es otra ofrenda a la Ciudad que mira a Puerto Madero, y se para a espaldas de todos los que viven de su trabajo.
Marcelo Ramal
27/11/2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario