En los últimos años, en el llamado “cordón verde” -que integran las localidades de Canning, Guernica y San Vicente- se ha venido produciendo un fuerte desarrollo inmobiliario, ligado a la puesta en pie de barrios de lujo. De acuerdo a un informe del Equipo de Investigación Política (Edipo), en el distrito de Presidente Perón (que engloba a Guernica) se encuentran los barrios privados y clubes de campo de San Eliseo; Malibú; Lagos de San Eliseo; La Alameda; Horizontes al Sur; El Rebenque; El Paraíso de Guernica; Casuarinas; Parque de las Naciones; Santo Domingo; Cruz del Sur y El Candil (Crisis, 20/9).
El reciente desalojo contra la toma de Guernica buscaba resguardar un nuevo emprendimiento top en la zona, San Cirano, cuyos terrenos fueron adquiridos irregularmente por el grupo inmobiliario El Bellaco durante la última dictadura militar. Sesenta hectáreas de las 360 que posee este grupo fueron afectadas por la lucha de los vecinos en defensa de la tierra y la vivienda.
De acuerdo a un informe de 2018 del Grupo Adrián Mercado citado por Tiempo Argentino (1/11), en la zona mencionada al comienzo de esta nota hay 60 barrios cerrados y clubes de campo. La construcción del shopping Las Toscas, inaugurado por Cristina Kirchner en la localidad de Canning (partido de Ezeiza) en 2008, le dio un fuerte impulso a dicho proceso. Este desarrollo inmobiliario disparó el metro cuadrado de terreno sin construir de 41 dólares en 2009 a 103 dólares en 2018 (ídem).
La contracara necesaria del avance de los barrios de lujo y del encarecimiento del suelo es un agravamiento del déficit habitacional de los sectores populares. El mapa del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) identifica como tales en el partido de Presidente Perón a Agrocolonias, Estación Numancia, Numancia Norte, San Martín, Parque Americano, Las Lomas, El Roble, La Yaya 1 y San Roque.
Los desarrolladores inmobiliarios que instigan el desalojo de las tomas, y se llenan la boca hablando del respeto a las leyes, recurren a ardides impositivos para no tributar lo que corresponde. De los 871 barrios privados registrados en la provincia -de acuerdo a información de ARBA-, 230 pagan como tierra rural sin mejoras o como tierra urbana (en vez de como barrio cerrado), con lo que se ahorran 1.500 millones de pesos anuales. Además, estos grupos desconocen la ley 14.449 que los obliga a ceder el 10% de cada emprendimiento a la vivienda popular, algo que han denunciado los vecinos de Guernica.
Este proceso y estas maniobras se han producido al amparo de los intendentes y de los sucesivos gobiernos provinciales. Ahora, ante el estallido de la crisis por Guernica, Axel Kicillof reclamó una regularización, pero aclaró que no quiere pelearse con estos grupos. El gobierno se muestra implacable con la población oprimida que reclama tierra y vivienda y condescendiente con los estafadores inmobiliarios y la burguesía que se encierra en sus lagunas artificiales, spa y canchas de tenis (tal la oferta de San Cirano, según El Cronista, 27/8/15).
La toma de Guernica vino a desafiar esta situación. La lucha sigue.
Prensa Obrera
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