Un pacto buitre en la Legislatura bonaerense

Con igual entusiasmo que el oficialismo, la bancada de Juntos por el Cambio festejó la sanción de la “Ley de Financiamiento” en la Legislatura bonaerense. Una semana atrás, esa oposición había trabado su tratamiento mientras exigía al Frente de Todos mayores concesiones y puestos en la dirección de las empresas estatales y organismos de control. Lo que conocemos de este pacto es solo la letra escrita, pero no el tráfico detrás de escena. Cambiemos explotó en beneficio propio la dependencia del gobierno de este megaendeudamiento, lo que delata el quebranto provincial.
La ley sancionada autoriza al Ejecutivo a contraer deuda por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos con organismos multilaterales para cubrir deudas pendientes con los proveedores. Otra muestra de la bancarrota que pone a la provincia a merced de los acreedores buitres. La celebrada nueva deuda es una soga al cuello que se sumará a los 12.000 millones de dólares de deuda externa. Todos los partidos y bloques políticos de la burguesía votaron positivamente. Solo la banca del Frente de Izquierda votó en contra y denunció este pacto al servicio del capital financiero, que pagaremos los trabajadores con mayor ajuste.
El “bis antigrieta” en la provincia repite lo ocurrido el lunes pasado con el pacto colonial acordado por Martín Guzmán y Alberto Fernández con los bonistas. El ministro de Economía provincial, Pablo López, reivindicó el contubernio con Juntos por el Cambio porque “se necesitaba de esta herramienta para seguir trabajando”. Ahora vienen las condiciones leoninas e imposiciones de los acreedores para acortar los plazos de pago y fijar los intereses, que actuarán así como una presión extra en medio de la prorrogada negociación con los bonistas de la provincia la reestructuración de vencimientos por más de 7.000 millones de dólares.
Con una caída de la recaudación tributaria del 50% con el consecuente desplome de la coparticipación, una brutal recesión económica con su secuela de despidos y suspensiones, y siendo la provincia de Buenos Aires el epicentro de la crisis sanitaria nacional con más de 140.000 contagios, este endeudamiento conducirá más temprano que tarde al colapso del sistema de salud y educación pública bonaerense y a la paralización del Estado bonaerense. El viceministro de Salud volvió a advertir sobre una saturación de camas y hospitales en el Conurbano. La fórmula “deuda sobre deuda en dólares” es un cóctel explosivo que arrastrará en primer lugar a los municipios, que han pasado a depender mes tras mes de los fondos del gobierno nacional y provincial para poder pagar los sueldos.
Desde Juntos por el Cambio presentaron la ley como un triunfo de su política para “asegurar que los fondos del endeudamiento vayan a los municipios”, ya que permitiría reasignar partidas no ejecutadas para obras en el Río Salado y construcciones de agua potable en Bahía Blanca. Para meter presión a los intendentes propios y ajenos, fue el propio gobierno provincial el que agitó las pérdidas millonarias que sufrieron los municipios en la cuarentena, afectados por la morosidad de hasta un 80% en el cobro de las tasas comunales y por la crisis económica. La diputada Sánchez Jáuregui, aliada de Cambiemos y referente del fallecido Momo Venegas de la burocracia de la Uatre, fue más lejos al afirmar que “ahora se moverá la rueda del trabajo”. La apología del endeudamiento oculta que son los acreedores quienes ganan por partida doble, saqueando el presupuesto del Estado y volviéndolo a endeudar en una calesita eterna.
La negociación que destrabó la votación recogió casi en un 100% los condicionantes de Juntos por el Cambio, muchos de ellos compartidos por los legisladores e intendentes del PJ. Kicillof comprometió un giro de 3.000 millones de pesos extra a los municipios, retroactivo a julio y en agosto, junto a la regularización de los 2.000 millones de pesos que les adeuda la provincia -los cuales habían sido pactados en diciembre pero luego retenidos por el gobierno provincial. Si bien no se condonarán los préstamos, ahora se estirarán los plazos de reintegro a 18 meses y los jefes comunales recién empezarán a devolver las cuotas a partir del 1 de enero del 2021. Estas “leyes de financiamiento” no son otra cosa que el preámbulo de nuevas crisis financieras.
Con las cuentas en rojo, Kicillof profundizará el ajuste para rascar la olla. Esta colosal hipoteca apunta contra los trabajadores y para que la clase obrera sea quien pague la crisis capitalista. Es lo que encubren los “legisladores sindicales”, especialmente de la CTA, que votaron la ley buitre en la Legislatura bonaerense y que apoyan el pago de deuda de Kiicllof a los bonistas. Después de cacarear contra todo reclamo popular acusándolo de ser funcional a la derecha, el kirchnerismo vota a dos manos y festeja con Juntos por el Cambio.
No hay reorganización social de la provincia sin dejar de pagar la deuda fraudulenta y no hay defensa de los intereses de los trabajadores sin independencia de los sindicatos del gobierno y las políticas patronales. Por un plan económico de los trabajadores y un impuesto extraordinario al capital para financiar un plan de obras públicas, vivienda y sanitario bajo control de los trabajadores.

Daniel Rapanelli