La caída del ministro es clave para quebrar la avanzada represiva.
La aparición de un cuerpo que podría ser el de Facundo Astudillo Castro, y los hechos que la acompañaron refuerza el lugar clave del reclamo que se vaya Sergio Berni, tal como lo demandó la indignada madre del joven ante todos los medios del país.
Los indicios de que el cuerpo habría sido plantado, desde las huellas de un vehículo por identificar en la zona hasta la aparición allí de una zapatilla como la que llevaba Facundo prácticamente intacta, suman nuevos elementos en relación con la responsabilidad de la policía bonaerense en la desaparición y en el posterior encubrimiento del crimen. Días atrás había sido encontrada una foto del DNI de Facundo en el teléfono de los agentes implicados, contra la versión dada por la fuerza previamente, luego de que a principios de agosto apareciese en un allanamiento a la comisaría de Teniente Origone un regalo de su abuela que Facundo llevaba consigo.
El ministro de Seguridad bonaerense, se apresuró a atribuir los restos óseos aparecidos como los de Facundo y a sembrar pistas falsas referentes a una mochila, para luego calificar de “mentira” la denuncia de Cristina Castro de que vio al fiscal interviniente en el rastrillaje hablando con él en medio del operativo. Junto con ello, el funcionario insistió con que no habría «vínculos concretos» de su policía con la desaparición de Castro, pese a las numerosas pruebas existentes de su papel en la misma y en el posterior encubrimiento: vale recordar que a principios de julio -contra la voluntad de Berni- la fuerza fue separada de la investigación ante las reiteradas denuncias de la familia de que bloqueaba el avance de la causa, pese a lo cual sus agentes aparecieron días después en un basural donde se sospechaba que podía haber restos del joven, amenazando incluso al abogado de la familia que protestó contra esa irregularidad. Las declaraciones del ministro deben ser leídas como parte de una política de encubrimiento y de una intensa campaña de presión sobre el poder judicial por una resolución de impunidad, algo que vuelve a su renuncia una necesidad en la lucha por un esclarecimiento del caso. Como frutilla del postre, Berni escupía contra un país conmovido por este caso, publicando este fin de semana en Infobae un provocador artículo de “opinión” de indisimulables aspiraciones electorales.
Cuando aún falta para que sea identificado el cadáver (la certeza según algunos especialistas puede tomar más de una semana), el periodista Román Lejtman anticipó este lunes 17 la posibilidad de una purga de la policía bonaerense que se cocinaría entre Alberto Fernández y Axel Kicillof, pero de la que Berni quedaría salvado. Como es conocido, todas las “purgas” previas no tocaron ni un ápice a la estructura criminal que está en el ADN de esta fuerza (y de todo el aparato represivo del país). Una transformación de fondo en esta materia, que supondría como mínimo y en primer lugar un control popular, es incompatible con el sentido mismo de estas fuerzas, que es la regimentación de la población monopolizada por este Estado.
Amén de los choques entre la titular nacional de Seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense -que tienen como trasfondo la disputa por el control de la acentuada militarización del conurbano- el gobierno tiene claro que una salida de Berni como resultado de la presión popular constituye un golpe importante a la avanzada represiva que lleva en todo el país. Mientras el Ejecutivo nacional y los provinciales cedían sistemáticamente a las presiones del empresariado por una flexibilización de la cuarentena, la “defensa” de esta ha sido la excusa para la instalación exacerbada de agentes y la multiplicación de sus crímenes contra la población. En lo que va del año se reportaron –acorde a Correpi- 92 casos de gatillo fácil, 42 de los cuales fueron en la Provincia de Buenos Aires. Córdoba se encuentra sacudida por el del joven Blas Correas, seguido por un reguero de acciones de encubrimiento y por la reposición en funciones de uno de los agentes asesinos (que, a la sazón, ya se encontraba imputado por encubrir a un violador serial). A esto se suman centenares de otros ataques (los propios datos oficiales reconocen 531 denuncias), como las violaciones y torturas a jóvenes Qom.
Todos estos hechos y la movilización popular contra los mismos, orientada con claridad, abonan para la población trabajadora la comprensión de que el aparato represivo constituye el esqueleto de un Estado que tiene como sentido de existencia defender los intereses de los capitalistas. El despliegue de uniformados aparece íntimamente ligado a las políticas de ajuste que se vienen desarrollando y se agudizarán con los acuerdos de pago de la deuda externa: el gobierno se prepara para responder con la violencia a la movilización popular. La avanzada represiva de estos años es inescindible de la crisis creciente y del intento de cargársela a las y los trabajadores, lo que traza un hilo de continuidad entre la “doctrina Chocobar” de Macri-Bullrich y las caminatas fusil en mano de Berni –que continúa esa doctrina en los hechos. Es para ocultar este encadenamiento que Máximo Kirchner salió a calificar de “miserables” a quienes comparan los casos de Santiago Maldonado y de Facundo Castro, pese a sus numerosos vasos comunicantes.
Junto con ello, episodios recientes han vuelvo a llamar la atención sobre el rol de la policía y demás fuerzas como garantes y protagonistas del crimen organizado, refutando la tesitura “bolsonarista” de Berni y de la oposición derechista de que se precisan más armas y agentes para combatir la inseguridad. Los repartidores en lucha denuncian que los crímenes de los que son víctimas en su jornada laboral tienen su base en las “zonas liberadas” por las fuerzas; en Villa María se investiga la protección de tres agentes de la Policía Federal a un tratante prostituyente a cambio de coimas; mientras que el reciente asesinato del exconcejal rosarino Eduardo Trasante y la detención de un jefe policial de San Lorenzo que poseía cocaína, marihuana y armas ilegales –entre otros numerosos hechos- reforzó el reclamo contra la “narcopolicía” santafesina.
El valor objetivo y subjetivo que ha conquistado la consigna de “Fuera Berni” debería servir para despejar las dudas de quienes, en el campo de la izquierda, se oponen a ella con los argumento de mantenerse lejos de las disputas gubernamentales o de no “cortar el diálogo” con quienes hayan votado a este gobierno. La expansión de este planteo y su conquista constituye una cuña invalorable contra toda la política bélica del Estado contra la población trabajadora, la juventud y el movimiento popular; y para separar definitivamente a estos de cualquier expectativa en el nacionalismo fondomonetarista.
La caída del ministro daría un impulso formidable a la lucha por el desmantelamiento del aparato represivo, contra sus masacres y atropellos y la expansión del crimen organizado, y por el derecho de protesta contra el ajuste. En suma, a la pelea por la emancipación de un pueblo sometido a las balas y desapariciones, a la explotación y al hambre.
Tomás Eps
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