En el pico de la pandemia, con récords de 5.000 casos diarios en la provincia.
Mientras Alberto Fernández reconocía la apertura del 90% de las empresas ante los representantes del capital, la gremial bonaerense Cicop, de profesionales de la salud , denunciaba que son 10.000 los trabajadores del sector contagiados por coronavirus sobre un total de casi 200.000 infectados en la provincia de Buenos Aires. Ya son casi 40 los profesionales del aréa fallecidos.
A los 10.000 infectados hay que sumarle los médicos y enfermeras que están aislados por haber tenido contactos estrechos con pacientes contagiados, y un faltante de 2.500 profesionales entre médicos, enfermeros y camilleros. Cicop advierte que la principal preocupación en la lucha contra la pandemia va siendo la saturación del plantel de profesionales sanitarios, que amenaza con provocar el colapso del sistema de salud, incluso antes de que se consume la ocupación total de las camas de terapia. Una situación por demás crítica cuando en muchos hospitales del Conurbano la ocupación de las camas de terapia está cerca del 100% y en un promedio general que supera el 75% en el conurbano. La gremial llama la atención por esta gravísima situación.
La referida «confesión» del presidente fue un dardo envenado contra la población trabajadora, responsabilizándola por la «falta de cuidados» y el crecimiento exponencial de la pandemia. El propósito de esta provocación fue amnistiar a las patronales, y entre estas a las clínicas y sanatorios privados, que violan y desconocen los protocolos de seguridad y protección de los profesionales de la salud. En la misma onda, el gobernador Axel Kicillof le echa el fardo del pico de los contagios a la «responsabilidad civil», para ocultar que no hay inversión estatal en la salud pública y que se prorroga el presupuesto de ajuste de María Eugenia Vidal. La provincia gobernada por los «nacionales y populares» es hoy el epicentro de la crisis sanitaria (que se extiende por todo el territorio argentino, sepultando el relato de las provincias y distritos «libres de Covid 19»).
La pandemia escaló muy alto en la provincia de Buenos Aires, que tiene un récord de más de 5.000 casos por día. No hay misterio a la hora de explicar por qué después de cinco meses de «aislamiento» la Argentina, y en particular el Amba provincial, ocupan los primeros puestos entre los países y regiones más afectadas por el virus: la cuarentena fue perforada desde el primer día por la presión de los capitalistas y las sucesivas aperturas del gobierno nacional y provincial.
El fracaso del gobierno
Jaqueado por el aumento de los casos y de la letalidad del virus en la provincia, Nicolás Kreplac, viceministro de salud, volvió a advertir sobre el peligro de una saturación del sistema hospitalario a plazo fijo si no se revierte la curva de contagios. Cinco meses después de iniciada la “cuarentena”, los dichos de Kreplac son lo más parecido a un reconocimiento del fracaso de la política sanitaria. Sin la cantidad necesaria de terapistas para la atención de las UTIs (unidades de terapia intensiva) está cuestionado incluso el uso de los respiradores y otros dispositivos imprescindibles para salvar la vida de los pacientes en grave estado. En lugar de centralizar la salud en un sistema único, Kicillof responde a estas presiones del capital con mayores subsidios y desfinanciando al Ioma, la obra social de los estatales, para financiar a los sanatorios y clínicas privadas con 400 millones de pesos mensuales.
En su comunicado, la Cicop advierte que el número de profesionales contagiados se ha convertido en el “cuello de botella” para la atención que requiere el pico de contagios en la emergencia. Esta denuncia desmiente rotundamente la información mendaz del ministerio de Salud que preside Gollán, quien unas semanas atrás minimizó los contagios del personal sanitario ubicándolos falsamente entre los más bajos de la región. Los 10.000 contagios son responsabilidad de las autoridades sanitarias y del gobierno provincial. Pero además la falta de médicos terapistas limita el alcance de la respuesta sanitaria porque son profesionales especializados de difícil sustitución.
La proliferación del virus entre médicos y enfermeras llevó al cierre de sectores hospitalarios enteros, agravando el estrés sanitario. Las condiciones de trabajo en que se desempeñan los trabajadores de la salud no son ajenas a este récord de contagios en el territorio provincial. A las jornadas extenuantes de 14 y 16 horas y sobrecarga laboral se agregan los bajos salarios y el congelamiento de la paritaria médica que el gobierno postergó unilateralmente. Un cóctel explosivo que combina la alta contagiosidad y exposición de médicos y enfermeros con el pluriempleo, que fuerza a los trabajadores sanitarios a trasladarse a distintos centros de salud con el peligro que esto implica por la circulación del virus.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio votaron un endeudamiento por 500 millones de dólares en la Legislatura. Para encubrir este pacto e hipoteca al servicio de los acreedores, Kicillof promete derivar 200 millones de la “nueva deuda” a combatir la pandemia. Que esto se haga en el mismo momento en que Alberto Fernández se jacta de que «la cuarentena no existe más» dice mucho: se trata de una maniobra para garantizar el pago a los acreedores provinciales con más deuda y ajuste. La lucha exitosa contra el coronavirus es incompatible con el pago de la deuda externa fraudulenta y usurera.
Planteamos la centralización del sistema de salud; el cumplimiento de los protocolos de seguridad en hospitales y centros de salud bajo control de los trabajadores y profesionales sanitarios; un impuesto progresivo al capital para financiar el equipamiento de los hospitales públicos y los salarios de sus trabajadores; no pago de la deuda externa.
Daniel Rapanelli
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