La declaración de las comunicaciones digitales como “servicio esencial”, que el oficialismo acaba de refrendar solitariamente en el Congreso, echa nafta al fuego de una crisis más general en el andamiaje económico del gobierno. Casi simultáneamente, se produjo la renuncia del secretario de Energía y su reemplazo por un kirchnerista neuquino, vinculado a las operaciones de Vaca Muerta.
Ocurre que en el sector petrolero se cuecen las mismas habas que en las telecomunicaciones. Las petroleras -comandadas por Nielsen de YPF- están apretando por un aumento sustancial en el valor de las naftas. Vienen corridas por un valor del petróleo crudo que ha sido “inflacionado” por el propio gobierno (“barril criollo”), para sostener a las empresas que extraen petróleo en Vaca Muerta. Bajo esta presión, el gobierno autorizó recientemente un aumento del 7% en las naftas, el cual recalentará la inflación, pero está lejos de conformar a las refinadoras. El cóctel del precio sostén a los hidrocarburos y de combustibles semi regulados implicará un nivel de subsidios energéticos del orden de los 5.000 millones de dólares en este año.
Para el año que se viene, el gobierno anunció un plan de “estímulos” a la producción de gas, en un intento de rescatar a la languideciente Vaca Muerta. Es una versión amplificada de lo que ocurre hoy, pues deberá sostenerse, o con tarifazos en el gas, o con un crecimiento astronómico de los subsidios. En el medio, las cuentas del Tesoro se encontrarán bajo la lupa del FMI y sus propias prerrogativas con relación a la deuda.
Mientras flexibiliza la cuarentena sanitaria, el gobierno intenta prolongar una ´cuarentena´ económica, consistente en arbitrar y patear para adelante las contradicciones explosivas del régimen de regulaciones que sostuvo bajo la pandemia. Una liberación de tarifas de servicios y combustibles desataría una estampida inflacionaria, que reforzaría luego las presiones sobre el -también regulado- dólar oficial, que las patronales agrarias y agroindustriales pretenden liberar. Todo esto desmoronaría al otro “cepo”, el que el gobierno y los capitalistas pretenden mantener sobre el salario, a través de unas paritarias que se retrasan o se sustituyen por bonos o sumas fijas. Precisamente, el primer conflicto que deberá afrontar el nuevo secretario de Energía es el de los petroleros de Vaca Muerta, que reclaman un ajuste del 16% adeudado de las paritarias anteriores. Las patronales, sin embargo, no aflojarán en este punto sin una nueva vuelta de tuerca sobre los precios de los combustibles.
Por ahora, el kirchnerismo aguanta estas tensiones con los métodos del régimen de emergencia de 2003/2004, esto es, con una política de subsidios. Está claro, sin embargo, que carece de los recursos de aquel momento para regular tarifas y, a la vez, contentar a los monopolios energéticos con subsidios. La gran burguesía lo sabe; por eso, redobla la presión a favor de una liberalización económica sin tapujos. La misma clase social que empujó por flexibilizar la cuarentena sanitaria empuja ahora por salir de la cuarentena económica. Ese rumbo no podrá operarse sin una crisis política interior y, principalmente, sin un choque de gran envergadura con el movimiento obrero.
Todo este cuadro de situación tiene que ser severamente tomado en cuenta por el movimiento obrero que está pulseando en torno de las paritarias, que deben recuperar toda la inflación del período y asegurar la indexación futura del salario, en un período donde el desmadre de la política oficial prepara un zarpazo sobre los que viven de su trabajo.
Marcelo Ramal
24/08/2020
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