La crisis se agravó

Movilización del sindicalismo combativo de febrero de 2019

Con todo a la jornada nacional del Plenario Sindical Combativo. Preparemos una gran acción política del FIT-U
El gobierno está comprobando que la premisa sostenida desde el primer día de su mandato es esencialmente falsa. Nos referimos a la idea de que la renegociación de la deuda pública era la clave para dejar atrás la recesión y comenzar un proceso de crecimiento económico. Tan a fondo sostuvo esta tesis que, en sus primeras semanas de gobierno, Alberto Fernández se ausentó del país para realizar una serie de reuniones con los líderes de los Estados imperialistas, el FMI y el Vaticano para implorarles el apoyo en el proceso de negociación de la deuda. Como esos apoyos nunca pasaron de las palabras a los hechos, el gobierno decidió recular una y otra vez en sus propuestas hasta terminar otorgando buena parte de las demandas de fondos de inversión. La propuesta original fue “mejorada” en casi 17.000 millones de dólares, la quita de capital se redujo a menos del 2%, se achicaron los plazos de gracia y se aceptó una tasa de interés muy superior a la internacional. El apoyo cerrado de todas las fracciones del Frente de Todos, especialmente el de Cristina Fernández de Kirchner, se justificó en nombre de la premisa original del gobierno: hacemos estas concesiones porque son la base para estabilizar la economía y salir de la recesión.
Sin embargo, desde la firma del acuerdo, la crisis económica se ha agravado en varios sentidos. En el plano financiero, los bonos de deuda siguen cayendo, disparando aún más el riesgo país. Las acciones de las empresas argentinas también van para abajo. La inflación presiona con mayor fuerza, sobre todo la mayorista, que rondó el 3,5% en julio, anticipando lo que ocurrirá con la minorista. Con el tipo de cambio, la tensión aún es mayor, porque continúa la fuga de capitales que llevan adelante los grandes especuladores, que operan en el llamado contado con liquidación. A pesar de que el Banco Central viene devaluando el tipo de cambio oficial, no logra cerrar la brecha con las cotizaciones paralelas. El gobierno amenaza ahora con anular la venta de los 200 dólares “ahorro” autorizados para quienes tienen ingresos en blanco, porque teme que en setiembre la compra por esa vía supere los 1.000 millones de dólares. La cifra, que en otro contexto no sería de importancia, ahora parece fundamental. Es que las reservas líquidas de libre disponibilidad del Banco Central estarían reducidas a unos 5.000 millones de dólares. La prohibición del “dólar ahorro” sería un golpe para millones de trabajadores, que compran los 200 dólares para luego venderlos en el mercado paralelo y hacerse una diferencia de unos 5.000 pesos. En un cuadro de paritarias congeladas, o peor aún de salarios nominales reducidos, esta bicicleta es una vía para evitar una mayor pérdida de los ingresos de los trabajadores. Pero no sería ese el motivo que hace dudar al gobierno de tomar esa decisión. El temor radica en un salto mayor de los tipos de cambio paralelos, ampliando la brecha cambiaria y agravando las tendencias inflacionarias y devaluatorias.
Estos desequilibrios ya no pueden adjudicarse a la cuarentena, que desde hace semanas ha quedado muy reducida, sino a una quiebra de fondo de la estructura económica y social del país, que envuelve al propio Estado. El déficit fiscal estará cerca de los 10 puntos y, lo que es más grave aún, solo puede ser financiado con mayor emisión monetaria y más deuda en pesos a altas tasas -80.000 millones de pesos adicionales en la primera quincena de agosto-, que agravan la recesión, acentuando por esa vía todos los desequilibrios existentes. Para evitar un salto inflacionario mayor, esa emisión está siendo parcialmente absorbida por el Banco Central mediante la colocación de Leliqs y pases. Pero se trata de un recurso limitado, ya que compromete una mayor emisión para pagar sus intereses -unos 700.000 millones de pesos al año. Del mismo modo que ocurrió con las Lebac bajo el macrismo, por esta vía solo se prepara un nuevo salto devaluatorio, con sus consecuencias ya conocidas en materia de inflación, recesión y crecimiento de la pobreza e indigencia.

Banderazo

La bancarrota fiscal se integra a la crisis económica más general. Después de todo, una de las causas principales que aceleran el déficit es la necesidad de emisión para rescatar a los capitalistas, sea mediante subsidios, sea con el pago directo de los salarios que corresponden a los privados, sea con la reducción de impuestos, como ocurre sobre todo en la seguridad social. Históricamente, las crisis fiscales son las parteras de grandes convulsiones políticas, y Argentina no parece ser la excepción. Esa convulsión ya se vive dentro de la clase capitalista, que disputa su sobrevivencia en esta crisis. Los distintos programas y demandas de cada sector son incompatibles con la bancarrota fiscal del Estado. El acuerdo con el FMI, que el gobierno comenzará a debatir el mes próximo, complicará todavía más esta situación. Difícilmente, el FMI avale un plan general de subsidios a la industria, como reclama la UIA, o la baja de las retenciones que pide el capital agrario. No hay lugar para todos. Lo que es seguro es que apuntarán con todo contra el sistema previsional, nacional, provincial y de regímenes especiales.
Este cuadro alimenta el descontento de sectores capitalistas y de la pequeña burguesía acomodada, que temen quedar en la vera del camino. El banderazo, convocado por un sector de la oposición, buscó movilizar justamente a ese sector social. Mientras BlackRock festejaba que el gobierno presentara formalmente, el lunes 17 de agosto, su generosa propuesta en Nueva York, aquí un sector de las clases acomodadas, que no le llegan ni a los talones a los grandes fondos de inversión, protestaba contra el gobierno. La falta de consignas claras y demandas precisas muestra que este sector de la oposición carece de un programa alternativo al del gobierno. Si hasta el Consejo Agroindustrial Argentino cometió el “pecado” de reunirse con Cristina Kirchner en el Senado en muy buenos términos. Claro que la Sociedad Rural denunció una traición, porque pidieron la reducción de retenciones para el aceite de soja y no para el grano.
La centralidad que tomó el rechazo a la reforma judicial en el banderazo también es congruente con esta caracterización. Es que detrás del control de la Justicia se juega también la sobrevivencia de varios grupos empresariales. La experiencia de Vicentin es elocuente en ese sentido. El gobierno postergó hasta el año que viene los dictados de quiebras en los juzgados comerciales, pero así solo postergó un proceso de concentración económica inevitable. Estos choques entre los grupos económicos se traducen también en la división de la oposición, que se fracturó ante la convocatoria del banderazo. Esta división escaló hasta la máxima dirigencia de Cambiemos, agudizando los choques entre Macri-Patricia Bullrich y Larreta-Vidal-Santilli. Pero también al interior de los aliados del gobierno: Lavagna salió a reclamar que retiren la reforma de la Justicia, aún cuando Vilma Ibarra había tratado de calmar ánimos, prometiendo no tocar la Corte.

Derrotar el ajuste

El valor de este análisis político es desenmascarar los intentos del gobierno de valerse del banderazo para presentarse ante los trabajadores como el defensor del interés nacional. La división opositora que generó la movida del Obelisco muestra que, hasta nuevo aviso, los sectores más importantes de la clase capitalista están lejos de sacar los pies del plato del gobierno. Si hasta los izquierdistas errantes que denunciaban golpes contra Alberto Fernández hace semanas atrás debieron cambiar de libreto, para tratar de disimular su ridículo.
El salto que está dando la crisis económica, luego del acuerdo de la deuda, muestra que la salida no pasa por nuevos acuerdos y compromisos con el capital financiero. El gobierno, sin embargo, irá en contra de esta evidencia. Afirmará ahora que para “volver a crecer” será necesario un nuevo acuerdo, en este caso con el FMI. Mientras tanto, sin embargo, se va operando un ajuste brutal que pagan integralmente los trabajadores: un salto en la desocupación fenomenal que pasará de un 10 a un 15%; niveles de pobreza superiores al 60% entre las pibas y pibes; nuevas confiscaciones a los jubilados; suspensión de hecho de las paritarias, a pesar de la continuidad del proceso inflacionario; reformas laborales de hecho y de derecho en muchísimas ramas de la industria, el comercio y los servicios; reducción de los presupuestos de salud, educación y vivienda por la vía de los hechos.
El intento de polarización entre el gobierno y un sector de la oposición de derecha ignora esta agenda, por el simple motivo que comparte la orientación antiobrera y antipopular. Es necesario, por lo tanto, que la izquierda y los sectores combativos tomen la iniciativa en todos los terrenos. Sobre la base de esta caracterización es que participaremos con todo en la movilización nacional resuelta por el Plenario del Sindicalismo Combativo en la primera quincena de setiembre, llamando a todas las luchas a una acción común para romper el cerco burocrático, y hemos planteado a la Mesa del FIT-Unidad una gran acción política del Frente de Izquierda para rechazar cualquier pacto con el FMI y luchar para que la crisis la paguen los capitalistas.

Gabriel Solano
Editorial de Prensa Obrera N°1603.