Entre el temor a desatar una corrida, el derrumbe de las reservas y la necesidad de dólares para cumplir con los buitres.
El dólar vuelve a ser foco de tensiones al interior del gobierno. Según trascendió, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, sería partidario de cerrar la canilla al «dólar ahorro», esos 200 al mes que pueden comprarse a precio «solidario» (con el impuesto del 30%). Por esa ventanilla, en julio habrían desfilado cuatro millones de personas. Alberto Fernández y Martín Guzmán refutaron de plano esa posibilidad, por temor a desatar una corrida que agigante la brecha que separa la cotización oficial de los dólares financieros, la cual hoy promedia un 75%. El telón de fondo de estos chispazos es la dramática reducción de las reservas de libre disponibilidad del Central, que según algunas estimaciones no supera los 2.265 millones (Infobae, 12/8).
Es un tema sensible. Todo el relato de la búsqueda de la «sustentabilidad» de la deuda se basa en una única premisa: la posibilidad de recaudar las divisas necesarias para garantizar el repago. Por ese motivo hasta el propio FMI respalda esta vez la continuidad del cepo cambiario. Pero se necesita más que eso para afrontar los vencimientos que comienzan a mediados del año que viene. Las tensiones que asoman dentro del oficialismo son expresión de las contradicciones mortales de su política económica.
Un columnista de Clarín (14/8) asegura que en el gobierno calculan que necesitan aumentar un 25% las exportaciones en los próximos años. El propio Alberto Fernández trazó como objetivo central «exportar todo lo que se pueda». Sin embargo, eso despierta más preguntas que respuestas. Si para fomentar las ventas satisface el pedido de exenciones impositivas que exige el Consejo Agroindustrial, ¿de dónde saldrán los fondos para hacer frente a los subsidios que reclama la UIA? Finalmente, una reactivación industrial requeriría de la compra de insumos en el exterior, lo que haría que se fuguen los dólares que el gobierno se propone atesorar. La primarización económica es un aspecto central del carácter colonial del acuerdo de reestructuración de la deuda externa. Con el recule en la intervención de Vicentin, Fernández ya tuvo su primer agachada ante los pulpos que se llevarán la parte del león de todo el esquema.
Peor aún, la necesidad de fomentar la exportación recalienta las presiones en favor de una devaluación en regla del peso. Pero eso podría detonar una bomba inflacionaria, cuando el gobierno viene cubriendo el sideral déficit fiscal con emisión monetaria (1,2 billones de pesos en el primer semestre). Para contener la inflación absorbe los billetes en circulación pagando usurarias tasas de interés a la banca privada con Leliqs y pases diarios, una bola de nieve que asciende a los 2,4 billones de pesos (equivalentes a casi una vez y media la base monetaria), que solo en la primer mitad del año sumaron un costo leonino de 300.000 millones de pesos en intereses. Una devaluación restaría atractivo a las inversiones en pesos y podría favorecer una corrida. Una disparada inflacionaria, agreguemos, sería un negoción para los bonistas que apostaron a la pesificación de parte de sus bonos en dólares por la «zanahoria» de que ajustan conforme el aumento de los índices de precios.
Todas estas contradicciones se presentan al interior de la industria energética. Este invierno Argentina volvió a importar gas de Bolivia y por barcos, lo que representa otra seria amenaza al precario superávit comercial en caso de que no se revierta la parálisis completa de la inversión en la extracción petrolera y gasífera. Para estimular la producción, el gobierno se comprometió a subsidiar el precio del gas en boca de pozo y a garantizar a las distribuidoras que podrán descargar un tarifazo para afrontar los mayores costos. En esa línea se inscribe el inminente naftazo, cuyo principal lobbista es la propia YPF, que además busca hacer punta con una reforma laboral para destruir lo que queda del convenio petrolero.
Sin embargo, para invertir capital los pulpos exigen un poco más: la libertad para burlar el cepo y girar sus dividendos al exterior. Ese sería el contenido de la postergada «ley Vaca Muerta» que el gobierno nacional habría acordado recientemente con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez. Una suerte de reedición en mayor escala del pacto Chevron. Mientras se baraja la posibilidad de restringir el «dólar ahorro», la única ventana que tienen las familias trabajadoras con mínimo de margen para preservar sus ahorros, crece el lobby de las multinacionales por librarse de los controles cambiarios.
Esta encerrona, como se ve, tiene su única válvula de escape en la factura que se traslada a los hombros de los trabajadores. El reconocido Instituto Internacional de Finanzas (IIF, por sus siglas en inglés) advirtió en un informe que el FMI exigirá a la Argentina una reducción drástica del déficit fiscal, el cual se estima que trepará a un 10% del PBI para fin de año. Para que los dólares estén disponibles para el pago de la deuda, el gobierno deberá ejecutar un ajuste sin precedentes contra la población trabajadora, que es la más golpeada por la recesión y la crisis. Como se expresa en los choques al interior del propio bloque oficial, ese «sacrificio» es además inviable. Para recapitalizar al Banco Central es necesaria la nacionalización, bajo control obrero, del comercio exterior y la unificación de toda la banca en un sistema único estatal. En definitiva, para romper con este círculo vicioso hay que luchar por un gobierno de trabajadores.
Iván Hirsch
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