Unos seis meses atrás, cuando Argentina dio cuenta de la circulación interna de este virus, se inició un debate que no solo no acabó sino que se va haciendo cada vez más complejo y difícil de sintetizar.
Se trata de los requerimientos planteados por los sanitaristas -adoptados por el gobierno-, junto a la grave situación económica que había heredado de Mauricio Macri y a la que debía responder el gobierno de Alberto Fernández instalado el 10 de diciembre de 2019.
En su momento, el gobierno ordenó que a partir del viernes 20 de marzo se iniciaría una estricta “cuarentena” que se extendería por dos semanas. Tal decisión se reiteró en otras nueve oportunidades, con algunas variantes y flexibilizaciones formales llega hasta nuestros días.
Vista desde la realidad esas “estrictas medidas” oficiales se fueron aflojando. Algunas por decisión oficial y otras al compás del cansancio psicológico-social y de las graves consecuencias económicas que acarrearía su continuidad. En toda esta relajación hay que señalar la existencia de algunas irresponsabilidades personales.
Progresivamente –en el conjunto de la sociedad- fue creciendo la angustia por la situación que se estaba viviendo, particularmente por la condición que atravesaban los sectores más vulnerables y los daños al conjunto de la economía.
En ese marco fueron apareciendo algunas críticas sobre las medidas planteadas en las diversas etapas de la cuarenta. Ellas han crecido ante el importante aumento de contagiados y fallecidos en las últimas semanas. Frente a esta nueva situación, el gobierno respondió que el responsable de tal circunstancia es la pandemia y no las cuarentenas.
De este modo quedó configurado el marco actual donde es necesario vincular la evolución de la pandemia y sus perspectivas de abordaje e integrarlo con lo que pasa en el ámbito de lo económica y social.
El covid 19 y la forma de abordar el problema
Durante varias semanas, algunos meses, el Presidente utilizaba su reiterada presencia en los medios de prensa para ratificar la eficacia de su dura política contra esta peste. Los objetivos eran bastante claros: Reducir al máximo la circulación del virus y aprovechar ese tiempo para acondicionar el sistema hospitalario, el equipamiento del mismo y la capacitación del personal.
Más allá de los exagerados autoelogios o críticas demasiado politizadas, durante un tiempo esos objetivos fueron cumplidos y amortiguado el avance del mal, lo que permitió desarrollar las líneas señaladas. Pero con el transcurso de las semanas se mostrarían tres problemas que se fueron generando.
La adecuación de las estructuras, equipamientos y capacitación no alcanzaron los niveles suficientes, aunque preservaron a la población –hasta ahora- de un generalizado colapso del sistema. Otro efecto no querido, aunque muchos advirtieron sobre dicho peligro, fue que ello generaría un grave problema en la economía de los sectores más vulnerables y en el funcionamiento del aparato productivo en su conjunto.
Por último, no daba cuenta de los daños que se producirían en el tratamiento de las cuestiones de salud ordinarias. La suspensión de muchos tratamientos y la imposibilidad de asignar recursos a otros fines sanitarios que no fueran destinados al corona virus es una cosa cotidiana. Estos problemas fueron produciendo desgaste en la población.
Cuando los casos comenzaron a crecer el gobierno no encontró respuestas adecuadas a la nueva situación. Ahora está titubeando, procurando reordenar objetivos y estrategias. En ese camino cometió algunos errores que son sobreactuados por buena parte de la oposición.
Uno de ellos está referido a los informes sobre los números. En este sentido el gobierno procura disminuir los efectos negativos de esa información refiriendo que la fecha de carga de los datos es distinta a la de la producción del hecho. Eso no solo no mejora la información, sino que genera condiciones para la desconfianza respecto a lo que se trasmite y reduce el valor de una planificación y decisión tomadas sobre números cuyo origen es indescifrable.
Por otro lado el gobierno pretende defenderse de las críticas planteando que el problema es la pandemia y no la o las cuarentenas. Ello es poco lo que aclara y mucho lo que confunde, en momentos que arrecian los problemas económico-sociales y crece la bronca en la población y la falta de confianza sobre las actuales políticas estatales.
A pesar de la mencionada insuficiencia de los datos existentes se puede afirmar que, en materia de fallecimientos, Argentina está por encima de la media mundial. Para mediados de agosto tenía un promedio de un fallecido cada 8.200 habitantes, mientras que el promedio mundial es de 10.500. Esto revela que la estrategia seguida es merecedora de algunas observaciones más allá del exagerado optimismo que tenían algunos informes y discursos oficiales.
La economía desacelera su caída desde un piso muy bajo
Que la economía está en el piso no quedan dudan. Hay varios números que, aunque sean de origen distinto, coinciden en la descripción de esta realidad y sus perspectivas inmediatas, al menos hasta fin de año. La cuestión se vuelve mucho más oscura cuando recogemos las opiniones sobre las tendencias más allá de esa fecha. Allí comienza a tener más peso el modo que se para cada uno de los analistas.
Hay coincidencias que la caída del PBI será entre el 10 y el 13%, que el desempleo rondará el 15%, el salario real perderá no menos del 10% y la pobreza no estará lejos del 50%, llegando al 66% para los menores de 17 años. La inflación cerraría con cifras anuales que van entre el 40 y 50%, mientras que la inflación mundial, por este coronavirus, bajaría del 3 al 1.5%.
La perspectiva sobre el número de empresas cerradas, en medio de esta peste, oscila entre las 20 a 30 mil. Los datos también indican que cuando –a partir de junio- se comenzaron a flexibilizar los requisitos para circular y desarrollar más actividades empezó a desacelerarse la caída y antes de fin de año comenzaría un proceso de reactivación.
Hasta ahí los datos crudos, brutos y preocupantes. A partir de allí se abren diferentes consideraciones. Desde las usinas liberales, los economistas monetaristas, absolutamente opositoras al gobierno ven el riesgo de un agravamiento de las condiciones actuales. En ese marco, aunque lo estimen improbable, no descartan los peligros de una hiperinflación.
Desde el oficialismo, sin negar las dificultades actuales, tienen una visión menos agorera. Vislumbran que durante el 2021 se recuperará la mitad de lo perdido este año. Con ese panorama esperan afrontar las elecciones de medio período para octubre del año próximo. Para fines del 2022 confían que Argentina estará en mejores condiciones que en los momentos previos al inicio de esta pandemia, cuando Alberto Fernández asumió el gobierno.
En 1974 se inició una pérdida de rumbo que no termina
En esta semana se conoció un artículo publicado por Carlos Leyba -economista y docente universitario- quien fuera Subsecretario de Economía del ministro José Ber Gelbard (mayo 1973 a octubre 1974). Algunas de sus consideraciones dan cuenta de lo que nos pasa.
Dos son los temas centrales de sus reflexiones. Una vinculada a la evolución de la pobreza y la otra a la ausencia de medidas que apunten a las causas de la misma y no solamente a sus consecuencias, como suele ocurrir.
Leyba recuerda que desde 1974, en estos últimos 46 años, la cantidad de pobres creció un 7% anual acumulativo. En concreto, en ese período, la población total del país se duplicó, pero la cantidad de pobres se multiplicó por 20.
En ese año 1974 falleció el presidente General Juan Perón. También fue el inicio de la acción paraestatal de la “Triple A”, organización terrorista dirigida por el ministro de Bienestar Social de Perón –José López Rega- dedicada a perseguir y asesinar a militantes de las organizaciones populares, tarea que completó la dictadura militar iniciada con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Con la muerte de Perón y la destrucción de las organizaciones populares y sus proyectos de cambio el país perdió el rumbo, sin que lo haya podido encontrar hasta la fecha. Hubo algunos períodos que dieron la impresión que ello sería posible. Lamentablemente todos ellos terminaron en frustraciones por no ir a fondo en las medidas adoptadas.
En todos estos 46 años, la pobreza -con algunas relativamente cortas excepciones- no dejó de crecer. Del 4% de pobreza que había en 1974 estamos hablando de la perspectiva que la misma esté rondando el 50% para fines del corriente año.
En los ocho meses del actual gobierno parecen repetirse -al menos hasta ahora- esas mismas características, exacerbadas por esta pandemia. Las principales medidas de gobierno siguen apuntando a paliar las consecuencias y no adentrarse en resolver las causas.
La medida más importante del gobierno ha sido la renegociación de la deuda. Con ella, efectivamente está reduciendo el pago de intereses y capital durante su propio mandato. Pero lo que han hecho ha sido “patear para adelante” los problemas y darle mayor legalidad a una deuda ilegítima, fraudulenta y odiosa, construyendo los escalones para que ella se vuelva a poner critica a partir del 2028.
Ahora tendrá que enfrentar la negociación con el FMI, donde la discusión central no pasa por los intereses a pagar, sino por las llamadas “condicionalidades”. Es decir aquellas medidas o programas que se adecúen –según los criterios del FMI- al cumplimiento de los compromisos asumidos. De una u otra manera estamos cediendo gran parte de nuestra soberanía y la posibilidad de decidir por nosotros mismos.
Tal vez sea por eso que el Presidente insiste que no le interesa tener un Programa. ¿No será que éste se lo están imponiendo, desde ahora y con vistas a las negociaciones para el pago de esa deuda, los capitostes del FMI?
El Ministro de Economía Martín Guzmán planteó, en una reciente presentación en la estadounidense Universidad de Columbia, un Plan hasta el 2030. El mismo suponía un crecimiento anual del 1,7%. Asumiendo ese objetivo como cierto, la duplicación del PBI per cápita, base para terminar con esta pobreza, se alcanzaría en 116 años. Parece pedir demasiado…
Por eso, siguiendo la mencionada nota de Leyba, habrá que pensar en soluciones que ataquen las causas y no se agoten en el mero asistencialismo actual. Para ello, más que hablar de números habría que diseñar otro modelo de país y de su organización económica, social e institucional.
Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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