Victor "Tucho" Fernández.
Desde que el 31 de julio Prensa Obrera publicara la primera denuncia contra el cura Raúl Sidders, por abusos, expresiones inapropiadas y acciones totalmente vejatorias contra niños, niñas y jóvenes, las autoridades eclesiásticas tomaron la palabra en diversas oportunidades. Esta vez el 21 de agosto el Arzobispado emitió una comunicación pública ante la presentación judicial por parte de una de las víctimas. Pero repasemos cómo fue abordando la máxima autoridad eclesiástica el «caso Sidders».
En primer lugar con una carta firmada por el arzobispo de La Plata Víctor Fernández con fecha 7/8, dirigida a la comunidad del colegio, totalmente agraviante contra las víctimas y contra este medio, que fuera respondida punto por punto y ante cuya notificación pública el arzobispo «Tucho» Fernández amenazó con iniciar acciones legales contra nuestro periódico.
A continuación, con una notificación escueta y complementaria de la primera, firmada esta vez por la directora del Colegio San Vicente de Paul, donde se perpetraron los abusos, y por seis de sus representantes legales.
Luego de contestar la carta documento del Arzobispado a Prensa Obrera, una de las denunciantes decidió avanzar en el plano judicial, una decisión muy costosa en lo personal para víctimas de delitos privados ejecutados por poderosos personajes que cuentan, como se pudo ver, con el total apoyo de la plana mayor del clero y de pelotones de representantes legales que no se limitan a la mera asesoría, sino que por obra de sus vínculos con diferentes gobiernos y su integración a la estructura del Estado, abrevan al interior del poder judicial directamente.
La tercera notificación llegó hace 72 horas, esta vez de parte del secretario-canciller del Obispado, Rolando Bragañolo de la diócesis de Misiones, donde reside actualmente el denunciado, a quien pusieran a cargo de chicos en su arribo a la provincia. En ella la beligerancia contra denunciantes y contra este medio se expresa de manera aún más brutal: recoge los comunicados ya emitidos, reafirmando la autoría del primero de los comunicados como propio del arzobispo Víctor Manuel Tucho Fernández -lo cual es lógico, porque así está firmado y nunca fue rectificado por el mismo medio que fuera emitido- y también por supuesto la defensa cerrada del cura denunciado.
Última carta, por ahora
Finalmente, con fecha 21 de agosto, después del comunicado del obispado de Misiones, el arzobispado de La Plata emitió otro comunicado que será analizado aquí. Comienza con las expresiones de rigor, expresando la disposición de colaborar con la justicia hablando por el propio Arzobispo y por las autoridades del colegio.
«Como ustedes saben, esta semana se ha presentado a la Justicia una acusación sobre el sacerdote Raúl Sidders, quien hace un mes vive en la provincia de Misiones. En caso de que la denuncia prospere, el sacerdote tiene derecho a defenderse. Por su parte, el Arzobispado está a disposición para colaborar con la Justicia en todo lo que esta requiera… Además, este Arzobispado ha tomado conocimiento de la firme determinación del Colegio San Vicente de Paul de cooperar activamente con la Justicia según el derecho argentino, en orden a lograr un pleno esclarecimiento. Fuera de esta colaboración, el Arzobispo evitará emitir opiniones públicas, que pueden ser consideradas como una injerencia indebida o como un obstáculo a la tarea de la Fiscalía», señala el comunicado.
Esta afirmación está acompañada de una particular indicación para Raúl Sidders, que -está claro- representa de manera concentrada, la precaria orientación en la que se basa su defensa. El cura en cuestión fue desplazado allá por el año 2002 de su puesto de capellán de la Gendarmería por escándalos protagonizados en la que habría sido una usurpación de territorios mapuches por parte de la Iglesia, a la vera del lago Lanín, en Neuquén. Luego, cuando ya cumplía funciones de guía espiritual del Colegio San Vicente de Paul, una institución muy masiva de la ciudad de La Plata, el cura fue sancionado por el Inadi ya que «tuvo conductas discriminatorias según dictaminó el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi) al analizar el contenido de un programa de televisión que conducía en el que calificó de ‘loquitas’, ‘chirusas’ y ‘yeguas’ a mujeres que se manifestaban en contra de la violencia de género” (Telam, 30/7/13).
En este sentido, el arzobispo «Tucho» Fernández afirma en su comunicado que «a partir de la información recogida hasta ahora, el Arzobispo ha amonestado y reprendido al Pbro. Sidders para que evite todo lenguaje inapropiado, sobre todo ante menores de edad, y particularmente cualquier expresión referida a las mujeres que pueda interpretarse como menosprecio, discriminación o misoginia. Al mismo tiempo, por prudencia y prevención, y sin emitir juicios prematuros, ha recomendado al Obispo de Puerto Iguazú que no encomiende al Pbro. Sidders ninguna tarea en colegios o con menores de edad».
En la carta original que llegara a la enorme población del colegio SVP ya establecía, en otro tono, la misma coartada. Ya que todos saben al respecto de las expresiones sancionadas por el propio Inadi en alguna oportunidad, estaríamos en presencia de una cura perseguido por sus excentricidades. Desde el comienzo el arzobispo protegió al cura, al que dice que persiguen por «diferencias de estilo, modo de pensar y de expresiones». Es que esta característica era tan notoria que resulta insultante que el Estado financie instituciones católicas en las que se imparten estos principios reaccionarios. El Estado ofrece al clero esta potestad y luego pretende erigirse en sancionatorio de individuos que reproducen estos cánones en los que fueron educados por el propio Estado, de cuyo minucioso trabajo de educación social son parte la misoginia y el machismo presentes en la sociedad. El gobierno actual se encuentra reforzando estos lazos, los subsidios a la Iglesia y su injerencia en el Estado. El silencio de la Iglesia ante la reforma judicial en curso da cuenta de ello.
«Finalmente, se clarifica que este es el primer y único comunicado emitido por este Arzobispado sobre este asunto», se señala en clara referencia al comunicado que distribuyera la escuela en su nombre, cuyos términos el arzobispo defiende pero no así su firma.
Esta historia recién empieza. Uno de los pasajes más estremecedores de esta historia está en boca de las propias víctimas y denunciantes y sus relatos. Otra, por demás inquietante, está en la afirmación de que «la información objetiva (sic) recogida permite afirmar que la nota periodística anónima mezcló narraciones referidas a distintas personas y a diversos momentos históricos, interpretó todo a su manera y en esa confusión atribuyó todo indistintamente al padre Sidders. Las diferencias que se puedan tener con respecto al estilo, modo de pensar o de expresarse de un sacerdote no justifican acusarlo injustamente de cualquier acción».
Lamentablemente a ningún fiscal o juez le pareció aún importante citar al arzobispo y a las autoridades del Colegio para que cuenten cuántos denunciados hubo en la escuela y cuántos hechos de este tenor se produjeron que podrían incitar a la confusión referida en la nota. Más de 1.000 chicos en una institución educativa subsidiada por los gobiernos de turno, a merced de situaciones que parece que no solo se redujeron a lo denunciado contra Sidders.
Desde Prensa Obrera seguiremos trabajando para reunir a todos los sectores dispuestos a no dejar pasar esta barbarie, a inscribirse en la férrea defensa de las víctimas y a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir.
Eduardo Salas
Editor responsable de Prensa Obrera
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