La reforma judicial bajo «fuego amigo»

Un nuevo "Vicentin" del gobierno de Alberto Fernández.

Todo hace prever que la reforma judicial que se apresta a aprobar este jueves 27 el Senado no va a correr la misma suerte en la Cámara de Diputados. Las evidencias de que no se lograría el quórum necesario para tratar el proyecto que venga con media sanción de la Cámara Alta llevaron al oficialismo a plantearse un «debate prolongado» y la posibilidad de tratarlo en octubre o noviembre. La oposición de derecha ha hecho saber, además, que no habilitarán la continuidad del funcionamiento mixto presencial y on line si no tienen garantías de que es retirada del temario. En el medio se busca la posibilidad de llegar a un acuerdo con el centro político del lavagnismo y otros que responden a gobernadores que, de alcanzarse, seguramente va a terminar esmerilando el proyecto que Alberto Fernández presentó hace escasos 25 días con bombos y platillos.

La marcha del 17 de agosto, organizada por Bullrich y Brandoni, habría logrado así su objetivo. Sin embargo, al igual que sucedió con el de la expropiación de Vicentin, el proyecto está siendo bombardeado por «fuego amigo». La decisión del lavagnismo y de los cuatro diputados por Córdoba que responden a Schiaretti de no dar quórum alienta la postergación del tratamiento. Lo que sucede es que tampoco hay acuerdo con la reforma propuesta de parte de la tercera pata de la coalición gobernante: el presidente de la Cámara de Diputados ya había señalado que era necesario un largo debate y a su vez tiene propuestas para agregar que no estarían contempladas en el proyecto original; según La Nación (23/8) «Massa parece tentado a dejar su sello en la reforma judicial».
Pero la traba en diputados parece venir incluso del propio Alberto Fernández, que según Infobae estaba anoticiado del hilo de tuits de Rodríguez Larreta planteando la necesidad de un «consenso» para sacar la reforma: «‘no tengo urgencia y no tengo problemas en que se debata’ le aclaró el Presidente de la Nación a Horacio Rodríguez Larreta cuando el jefe de gobierno lo llamó ayer por la mañana». Lo cual de paso indica que la política judicial también divide a la oposición, lo que fue notorio después del banderazo del 17 de agosto.
Algunos analistas políticos vienen sosteniendo que el proyecto aprobado en la comisión del Senado (e incluso el proyecto original) no era estrictamente el que quería Gustavo Béliz y el propio Alberto Fernández y que en realidad era fruto de la presión del «kirchnerismo duro».
La oposición denuncia que el apuro en sancionar la reforma de parte de Cristina Fernández de Kirchner está en la búsqueda de impunidad en las múltiples causas de corrupción en la cual están implicados ella y funcionarios de sus gobiernos. Pero como señalamos en Prensa Obrera, «en este contexto de posible creación de nuevos juzgados, no solo podría haber interés de parte del actual oficialismo en meter mano para cerrar causas de corrupción sino también de parte del gobierno saliente… la soga en el cuello de los macristas aprieta, pero no ahorca, pero comienzan a reproducirse las investigaciones sobre varios de ellos. En ese sentido, no deja de ser ilustrativa la incorporación de Inés Weinberg de Roca, quien fuera la propuesta de Macri para reemplazar a Gils Carbó en 2018, en el Consejo de Asesor de Juristas que tendrán entre otros a Beraldi, el abogado de CFK, en sus causas de corrupción».
Lo cierto es que la reforma judicial divide a propios y ajenos. A su vez todos son coincidentes en la necesidad de sostener la política de acuerdo con los acreedores, tanto el FMI como los buitres, lo cual condiciona los reclamos de todos ellos. Oficialismo y oposición se mueven en sus propias contradicciones y la reforma judicial está dominada por esta situación.
Por eso, aún más, la reforma judicial es un tema central ya que, en un cuadro dominado por el derrumbe de la economía, las demandas judiciales van a crecer exponencialmente por las quiebras, el incumplimiento y cuestionamiento de los contratos previos, los conflictos sindicales, los juicios previsionales y laborales contra las reformas respectivas que están en el centro de la agenda del FMI, etc. La justicia se convertirá en un árbitro de peso, y tener un control sobre ella es por lo tanto una cuestión de vida o muerte para las distintas fracciones capitalistas. Siempre es recomendable tener «un juez amigo». Si esto es importante para un sector de los capitalistas, mucho más lo es para el gobierno que pretende arbitrar en el marco del default y la depresión económica; el control de la justicia es clave, por eso la oposición busca trabarlo.
El gobierno se apresta así a un nuevo paso atrás en sus propuestas, lo que viene sucediendo de forma casi ininterrumpida: cambió cinco veces sus propuestas a los bonistas (siempre presentadas como la «última oferta») para terminar cediendo; retiró la intervención y nunca avanzó con el proyecto de expropiación de Vicentin; descartó rápidamente la posibilidad de intervenir en las empresas que recibieron ayuda del Estado; el impuesto a las grandes fortunas desapareció sin ser presentado; sostuvo la necesidad de una cuarentena férrea para «defender la salud» para terminar cediendo rápidamente a las exigencias de los Rocca y cía. dándola por levantada de hecho, y así de corrido. El gobierno de Alberto Fernández aparece como un barco en la tormenta: sin rumbo definido y azotado por los vientos, mal augurio para este «bonapartismo de vacas flacas».
Rechazamos la reforma judicial. El «consenso» que se busca es para defender los intereses capitalistas sobre los de los trabajadores y trasladar así los costos de la crisis. Nadie está discutiendo una protección a los derechos de los trabajadores, los jubilados y los consumidores cuando baten los tambores de las reformas fondomonetaristas. Y, desde luego, nombrar 600 nuevos jueces federales y no federales cuando se domina el Senado y el Concejo de la Magistratura, no solo apunta a la impunidad del personal político capitalista cuestionado por corrupción, de ambos bandos políticos de Estado, sino que refuerza todo el poder del régimen vigente, contra los intereses de los trabajadores. Buscan «jueces amigos» y fallos a la carta. Exigimos la elección de jueces y fiscales por el sufragio universal y la revocatoria de los mismos.

Eduardo Salas