A pesar de las voces optimistas que dicen que lo peor ya pasó, Argentina atraviesa una situación crítica. El poder adquisitivo de los salarios tendrá un año más de caída. Mantener esta pérdida es el objetivo de las patronales.
La pandemia agudizó los problemas que enfrentaba la economía argentina luego de varios años de recesión. En junio la economía cayó un 12,3 % con respecto al mismo mes de 2019. Hay voces optimistas que destacan la mejora de la actividad con respecto a mayo y afirman que lo peor ya pasó. Sin embargo, otras variables como la baja del consumo y la recaudación anticipan que la situación aún es crítica.
El Gobierno concedió a las empresas el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que incluye el pago de salarios, reducción o postergación de las contribuciones patronales, y otros, también el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 por hogar.
En total hubo 328.000 empresas que ingresaron en al menos una ATP. Estas empresas tienen 3,07 millones de trabajadores y representan alrededor del 60 % del total de las compañías empleadoras del país, según publicó un informe del Centro de estudios para la producción (CEP XXI).
Según afirmó el ministro de Desarrollo Porductivo, Matías Kulfas, en diálogo con Radio con vos “en lo que respecta al paquete de medidas vinculadas a paliar los problemas de la pandemia llevamos desembolsados $ 1,4 billones, equivalente al 5,2 % del Producto Bruto Interno (PBI)” y confirmó que “el ATP va a seguir al menos hasta fin de año para sectores como el turismo”. Se trata de un monto inferior a lo que destinaron otros países durante la pandemia.
Varios economistas apuntan contra el elevado déficit fiscal y que el Gobierno debería “equilibrar las cuentas fiscales”, es decir ajustar. Esta fue la intención oficial desde que asumió. Así, se aprobó la ley de Solidaridad que suspendió la movilidad previsional. Luego el impacto del coronavirus obligó al Gobierno a tomar medidas como el ATP o el IFE, pero seguramente se irán reduciendo hacia fin de año.
El ajuste a los jubilados se mantuvo, la movilidad anterior sigue suspendida y no se conoce aún cuál será la nueva fórmula de actualización. Mientras tanto los aumentos a los jubilados se disponen por decreto y son inferiores a lo que hubiesen cobrado por la ley anterior.
Un interrogante que se abre es qué sucederá cuándo el Gobierno retire los beneficios de ATP e IFE. Sin los pagos de salarios, ¿las patronales avanzarán con más despidos? Otra inquietud es qué sucederá con el acuerdo firmado entre la UIA, la CGT y el Gobierno que habilitó las suspensiones con rebajas salariales de hasta un 25 %, y fue extendido hasta septiembre. ¿Los empresarios querrán convalidar estos recortes hasta fin de año? ¿paritarias? Ya no se habla de esa palabra, los dirigentes sindicales prefirieron acordar recortes salariales.
Kulfas en la misma entrevista sobre la inflación señaló que “los resultados de reducción de los niveles inflacionarios se van a consolidar con el acuerdo económico y social entre empresarios, sindicatos y Estado”. Una vez más resuena ese pacto social, un acuerdo que es probable que pretenda imponer las conquistas de los empresarios en estos meses: mayor flexibilización laboral y recortes salariales. Por algo se vuelve a hablar de reforma laboral como propuso recientemente Roberto Lavagna. Es una disputa abierta.
Pierden los salarios
Los salarios fueron castigados durante los últimos años. En la era Macri, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados cayó un 23 % y para los trabajadores estatales el derrumbe fue superior al 25 %.
Fernández, durante la campaña electoral prometió "recomponer" los salarios a través de paritarias, habló de “encender la economía” poniendo en marcha el consumo y eso “se resuelve poniendo plata en el bolsillo de los que trabajan y en el bolsillo de los jubilados", señaló el presidente.
En los primeros meses del año se otorgaron aumentos de sumas fijas a cuenta de paritarias, pero muy por detrás de la promesa de recomponer salarios.
Las sumas fijas permitieron una leve recuperación del poder de compra en enero y febrero, pero luego descendió. Situación que se agrava porque las paritarias en los hechos se suspendieron.
El último dato disponible en Indec, que es el de mayo, muestra que el poder adquisitivo está apenas por encima de diciembre de 2019, que fue el peor mes para el poder de compra del salario durante el gobierno de Macri, pero el promedio de los cinco primeros meses de 2020 muestra un registro menor que en el mismo período de 2019, excepto para el sector privado registrado donde hay una leve suba del 1 %.
El menor poder de compra del promedio de los cinco primeros meses del año es alarmante en el sector privado no registrado (-11 %) y en el sector público (-5 %). Para el total de los asalariados hay un desplome del 3 %.
En tanto, La Izquierda Diario proyectó que ocurriría con el salario real durante 2020 si la inflación alcanza 40 % anual. También se realiza el supuesto que en lo que queda del año no habrá paritarias, pero los asalariados que durante el período del pacto UIA-CGT cobran el 75 %, vuelven a cobrar el 100 % desde octubre (el acuerdo se extendió hasta fines de septiembre). Se trata de una estimación que sólo considera una reducción del salario del 25 %, pero hubo acuerdos pactados con reducción de salarios del 30 % y 40 %. Es decir, que es un piso de caída del poder de compra. La situación será más grave para estos sectores.
Considerando estos supuestos, el derrumbe del poder de compra salarial promedio del año sería del 5 % en el sector registrado que sigue cobrando al 100 % el salario durante todo el año; bajaría un 9 % en el empleo público; y descendería un 12 % en el sector privado afectado entre mayo y septiembre por la reducción salarial al 75 %. Es decir, que lejos de “encender la economía”, los salarios volverán a perder este año.
En el caso de los empleados públicos, las paritarias se encuentran suspendidas desde la última reunión entre funcionarios y representantes de UPCN y ATE, en el mes de mayo. Recientemente hubo un encuentro entre el ministro de Trabajo y el titular de ATE, Cachorro Godoy, pero tampoco discutieron salarios.
Según el Observatorio de Despidos de La Izquierda Diario, desde el comienzo del Aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) hasta el día 16 de agosto se registraron que al menos cuatro millones de trabajadores (4.691.294) vieron sus salarios afectados.
Entre ellos al menos 2.958.917 trabajadores y trabajadoras sufrieron recortes en sus salarios ya sea por ataque de los empresarios o acuerdos sectoriales entre las direcciones sindicales y las patronales; al menos a 263.706 trabajadores se les debe los sueldos; las paritarias postergadas afecta al menos a 1.167.546 trabajadores y el pago de aguinaldo en cuotas alcanza a 761.332 trabajadores.
El Gobierno vuelve hablar de un pacto social. Un acuerdo que seguramente intente acordar precios y salarios. Un consenso entre las diferentes facciones de la burguesía y las direcciones sindicales para descargar la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores. Ese es su plan.
La clase trabajadora necesita discutir medidas de emergencia ante la crisis como un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, entre otras. Es auspicioso que más de 6000 trabajadores de distintos gremios, desocupados, precarizados, y estudiantes hayan participado de los plenarios abiertos impulsados por el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) para unir fuerzas ante esta situación crítica. Necesitamos debatir y movilizarnos por una salida anticapitalista a la crisis.
Mónica Arancibia
@monidi12
Viernes 21 de agosto | 21:51
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